La Fiscalía de Medio Ambiente investiga si el plan de caza indiscriminada de lobos puesto en marcha por el Principado de Asturias es un delito. La orden regional, que acaba de entrar en vigor, permite matar ejemplares sin límite y en cualquier momento en un tercio de su territorio: lo llaman “zonas de presencia esporádica”.
En la práctica, significa que el Gobierno regional da luz verde para que batidas de cazadores particulares sean autorizadas con el objetivo de eliminar cualquier lobo que salga de las áreas donde están censados: ante cualquier merodeo o expansión, la administración admite que, directamente, se mate.
La Fiscalía ha incoado un expediente que compruebe si la resolución del Gobierno asturiano vulnera la ley de Patrimonio Natural y Diversidad tras la denuncia de WWF. La ONG ha argumentado ante la sala que el plan es una barra libre cinegética al permitirse “batidas sin limitación de número de ejemplares, ni características y en cualquier época del año (sin respetar vedas)”.
El lobo está considerado una especie de Interés Comunitario por la Unión Europea. En España, al sur del río Duero, está prohibida su caza salvo en excepciones. En mayo pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una moción para instar al Ejecutivo a que extienda la protección del lobo a todo el territorio, también a las poblaciones del norte.
Los censos de poblaciones que utiliza el Principado indican que en 2016 había 38 manadas, una más que en 2015 y una por debajo de los rastreados en 2014. En 2001 se contabilizaron 22 grupos de lobos asturianos.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, considera que la medida del Gobierno asturiano responde “a la lucha política para contar con el apoyo del sector más radical de la ganadería, no de todos los ganaderos, que muchos conviven con el lobo”. Del Olmo cuenta que están aguardando a que se firme alguna autorización de batidas para recurrirla por la vía administrativa: “Hasta ahora ningún funcionario se ha atrevido a firmar”.
Zonas libres de ejemplares
La orden que investigan los fiscales justifica las partidas indiscriminadas para “mantener el estatus” de las zonas consideradas “libres” de lobos. En el fondo del asunto está lo que el propio documento llama “conflictividad social existente”. Se aducen los ataques y daños a la cabaña ganadera.
Los datos oficiales del mismo Principado dimensionan ese daño según el número de animales afectados ya que “puede indicar mejor la incidencia real”. Desde luego, el número total de cabezas afectadas, según el año pasado cayó un 17%. En 2016 se registraron 3.494 bajas por las 4.212 de 2016. En 2012 fueron 3.831.
En términos relativos, el curso pasado se certificó oficialmente la pérdida de 713 cabezas de ganado vacuno. La cabaña asturiana, según los datos del Ministerio de Agricultura era de 395.000 de esas cabezas en noviembre de 2016.
Algunas organizaciones profesionales como Asturias Ganadera contraponen que “solo se denuncian la mitad de los ataques”. Y se quejan de falta de “celeridad en los pagos” de las indemnizaciones. Por otro lado, el daño del lobo que ha reconocido y reparado el Principado de Asturias en 2016 ascendió a algo más de 800.000 euros, según las cuentas del Ejecutivo.
La “extracción de ejemplares”, manera oficial de denominar la caza de lobos, es habitual en Asturias. Entre 2015 y 2016 fueron 32 en toda la comunidad autónoma. Desde 2001, la administración ha certificado la muerte de 299 lobos en Asturias. Hasta un 69% por “controles” oficiales.
Pero, añadidos a los lobos cazados legalmente, en Asturias se da un fenómeno de caza furtiva con tintes mafiosos. Entre 2016 y 2017 al menos seis ejemplares fueron abatidos ilegalmente y exhibidos en zonas públicas. Algunos decapitados. A pesar de que la Fiscalía ha asegurado investigar estos casos, ningún furtivo ha sido localizado.