La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar las extracciones de agua subterránea en Doñana. Estas diligencias buscan que se cumpla la sentencia dele Tribunal de Justicia Europea que condenó a España por no cuidar adecuadamente los ecosistemas de Doñana debido al bombeo masivo del líquido desde el acuífero hacia las explotaciones intensivas de regadío, según el decreto firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso, informa Europa Press.
La investigación deberá determinar si se están produciendo extracciones de las que pudieran exigirse responsabilidad medioambiental “a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos”.
Precisamente esa semana cinco hermanos, copropietarios de una finca en el entorno de Doñana han sido condenados a tres años y cinco meses de prisión y una multa de 12.000 euros por extracciones ilegales de agua durante años que llegaron a duplicar el volumen asignado para el riego. Los cinco han sido considerados coautores directos de un delito contra el medioambiente en concurso con otro de daños al dominio público hidráulico.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha designado encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy. Además, en el decreto, el fiscal jefe recuerda que la aplicación del derecho de la UE corresponde tanto a los órganos propios de la Unión como a las diferentes autoridades nacionales de los estados miembro. Y advierte de que el Ministerio Fiscal, en cuanto órgano constitucional integrante de los poderes públicos del Estado y en el ejercicio de sus competencias normativas, “puede y debe promover la acción de la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del TJUE”.
Tanto la sentencia del Juzgado de lo Penal de Sevilla como la apertura de la investigación fiscal de la Audiencia Nacional han llegado, precisamente, al mismo tiempo que el Parlamento andaluz ha aprobado el dictamen de comisión para continuar el trámite de la ley que pretende amnistiar fincas de regadío ilegales alrededor del entorno de Doñana y que han estado utilizando los recursos hídricos subterráneos sin derecho a hacerlo.
“Resulta necesaria la práctica de diligencias a fin de valorar la posible solicitud a la Administración Pública de inicio de procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental”, ha especificado el escrito de la Fiscalía.