La Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido archivar la investigación que abrió tras la denuncia presentada ayer mismo por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pidiendo que impidiera la celebración del controvertido Torneo del Toro de la Vega, previsto el próximo martes en Tordesillas (Valladolid), porque “no existen indicios de la comisión de delito alguno”.
Así lo ha acordado el fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en un oficio que ha comunicado este viernes al director general de Derechos de los Animales. Vercher considera que “no existen indicios de la comisión de delito alguno, sin perjuicio del análisis del concreto ajuste a la legalidad administrativa de la ORDEN MAV/946/2022, de 5 de julio, por la que se declara la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo taurino tradicional del Toro de la Vega, ajuste y control (así como la adopción de medidas cautelares) que, en su caso, correspondería dilucidar a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al Ministerio Fiscal”.
La Fiscalía de Medio Ambiente recuerda que ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. La cuestión esencial, explica, reside en que existe una base legal autonómica que permite la situación presente y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos. Desde Derechos Sociales aseguran que, por el momento, el Ministerio no ha recibido la notificación de archivo de su petición.
Tras el parón de la pandemia, este evento se celebrará con un nuevo reglamento que no permite la muerte del animal sobre el terreno. Aún así, sí que sufrirá daños el astado, ya que esta modificación establece “la imposición de una divisa con un nuevo punzón que evita la sangre hacia el exterior”, según explicó la Junta de Castilla y León. Además, se contempla la limitación del número de torneantes “a cincuenta” y “el número de divisas que se pueden colocar a siete”.
Con esta decisión de la Fiscalía, se rechazan las medidas cautelares pedidas este jueves por Sergio G. Torres, director general de los Derechos de los Animales, que defendía que este evento “podría derivar en un delito de maltrato animal”. Este alto cargo sostenía que los “arpones” vulneran la normativa autonómica de espectáculos taurinos. El reglamento regional regula que “en todos” los eventos con reses de lidia “queda prohibido herir, pinchar y golpear” a estos animales. Sin embargo, la Fiscalía no llega a la misma conclusión y rechaza las medidas cautelares que impidan la celebración del Toro de la Vega.