La Fiscalía Provincial de Madrid ha retirado la acusación que pesaba contra Ángel Hernández, el hombre que en 2019 ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal y que le había expresado su deseo de forma reiterada. El Ministerio Público ha tomado esta decisión tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia el pasado 25 de junio, en base a la que aplica retroactivamente la modificación del Código Penal que impulsa la norma debido a que Ángel se encuentra “en el supuesto legalmente autorizado”, señala en una nota de prensa.
“La aprobación de la Ley ha supuesto el reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal”, esgrime la Fiscalía, que ha enviado el escrito este miércoles al juzgado solicitando la retirada de la acusación. María José Carrasco, de 61 años, llevaba 30 enferma de esclerosis múltiple en fase terminal y su marido le prestó asistencia para acabar con su vida en abril de 2019.
El Ministerio Público había solicitado seis meses de cárcel para Ángel Hernández por un delito de cooperación al suicidio, con atenuantes de confesión y parentesco, aunque había reiterado que en el caso de condena, apoyaría que fuera indultado. Reconocía, además, que Carrasco expresó a su marido de forma “constante” el deseo de acabar con su vida por los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” que padecía.
En su informe, la Fiscalía evalúa si en el caso de que hubiera estado en vigor la norma en el momento de los hechos, concurrían los requisitos para haber activado el procedimiento de prestación de asistencia para morir que contempla la ley, y concluye que “precisamente en este caso concreto” sí se dan los condicionantes “para entender que la conducta del Sr. Hernández no debe ser objeto de reproche penal”.
A María José le habían diagnosticado la enfermedad en 1989, y siete años más tarde le fue reconocida una gran invalidez. Desde entonces necesitaba ayuda para todas las actividades diarias de su vida. Ella había pedido reiteradamente, incluso en los medios de comunicación, poder acabar con su vida, y ante el retraso que la ley de eutanasia acumulaba –hubo tres intentos desde 2017–, decidieron grabar en vídeo su suicidio asistido.
Antes, Ángel había intentado disuadirla, o al menos retrasar la decisión, esgrimió la Fiscalía en su escrito de acusación, pero en vista de la situación, “incapaz de poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta” Ángel decidió finalmente ayudarla a morir. Lo hizo acercándole una pajita con la dosis precisa de Pentobarbital Sódico, que le produjo la muerte diez minutos después. Después el hombre llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido y fue detenido.
La Fiscalía madrileña también se había opuesto a que la causa se siguiera en un juzgado de violencia sobre la mujer, algo que también defendía la defensa de Ángel al entender que no existía un contexto de “dominación y discriminación ” del hombre sobre la mujer.
La ley de eutanasia, que entró en vigor el pasado viernes, permite que las personas mayores de edad con una enfermedad grave e incurable que les cause un sufrimiento “intolerable” soliciten la ayuda para morir. Ya sea de forma activa, que es cuando el médico lo hace a petición del paciente o en forma de 'suicidio asistido', que implica que la persona se da muerte a sí misma con la asistencia de un sanitario, que le proporciona los medios y le atiende. Deberán pasar una serie de filtros y condiciones; en total el proceso puede alargarse algo más de un mes.
Ángel Hernández ha sido una de las personas, junto a otros familiares, que han impulsado en los últimos años un debate público sobre la eutanasia y, en definitiva, la aprobación de la ley. “Por fin una acción como la que hicimos María José y yo ha tenido su efecto. Lo que más me importó es que por fin he cumplido con lo que le prometí a ella, que fue que no dejaría de trabajar porque esta ley saliera adelante”, reconocía el pasado diciembre en conversación con elDiario.es después de que el Congreso diera luz verde al texto.