Los folletos que dan los ultracatólicos a las mujeres a la puerta de las clínicas: “Al abortar, parte de ti también se muere”

Se colocan en las inmediaciones de las clínicas durante horas con un único objetivo: persuadir a las mujeres que ya libremente han tomado la decisión de abortar de que no lo hagan. Son grupos de ultracatólicos que se organizan para acudir a los centros en distintas ciudades españolas y en ellos despliegan toda una batería de acciones: desde limitarse a rezar o exponer pancartas antiaborto hasta increpar a las mujeres, darles fetos de juguete, ofrecerles ecografías o abordarlas para intentar convencerlas de que no entren. Su actividad no es nueva, pero ha vuelto a la agenda esta semana tras conocerse que el PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso para incluir un tipo específico en el Código Penal que persiga a quienes “hostiguen o coarten” a las mujeres en su ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El partido ha recogido así el guante de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y otro medio centenar de organizaciones que llevan tiempo pidiendo a las administraciones que garanticen un “aborto sin acoso”. Ni siquiera la pandemia ha frenado la actividad de estos grupos antielección, presentes en ciudades como Madrid, Albacete, Málaga, Sevilla o Barcelona. A veces su actuación es más virulenta que otras: en ocasiones se apartan y se mantienen rezando durante un día entero “por ti y tu bebé”, exponen en las pancartas; en otras interrumpen la libre circulación de las mujeres, “les dicen que les pueden ayudar, que van a cometer un asesinato, que lo que llevan dentro es una vida” e intentan persuadirles y entregarles folletos “contra su voluntad”, explica Sonia Lamas, trabajadora de la clínica Dator de Madrid, una de las más afectadas.

Un ejemplo son los trípticos que entregaron el pasado sábado a las puertas del centro. En ellos se intenta disuadir a las mujeres que ya han tomado la decisión diciéndoles que pueden prestarles ayuda y culpabilizándolas. “¿Qué necesitas para no abortar? El aborto es una decisión complicada que merece que te informes bien y conozcas todas las posibilidades. No estás sola”, reza el tríptico junto a una fotografía de un bebé. El folleto les anima a acudir a la 'Ambulancia Vida' que ha publicitado esta semana el Colegio de Médicos de Madrid a través de uno de sus boletines y que hace ecografías a las mujeres con el objetivo de que escuchen el latido del feto. “Eres importante, estás llena de vida”, reza el texto.

Es habitual que en los trípticos haya referencias y teléfonos de asociaciones que ofrecen ayudas a madres embarazadas, como la Fundación Madrina o Red Madre, dos de los colectivos antiaborto más activos y que suelen enarbolar el discurso de las consecuencias físicas y psicológicas que la ciencia ha desmentido. Este es otro de los contenidos habituales: la información falsa o sesgada sobre la intervención y sus efectos para infundir temor. Llegan a asociar el aborto con el cáncer de mama, depresiones, baja autoestima, separaciones de pareja y un sinfín de supuestos riesgos. En uno de los folletos que entregan actualmente en Sevilla, hablan del “síndrome post-aborto” que no ha sido reconocido por ningún organismo médico internacional y ligan el aborto a intentos de suicidio, aumento de la violencia o adicción a las drogas.

Algunas de estas imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

“Al abortar parte de ti también se muere”, les dicen en este mismo tríptico. También son comunes, como muestran otros recopilados en varias clínicas de Andalucía, las referencias a pasajes bíblicos, las alusiones al aborto como asesinato o la culpabilización de las mujeres por ejercer su derecho. “Nadie te puede obligar a llevar a tu hijo al matadero” o “no importa el dinero que ganes, la posición laboral que consigas alcanzar [...] si permites que maten a tu hijo”, reza uno de ellos al que le acompañan los datos de diferentes asociaciones de Sevilla. El repartido en Madrid insiste en ello: “Tu decisión vale una vida”, reza junto a menciones como “tu niño, a pesar de todos los problemas, sigue siendo un regalo, una bendición”.

Les acompañan fotografías de fetos e información sesgada sobre la gestación revestida de carácter científico. Llegan a decir, tanto los de Madrid como Andalucía, que “en el instante de la fusión del espermatozoide y el óvulo hay una nueva vida humana con un ADN único”. Incluyen también alusiones al sexto o noveno mes de gestación, a pesar de que el aborto libre en España se permite hasta la semana 12 y hasta la semana 22 para los casos en los que haya un grave riesgo para la salud de la madre o del feto. A partir de ahí, solo se puede abortar en caso de enfermedades extremadamente graves e incompatibles con la vida que deberá evaluar un comité clínico.

¿Es la vía penal la mejor opción?

