El paso de sacar a Francisco Franco de su privilegiado mausoleo, levantado en la fosa común más grande de España, no acaba de iluminar el sombrío panorama de los desaparecidos de la dictadura tras cuatro décadas de olvidos y dilaciones. Ya no hay más de 100.000 españoles para recuperar de las cunetas. La realidad de las fosas comunes en España dista mucho de la que fue tras la Guerra Civil. Un informe encargado por el Gobierno reconoce que la intervención del Estado solo podría exhumar ahora una cuarta parte de los desaparecidos e identificar a 7.000 personas como máximo.
Es la conclusión principal del informe 'Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la guerra civil y la dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro', al que ha tenido acceso eldiario.es. El documento fue elaborado por un grupo de expertos bajo encargo de la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia.
“La mayoría o se exhumaron o se han perdido para siempre por el paso del tiempo. Además, se está identificando a uno de cada tres cuerpos, porque hay limitaciones técnicas. Con todo, quedan miles y cada día seguimos buscando. Pero la única manera de avanzar es crear equipos estables de investigación que trabajen de forma monográfica: historiadores, arqueólogos y antropólogos”, explica Francisco Etxeberria, antropólogo y médico forense y director del informe.
La cifra usada con más frecuencia señala 114.226 desaparecidos forzados fruto de la violencia golpista en España. Estos números, referidos a víctimas civiles, salen de la causa que abrió el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes franquistas. Es la referencia más habitual, a falta de un Censo Nacional de Víctimas.
Pero hoy ya no es posible rescatar a todos de la tierra. Acaso 25.000, como mucho. En el mejor de los casos, unas pocas miles de familias (algo más de un tercio) que pondrían nombre y apellidos a unos huesos. Y flores en una tumba, como durante décadas llevaban haciendo los descendientes y nostálgicos del dictador Francisco Franco en la mayor fosa de todas: el Valle de los Caídos, que todavía acoge los restos óseos de 33.833 personas, un tercio de ellos, sin identificar.
No en todos los gobiernos ni en todas las comunidades
Desde el año 2000 se han realizado en España más de 740 intervenciones en tumbas ilegales, que han permitido desenterrar alrededor de 9.000 esqueletos en todo el país, de acuerdo con el estudio. El informe coordinado por el antropólogo y médico forense Francisco Etxeberria no recoge los trabajos de 2019, por lo que a día de hoy el número total supera las 750 fosas abiertas.
Pero estas actuaciones no se han dado de la misma manera en todo el territorio español, ni en todas las épocas. El análisis en detalle de los datos recogidos en el informe oficial muestra que las intervenciones arqueológicas y personas recuperadas ofrecen números dispares de acuerdo con la geografía. El año récord de apertura de fosas fue 2009, con 93 abiertas, mientras que el suelo lo marcan las 16 de 2013. La región más activa es, de lejos, Castilla y León, con más de 250 trabajos en fosas y Andalucía la que más víctimas ha recuperado, con unos 4.000 cuerpos.
La mayor parte de estos trabajos han sido realizados “con el impulso de las asociaciones de Memoria Histórica” y “con un apoyo institucional insuficiente”, cuando no “completamente ausente”, destaca en su informe el equipo de investigación. Hace unos días, coincidiendo con la exhumación de Franco, el Gobierno ha confirmado que abrirá fosas de 13 enterramientos en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. Es prácticamente la primera intervención del Gobierno central desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Una medida que Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, califica de “electoralista”.
“Hace dos semanas, cuando íbamos a comenzar una exhumación en Aragón, nos llamaron para proponernos unas líneas de financiación que había abierto el Ministerio de Justicia, después de llevar 15 meses diciéndonos que como seguían vigentes los presupuestos de Rajoy, no había un céntimo para exhumaciones. Daba la casualidad de que esas exhumaciones tenían que hacerse antes de diciembre, con lo cual las están metiendo en plena campaña electoral. Es una falta de respeto a las víctimas”, critica Silva.
Aragón es, con sus 79 fosas abiertas, una de las CCAA con más intervenciones, aunque a bastante distancia de las más de dos centenares de Castilla y León o las 95 de Andalucía –este año se ha superado el centenar–. A partir de ahí el número va bajando y encuentra a pie de tabla a Madrid (3), Cantabria (2) y Murcia, con solo una fosa abierta.
Andalucía alcanza en el estudio 3.922 desaparecidos recuperados –ya son más de 4.000–, incluyendo la mayor fosa abierta en Europa occidental: la de Málaga, con 2.840 esqueletos. Castilla y León llega a 1.882 personas y Castilla-La Mancha también destaca en la lista, con 883 cuerpos recuperados. Siete comunidades cuentan con unas pocas decenas de cadáveres exhumados, y otra vez Madrid, Cantabria y Murcia quedan en las últimas posiciones.
El impulso de la Ley de Memoria
El proceso de exhumaciones de fosas comunes del franquismo con criterio arqueológico arrancó en 2000 con 'los trece de Priaranza'. Ese año quedaron intervenidas dos tumbas ilegales, igual que en 2001. El número creció hasta 15 el ejercicio siguiente, y llegó a 30 en 2006.
En 2007 queda aprobada la Ley de Memoria Histórica y se pasa a 47 intervenciones, con un techo en 2009 de 93 fosas. Con la legislación ya en marcha siguen 89 procesos en 2010 y de ahí la cifra empieza a caer hasta el mínimo de 16 en 2013, en pleno Gobierno de Mariano Rajoy.
De las cerca de 9.000 víctimas recuperadas en más de 740 enterramientos, hasta ahora, la mayor parte responde al impulso de la legislación memorialista. “Ningún gobierno se ha responsabilizado de buscar las fosas y atender a las familias, esa es la verdad”, apunta Emilio Silva.
