Llevaban pagando su casa ocho años y eran una familia “estable y feliz” hasta que llegaron los problemas de dinero y, poco después, la orden de desalojo. Así se recuerda Yamina, de 37 años y natural de Marruecos, junto a su marido y sus tres hijas de 11, 6 y 3 años. Al contrario que en la mayoría de los casos, ninguno de ellos perdió su empleo, pero mientras la cuota del crédito se inflaba, sus salarios no hacían más que adelgazar.
“El banco nos pasó mensualidades de hasta 1.200 euros y ni con los dos sueldos llegábamos. Era o comer o pagar la hipoteca”, relata la mujer. Antes del desahucio, la entidad bancaria, Caja España, les concedió la dación en pago, pero nunca el alquiler social. El motivo: que sus ingresos mensuales superan 100 euros los umbrales marcados por el convenio que regula el Fondo Social de Vivienda del Gobierno.
Esta medida, impulsada por el ministerio de Fomento, el de Economía y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con las entidades bancarias que quisieron adherirse voluntariamente, pone a disposición de las personas que han sufrido un desalojo 6.000 viviendas de alquiler social. Es decir, contratos de arrendamiento que no superen el 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar (con un mínimo de 150 euros y un máximo de 400) y que podrán alargarse hasta dos años, con uno más de prórroga siempre que se siga cumpliendo con las requisitos establecidos.
O así, al menos, lo anunció la vicepresidenta del Gobierno en enero de 2013, discurso lacrimógeno mediante. “Este fondo de viviendas es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria puede ponerse en la piel de los que han vivido un fracaso. Quiero que esas 6.000 viviendas tengan nombre y apellido y saber mes a mes si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza”, prometió entonces Soraya Sáenz de Santamaría.
Hasta el momento, un año y medio después del anuncio de la número dos del Gobierno y según datos del Secretario de Estado de Economía, solo 410 de esos pisos se han convertido en hogares. Como ha informado este jueves el ministro de Economía, 750 viviendas están adjudicadas, aunque todavía no se ha formalizado el contrato de todas ellas. La propia cartera de Luis de Guindos reconoce el fracaso de esta medida, que no está dando una respuesta real a las necesidades de las personas que se quedan sin techo. El ministerio y también las propias entidades bancarias atribuyen esta situación a la dureza de los requisitos marcados en el convenio para el acceso a una vivienda de estas características.
La justificación del fracaso: unas condiciones muy duras
Haber sido desalojado de la residencia habitual a partir del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución es la primera de las exigencias, pero no la única. La siguiente, cuyo cumplimiento también es obligatorio, tiene que ver con los ingresos, que no pueden superar el límite del triple del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). Esto es, unos 1.600 euros mensuales, aunque sin distinción de baremos en función de los miembros que componen la unidad familiar. Así, a una persona soltera se le requiere la misma renta para acceder a estas viviendas que a una familia numerosa.
Los ingresos que entran en casa de Yamina llegan a duras penas a los 1.700 euros, 1.100 de la nómina de su marido y otros 600 de su trabajo. Del total dedica 500 al alquiler, otros 400 a los comedores de las niñas y más de 100 a los alimentos y las medicinas de una de sus hijas, que es celíaca. “A día de hoy, ni mi marido ni yo hemos cobrado el sueldo de abril. Unos amigos tuvieron que prestarnos dinero para ir a hacer la compra”, se avergüenza Yamina. Aunque su familia cumple con uno de los “supuestos de especial vulnerabilidad” que incluye el convenio (el de unidad familiar numerosa), si no se supera el filtro de la renta la posibilidad de acceso a estas viviendas queda reducida a cero.
Otros de los supuestos, de los cuales hay que cumplir al menos uno, son los siguientes: unidad familiar con un menor de tres años a cargo, monoparental con dos o más hijos o con alguno de los miembros con discapacidad o situación de dependencia que incapacite permanentemente para trabajar. También tienen derecho a una vivienda del fondo las víctimas de violencia machista y los deudores en paro sin prestación por desempleo, entre otros.
Pero aquí no acaban las condiciones impuestas en el convenio regulador. Hay una más, bastante polémica, que obliga a las familias desahuciadas a acudir a la misma entidad que los desalojó a presentar los papeles para acogerse a la medida. “Es perverso y humillante hacer que las personas tengan que volver a ese banco que tanto les ha hecho sufrir”, se indigna la que fuera portavoz de la PAH hasta hace unos días, Ada Colau. Fuentes del Ministerio de Economía remiten a una cuestión puramente logística para justificar esta decisión. “Nadie mejor que la entidad conoce el caso del desahucio, y así también se evitan fraudes”, apostillan.
Colau, además, pone el acento en el desarraigo que provoca el traslado a la vivienda que asignada, “lejos de tu red social”, y se muestra escéptica sobre las condiciones en las que se encuentran los pisos. “No he visto esas viviendas, pero, conociendo a los bancos, serán casas de las que quieran deshacerse porque son a duras penas habitables”, dice.
Fuentes de entidades bancarias adheridas a este fondo admiten que los pisos puestos a disposición tienen un valor que oscila entre los 60.000 y los 100.000 euros. El ministerio que dirige Luis de Guindos amplía el máximo hasta 200.000 y asegura que “todas las viviendas se encuentran en perfectas condiciones de habitabilidad”. No da datos, sin embargo, de cuántas solicitudes se han recibido durante el tiempo que lleva la medida en vigor y tampoco cifras de los casos en los que se ha denegado el alquiler.
Sin notificación escrita de la denegación
A Yamina, según ella misma afirma, la negativa no se le comunicó por escrito en ningún momento. Tampoco recibió esta notificación Gloria, cuyo caso es, si cabe, más sangrante. Desde que perdiera su vivienda hace tres meses, vive en casa de una amiga con sus tres hijos menores de edad. Su marido ni siquiera puede dormir con ellos en esa vivienda, en la que también conviven con otros dos niños más. “No tenemos adónde ir y aquí ni siquiera cabemos. Él duerme en la iglesia sobre unas mantas. Estamos agotados”, relata la mujer, de 30 años y nacionalidad nigeriana.
Gloria cuenta con permiso de residencia y sus hijos nacieron en España. Su marido, sin embargo, no lo tiene, y esa es la razón que les ha cerrado la puerta del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) para conseguir un piso de protección. La del Fondo Social se bloqueó en el momento en el que, tras concederles la dación en pago, su entidad –de nuevo Caja España, propietaria de 100 de las 6.000 viviendas inscritas en el convenio– se negó a facilitar un alquiler adecuado a su renta.
Hoy los ingresos son nulos, aunque la primera vez que lo solicitaron contaban con 400 euros al mes que Gloria recibía por cuidar a los hijos de la amiga que los acoge. “Ella me dio de alta en la seguridad social, pero, al ser la copropietaria de mi vivienda antigua, me pusieron pegas. Fue a lo que se agarraron sin explicarme muy bien el por qué. El resto de requisitos, además, los cumplo con creces”, dice Gloria, que sospecha que su petición ni siquiera llegó a oídos de la dirección de la sucursal.
Según fuentes del Ministerio, la comisión responsable de la supervisión del Fondo Social de Vivienda tiene previsto reunirse en las próximas semanas para acordar una ampliación en los requisitos. El Gobierno, según se ha desprendido este jueves de las declaraciones de Luis de Guindos en el Senado, está dispuesto a flexibilizar esos criterios.
De acuerdo con una información publicada por El Economista, los nuevos criterios, que tendrán que pasar primero por el filtro de la Comisión de Seguimiento, permitirán acceder al fondo a familias con hijos menores de 18 años y bastará con que los miembros de la familia estén en paro, sin necesidad de que se hayan agotado todas las prestaciones. Además, siempre según el avance de este medio, la medida también acogerá a personas en proceso de desahucio, eliminará el mínimo de 150 euros de alquiler y retirará la condición de acudir solo a la entidad responsable del desalojo para solicitar el alquiler.