Los folletos son solo una pieza de la actividad de estos grupos, que “en muchas ocasiones”, dice José Antonio Bosch, abogado de ACAI, “pueden lesionar derechos fundamentales como la intimidad, la integridad moral, la igualdad o la salud”. Cree el jurista que “el límite entre lo que es delito y no puede ser muy sutil”, pero insiste en que las Administraciones deben asegurar un ejercicio del derecho al aborto con garantías. Sostener una pancarta o entregar un folleto por si solo no es punible, pero sí si se hace con violencia, mediante hostigamiento, explican las expertas. “¿Alguien se imagina que algo así ocurriera a las puertas de un centro de transfusión de sangre? Es una dejación de responsabilidades”, dice el abogado.

Frente a ello el PSOE ha propuesto introducir un delito específico en el Código Penal. Su iniciativa contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes “coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados, causando un menoscabo en su libertad o intimidad”. Los sectores más conservadores ya han reaccionado a la propuesta calificándola de “un ataque a los provida” a pesar de que no se dirige contra quien se opone al aborto, sino contra el que obstaculiza su libre ejercicio.

Con todo, no hay consenso entre juristas y asociaciones sobre si la vía penal es el método más adecuado. La abogada penalista y experta en derechos humanos Laia Serra sí considera que “la importancia de los derechos fundamentales afectados” hace que “deba tener su peso específico en el Código Penal” porque “hablamos entre otras cosas de dignidad, libertad o autonomía personal”. La experta sostiene que no todas las conductas en los centros entrarían en el tipo penal, pero “hay situaciones que cruzan la línea roja”: “Una cosa es exhibir una pancarta, otra abordar a una persona y hostigarla para convencerla de que no haga algo con intimidación”, explica Serra.

Coincide en esto último Marta Herrero, abogada penalista y miembro de Red Jurídica, que pone el foco en que “no hay una colisión entre libertad de expresión y derecho de las mujeres porque manifestarse en contra del aborto es diferente a estas conductas”. Sin embargo, Herrero difiere en cómo encararlo y rechaza “el punitivismo” que en su opinión supone incorporarlo específicamente en el Código Penal, que “ya protege de las coacciones y amenazas”. El hecho de que estas requieran denuncia de las mujeres y que no hayan tenido recorrido las denuncias presentadas son motivos que han llevado a las clínicas a pedir esta regulación, pero está por ver si el tipo penal tendrá la eficacia buscada.

Tampoco hay consenso entre las organizaciones. Desde la Federación de Planificación Familiar Estatal, Guillermo González, su presidente, muestra sus dudas: “Pondrá solución a lo mejor a algunos casos, pero en otros me temo que servirá para que estas personas se victimicen”. En el otro lado, Silvia Aldavert, coordinadora de L' Associació drets sexuals i reproductius de Catalunya, confía en que sirva para que los casos tengan recorrido judicial “porque el problema que hemos tenido hasta ahora es que al no estar especificado, la ambigüedad ha sido enorme”.

Una distancia mínima para proteger las clínicas

Pero en lo que sí coinciden todas las voces consultadas es en que quedarse en el Código Penal no es una solución definitiva, y apuntan a la pertinencia de establecer las llamadas 'zonas de seguridad' alrededor de las clínicas, es decir, una distancia mínima en la que no puede haber manifestaciones ni actividades de este tipo, como ya ocurre en otros países europeos.

La medida “no es incompatible” con la vía penal iniciada por el PSOE, dicen fuentes del grupo parlamentario, que aseguran que “es un compromiso electoral” en el que el partido “está trabajando”. También el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a “proteger” a las clínicas a través de la reforma de la Ley del Aborto que impulsará el Instituto de las Mujeres. Fuentes del organismo explican que “se está estudiando la vía”, pero “lo que se baraja” son las zonas de seguridad. El objetivo “es blindar que las mujeres accedan en condiciones de libertad y con respeto a su intimidad”, aseguran. Desde el PSOE apuntan a la necesidad de “ofrecer una respuesta contundente contra el acoso que sufren las mujeres y garantizar sus derechos”, una meta para el que “la modificación legislativa que proponemos es el primer paso”.

Para Marta Herrero se trata de una medida “mucho más eficaz” que “podría ponerse en práctica al igual que a los ciudadanos no nos dejan manifestarnos siempre en los lugares que queremos” y desde ACAI piensan que se trata de la medida “más eficaz e inmediata”. “Es una vía más rápida que no requiere de tanta complicación como el Código Penal y en ningún caso se estaría vulnerando el derecho de estos grupos a expresar su voluntad contra el aborto, sino a obstaculizarlo en las puertas de un centro acreditado para ello”, añade Bosch.