Un total de 370 exhumaciones fueron realizadas entre 2006 y 2011, en las que se rescataron 5.800 cuerpos. Fue una época en que las exhumaciones contaron con apoyo institucional del Gobierno de España. Y se notó. Con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se abrieron 429 fosas del franquismo. Un buen puñado con dinero público.
Bajo mandato de José María Aznar serían 61, sin financiación estatal. Y 252 con Mariano Rajoy, el presidente que acabó retirando las subvenciones en su primera legislatura para anclar la estrategia del ‘cero euros’ a la Memoria Histórica, y el desprecio a las víctimas del franquismo, en los Presupuestos Generales del Estado.
El “desfasado” mapa de fosas
Con todos estos números y actuaciones diversas “no se conoce con exactitud cuántas fosas quedan por abrir y cuántas personas siguen desaparecidas”, admite el texto del equipo de expertos. El problema de base es tal que el propio mapa de fosas de España “está desfasado” e “incompleto”, subraya la memoria.
“Llevamos años haciendo un enorme esfuerzo para recopilar datos que nos permitan sumar las experiencias de distintos equipos de investigación. En esto no ha habido comprensión institucional hasta que el año pasado el Ministerio de Justicia nos pidió hacer un informe concreto. Siempre será una tarea incompleta y de hecho seguimos sin tener un censo correcto de víctimas, que parece puede ser el paso más sencillo”, se queja Etxeberria.
El inventario estatal recoge 2.457 fosas: 1.221 “no intervenidas”, 480 exhumadas, 250 desaparecidas y unas 500 trasladadas al Valle de los Caídos. Pero el censo sigue sin actualizar desde 2011. También entró en barrena con el 'cero euros' de Rajoy.
Las cifras que aporta la cartografía estatal del terror franquista “distan y mucho de ser fidedignas”. El principal problema es que el recuento no registra muchas tumbas ya intervenidas, como “aquellas que fueron exhumadas en los años de la transición a la democracia” y “algunas de las más recientes”. Poner al día el mapa de fosas es una recomendación clave de los especialistas.
La represión “con resultado de muerte” se dio en todo el país. La violencia rebelde alcanzó “a la población civil de ambos sexos y de todas las edades”. Y las víctimas acabaron “enterradas en lugares clandestinos y no permitidos para ello”, como apuntan las fuentes históricas.
Las personas asesinadas por los golpistas acabaron en tumbas de varios tipos. Como fosas comunes en cunetas, descampados y montes, o en pozos, minas y simas. Y en cementerios, junto a las tapias –en el exterior– o intramuros.
También cuentan los “presos muertos en custodia” de las autoridades franquistas. Una última “tipología” cita a “fallecidos en combate” que han sido “inhumados en trincheras o abandonados en el terreno de los frentes de guerra”.
Porque España no ha resuelto un contexto de crímenes contra la humanidad que está todavía vivo. Para afrontar esta realidad el informe propone activar siete Equipos Forenses de Intervención que resolverían “en unos 4 ó 5 años el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil”.
Un plan de choque integral para atacar la búsqueda de las 25.000 víctimas como máximo que podrían ser exhumadas, según calcula el estudio. Estos trabajos necesitan “unos 40-50 profesionales” y crear un Consejo General de Memoria Histórica que dirija el proceso.
“El Gobierno ha hecho lo correcto al consultar a los expertos para saber cuál es el estado de la cuestión tras casi 20 años de exhumaciones. Para poder planificar lo que queda pendiente, es imprescindible conocer lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Nuestra conclusión es que hay medios humanos y materiales suficientes para abordar esta tarea. Lo que hay que hacer es impulsar, coordinar y tutelar estas investigaciones”, zanja Etxeberria.
Además de las conclusiones, el grupo de especialistas en arqueología, ciencias forenses o criminología firma una serie de recomendaciones.
- Plan de choque estatal de exhumaciones.
- Base de datos nacional de ADN de la Memoria Histórica.
- Actualización del Mapa de Fosas de España.
- Censo oficial de víctimas del franquismo.
- Reabrir la oficina pública de atención a los ciudadanos afectados.
- Desarrollar una plataforma digital para registro de solicitudes de familiares y de gestión de intervenciones en fosas.
- Intensificar la política pública de Memoria con liderazgo institucional desde el Estado y crear una estructura de coordinación con las comunidades autónomas.
- Habilitar un archivo unificado y accesible de fuentes orales y documentales.
- Activar “investigaciones oficiales” que “acrediten o validen” la información histórica, caso de una Comisión de la Verdad.
- Cumplir los compromisos internacionales adoptados en materia de desapariciones forzadas e implementar las recomendaciones de organismos de derechos humanos.
El equipo de expertos está coordinado por Francisco Etxeberria, médico especialista en Medicina Legal y Forense y profesor titular de la Universidad del País Vasco. El informe cuenta con la participación de Francisco Ferrándiz, antropólogo social del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Participan en el estudio otros autores como María José Turrión García, historiadora y exdirectora del Centro Documental de la Memoria Histórica. Y Queralt Solé, profesora titular de Historia en la Universitat de Barcelona, además de Antonio Alonso, especialista en Genética Forense del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Ministerio de Justicia.
También Lourdes Herrasti, especialista en osteoarqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y los doctores en arqueología e investigadores independientes Juan Manuel Guijo y Juan Montero.
Y las doctoras en Derecho Miren Odriozola, de la Universidad del País Vasco, y Laura Pego, del Instituto Vasco de Criminología. El grupo cuenta además con Fernando Serrulla, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia.