“Los militares con discapacidad terminamos en pleitos con Defensa para reclamar nuestros derechos”

“Todos los militares con discapacidad terminamos en pleitos con Defensa para reclamar nuestros derechos”, asegura José Manuel Candón, teniente retirado de Infantería de Marina, especialista en desactivación de explosivos. Este gaditano de 40 años fue uno de los tres supervivientes de la detonación accidental en la que fallecieron cinco de sus compañeros en Hoyo de Manzanares (Madrid).

El Ministerio le reconoció un 97% de minusvalía global por las consecuencias de la metralla que se le incrustó por todo el cuerpo, también perdió un ojo y 85% de visión en el otro. En esa valoración la Administración admite la “relación causa-efecto” entre la explosión y la discapacidad.

Candón considera que el Ministerio debe indemnizarle por estos hechos, y ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación de Defensa y de la Audiencia Nacional de esta petición. La justicia tampoco ha reconocido esta reparación a los familiares de los fallecidos.

El accidente se produjo en febrero del 2011 mientras estaban realizando maniobras de entrenamiento para su posterior despliegue en Líbano. Él era el jefe de esa práctica, sus compañeros se encontraban preparando el terreno alrededor de la mina cuando “explotó de repente”, incide. “Detonó con las tapas de seguridad puestas, en la investigación posterior se demostró que estaban caducadas”, cuenta Candón. En su relato, añade que estos dispositivos se diseñan para que aguanten cargas de 300 kilos, sin embargo en este caso estallaron con “un impacto mucho menor”.

“El material no era para trabajar de forma segura”

“Esto es un atentado laboral, me dieron un material que no era apto para trabajar de forma segura”, recuerda. Basado en los efectos que ha tenido en su rutina diaria este incidente, se mantiene firme en la petición de una indemnización económica. “Me he quedado con unas secuelas irreversibles, me tengo que pagar mis medicamentos, no puedo disfrutar de mis niños. Ahora son ellos los que me llevan a la cama, en vez de llevarles yo, porque por las noches no veo”, incide.

Tras decenas de operaciones quirúrgicas y la adaptación a sus nuevas condiciones vitales, Candón vive cada año con más distancia el desfile militar del 12 de octubre. “Me consideran un apestado, les pongo la cara morada por el trato que dan a los militares con discapacidad. Los gestos hay que tenerlos desde el primer momento, al herido hay que apoyarle desde el principio”, reseña.

Además del pleito judicial abierto con Defensa, está dolido porque el Ministerio no le ha hecho ningún guiño en redes sociales, ni le ha felicitado, tras proclamarse campeón de Europa de Triatlón-Cross 'Xterra' en la categoría de deficientes visuales. El departamento de María Dolores de Cospedal tiene registrados a 10.907 miembros de las Fuerzas Armadas que cobran alguna prestación por incapacidad, cerca del 80% están en edad activa. De ellos, solo cinco desfilarán este jueves, tal y como ha difundido la cuenta oficial del Ministerio en Twitter.

“¿Cómo me voy a sentir arropado si cuando quiero una indemnización tengo que llegar a Estrasburgo para que me la paguen?”, se pregunta Candón que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación tanto de la Audiencia Nacional como del Ministerio de Defensa de una indemnización económica por la responsabilidad patrimonial reconocida por la administración sobre este accidente. En esta petición alude a las “graves lesiones, las secuelas y las limitaciones y daños morales derivados del siniestro acaecido en el campo de maniobras”.

Pensión y seguro, como indemnización

La Audiencia considera que con la pensión extraordinaria que recibe el teniente retirado y el seguro concertado por el Ministerio de Defensa, por un importe de 34.580 euros, ya ha sido indemnizado por los “cauces específicos”. Él solicitaba un millón de euros por los daños provocados.

“Alegan que con la pensión mensual y el seguro colectivo de 30.000 euros ya estoy indemnizado”, apunta. “Si cualquier persona que se marcha por viejo cobra una pensión, yo que me voy por una incapacidad, tengo derecho a la pensión y a una indemnización”, protesta Candón.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el departamento de María Dolores de Cospedal, sin haber recibido respuesta por el momento.

En la valoración elaborada por la Inspección de Sanidad de Defensa reconocen la “relación causa-efecto” entre la explosión y la discapacidad. El Ministerio volvió a reconocer su responsabilidad en 2015, en esa resolución también se negaban a asumir una cantidad económica por ella.

Reconocida la responsabilidad patrimonial

A su vez se queja porque la responsabilidad de la administración se asume “con su patrimonio y no con el de Defensa”. “El Ministerio me paga a mi con mi hucha de las pensiones. Vacían de contenido la figura de la responsabilidad patrimonial”, apunta.

Según explica Candón, la denegación fue una decisión política y fue tomada cuando Pedro Morenés era todavía ministro de Defensa. “En la instrucción sí que se cuantificaron las indemnizaciones de los heridos y familiares de los fallecidos. Fue cuando llegó al responsable jurídico y al ministro, cuando se decide que no”, incide.

Otros casos

“¿Cuántos de los heridos y viudas que ha habido en los últimos diez años no han terminado en un pleito para reclamar sus derechos?”, se pregunta. Entre ellos, alude a Antonio Clemente, su hijo se quedó en estado vegetativo mientras entrenaba como paracaidista del Ejército del Aire, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la absolución del superior que ordenó el salto con fuerte viento.

La madre del cabo Soria, fallecido por fuego israelí, también denunció que Defensa no pidió responsabilidades a Israel por el ataque a las posiciones españolas en Líbano.

Por su parte, Andrés Merino tuvo que recurrir a la justicia para cobrar una pensión que el Ministerio le había denegado, a pesar de haberse lesionado en Afganistán. Incluso con una sentencia que le daba la razón, la administración tardó más de un año en comenzar a pagarle esa cantidad económica. A Iván Ramos le rescindieron el contrato tras salir por los aires en un accidente en acto de servicio en Afganistán en el que se rompió 17 huesos.

El año pasado el Ministerio de Defensa creó una oficina de atención a la discapacidad en las Fuerzas Armadas para atender a militares con este perfil. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) asegura que todavía “no ha dado tiempo” para evaluar su funcionamiento porque no se ha asentado. “Hay que esperar para ver con qué medios cuenta”, incide.