La Fiscalía pide seis meses de cárcel para el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma terminal aunque apoyará su indulto si le condenan

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis meses de cárcel por un delito de cooperación al suicidio para Ángel Hernández, el hombre que en 2019 ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal. El escrito de acusación del Ministerio Público precisa que en este caso concurren las atenuantes de confesión y parentesco y reconoce que Carrasco expresó a su marido de forma “constante” el deseo de acabar con su vida por los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” que padecía. El Ministerio Público anuncia, además, que en caso de condena apoyará que sea indultado.

La instrucción de este caso se ha seguido en un juzgado de violencia de género en contra del criterio de la Fiscalía y de su defensa, que entiende que falta el requisito de violencia necesario para que fuese competente dicho juzgado. Todavía no hay fecha prevista para el juicio.

Los hechos se remontan a abril de 2019, cuando Ángel fue detenido acusado de haber suministrado una sustancia a su mujer para ayudarle a morir, un deseo que ella le había expresado en reiteradas ocasiones especialmente a partir de agosto de 2018, cuando entró en cuidados paliativos y sufrió múltiples ingresos hospitalarios. “Desde esa fecha, las peticiones de María José de poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial”, precisa el escrito. Ella misma había comprado por internet, antes de 2018, cuando aún podía usar las manos, un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico, que fue la sustancia que suministró Ángel. 

María José fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 1989. Cinco años más tarde le fue reconocido un grado de discapacidad del 82% y, dos años después, la gran invalidez. “A partir de ese momento, necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria”, indica la Fiscalía, que recuerda que Ángel solicitó una reducción de jornada para atenderla y que tres años después, en 1999, se acogió a una excedencia laboral para dedicarse “en exclusiva” a su cuidado. Durante varios años la pareja realizó una “fuerte” inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda para eliminar las barreras arquitectónicas. Instaló, incluso, un equipo medicinal en el domicilio. 

El escrito de la Fiscalía da cuenta también del abandono por parte de la Administración que sufrieron María José y su marido. En 2007, con la enfermedad ya muy avanzada, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid le denegó una plaza una residencia específica para enfermos de esclerosis múltiple. Y, en 2009, a pesar de que se le reconoció el grado III de dependencia —el máximo que establece la ley— y su derecho a recibir atención residencial, nunca se le llegó a prestar ese servicio. Fue Ángel quien asumió solo todas las responsabilidades del cuidado, lo que le generó “un profundo sentimiento de desamparo y abandono”, explica el fiscal.

A partir de 2014, “en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello”, la mujer exteriorizó, y no solo a su marido sino también a otras personas, su deseo de acabar con su vida. Por ello, ambos se pusieron en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente, donde recibieron asesoramiento. No obstante, recoge el escrito, Ángel “intentó disuadirla o cuanto menos retrasar el momento” de su muerte a pesar del “avance de la enfermedad”, el “nulo” apoyo de las administraciones y “la firme voluntad de María José de poner fin a su vida”. 

La Fiscalía recuerda que la última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y que “en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas”. En vista de la situación e “incapaz de poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta” Ángel decidió finalmente ayudar a María José a poner fin a su vida.  Así que, “consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola”, consensuó con aquella la forma en que la ayudaría. Y así lo hizo sobre las 10:00 horas del 3 de abril del 2019. Ángel vertió el pentobarbital sódico que tenían en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca. María José murió diez minutos después. 

Acto seguido, el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido y esperó en el domicilio a la llegada de una dotación del Cuerpo Nacional de Policía, a quienes relató lo ocurrido. Ángel pasó a disposición judicial el día 4 de abril, relató los hechos al juez y aportó documentación y vídeos que tenía en su poder y que, según la Fiscalía, “redujeron muy notablemente las gestiones para su esclarecimiento”.