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Dejar de fumar en las terrazas: el coronavirus impulsa un paso de gigante en la estrategia de salud pública contra el tabaco

Una mujer se fuma un cigarrillo en Madrid.

Belén Remacha

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La pandemia de coronavirus ha provocado este agosto un paso que puede ser relevante en la lucha contra el consumo de tabaco: la prohibición de fumar en terrazas de los bares o al aire libre si no se puede mantener una distancia de seguridad de dos metros con cualquier otra persona –incluso aunque también esté fumando–. Esta semana, todas las comunidades están desarrollando sus propias normativas al respecto después de que diese la directriz el Ministerio de Sanidad tras aprobarse en Consejo Territorial con los gobiernos, como actuación coordinada en materia de salud pública. En Madrid, sin embargo, un juez ha tumbado la normativa por considerar que limita los derechos fundamentales.

Más allá del traspié judicial en Madrid, la restricción funciona en el resto de autonomías. El escenario que plantea la pandemia ha ayudado a sacar adelante una normativa que de otra forma hubiera resultado muy difícil, aunque sí sigue la estela de las políticas del Ministerio de Sanidad durante la anterior legislatura, capitaneadas por María Luisa Carcedo. Y sigue las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud y de varias sociedades médicas, que han aconsejado no fumar en terrazas ante la posible –aún en estudio– propagación de partículas del SARS-CoV-2 en el humo. Además, el tabaco puede producir patologías en el sistema respiratorio que provoquen un curso grave de la COVID-19. Pero a lo que instan al Gobierno organizaciones médicas y antitabaco es a extenderlo en el tiempo independientemente de las necesidades epidemiológicas.

En el año 2016, el tabaco causó en España unas 56.000 muertes, según un estudio de la Sociedad Española de Epidemiología de 2019. La regulación contra su consumo, aunque han de aplicarla las comunidades autónomas, está compendiada en la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo de 2005, ampliada en 2010. Los efectos de esa ley en su día casi revolucionaria están comenzando a desgastarse. Cuando se aprobó en 2005, fumaba diariamente el 32,8% de la población. Bajó hasta el 29,6% en 2007, pero en 2017, año en el que se publicó la última encuesta EDADES sobre hábitos de consumo de los españoles, ya estaba otra vez en el 34%.



“Hemos tenido un parón muy grande con los gobiernos del PP, es la realidad. Los avances en materia de tabaquismo se hicieron entre 2005 y 2010, con ministras socialistas”, dice Raquel Fernández Megina, portavoz en Madrid de la plataforma Nofumadores.org. “Diez años parados en materia de prevención de tabaquismo es muchísimo tiempo. Es como una bicicleta, si dejas de pedalear te caes”, señala.

La exministra Carcedo puso al consumo de tabaco en el centro de su política –hasta la aparición del coronavirus, era uno de los pocos aspectos en los que el Ministerio de Salud tiene margen de acción, ya que las competencias de sanidad están transferidas–. Incluso lanzó una campaña para concienciar sobre los peligros del vapeo que le puso a la industria en contra.

Sin embargo, quizá la decisión más relevante fue incluir entre los medicamentos financiados por la Seguridad Social dos fármacos para ayudar a dejar de fumar, vareniclina y bupropion. La medida entró en vigor el 1 de enero de 2020 y en febrero, según el Grupo Cofares –que no dispone de datos del resto de este año– estos productos aumentaron su venta un 300%.

Las polémicas terrazas 

Nofumadores.org emitió este verano, antes de la aprobación en Consejo Interterritorial de las nuevas medidas, un manifiesto en el que pedían, entre otras cosas, la prohibición de fumar en espacios al aire libre como terrazas.

“Ya lo pedíamos antes de la pandemia, pero ahora se ha agravado y hecho más evidente”, afirma Fernández Megina, “porque a la pandemia del tabaquismo se ha sumado la de la COVID-19”. La esperanza es “que se quede”. Pero la portavoz de Nofumadores.org va más allá y ve en la medida “un primer paso; bueno pero insuficiente”. “Lo que esperamos es que se decrete como prohibición, porque ahora no lo es; puedes hacerlo con una separación de dos metros. Y eso en realidad complica la gestión del hostelero, que es a quien le crea conflicto”, opina.

La plataforma apoya ese tipo de políticas porque su objetivo es “desnormalizar el consumo de tabaco. Por muy legal que sea, como reconocen sus fabricantes, enferma y mata. Y ahora es además factor de riesgo de COVID-19. Cuanto más desnormalicemos el consumo en la hostelería, en un país en el que se socializa en la mesa y alrededor de la bebida, más cerca estaremos de desnormalizar el consumo en general. Y de que los jóvenes lo vean hacer a los adultos”.

Nofumadores.org, junto a otras sociedades, participó en una reunión organizada por el ministro Salvador Illa justo antes de que la pandemia explotara, el 20 de febrero. Fernández Megina cuenta que vio a Illa con ganas “de recoger el guante de Carcedo en temas de prevención”, “manifestó su deseo y su compromiso de avanzar en medidas legislativas”. Aunque por entonces “no se habló de terrazas. Sí de avanzar en espacios sin humo, pero más bien de espacios deportivos, de espectáculos al aire libre… La pandemia es lo que ha hecho que se dé este salto a la hostelería”. Este agosto le han solicitado un nuevo encuentro, del que aún están pendientes de confirmación.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) también suscribió el manifiesto de Nofumadores.org. Su presidente, Carlos A. Jiménez Ruiz, neumólogo, cree que la legislación vigente es “una buena legislación”. El problema es que no se cumple del todo. “En muchas terrazas cubiertas por laterales y techo, donde está prohibido, se permite, por ejemplo”. Así que esta medida empujada por la COVID-19 cree que cumple una función de cara al futuro: “Será un aliciente para vigilar el cumplimiento de la ley. Es lo trascendental y lo que siempre hemos pedido, más cumplimiento”.

Jiménez Ruiz también cree que algo así ha podido llegar para quedarse. “La población española está en general cada vez más sensibilizada y conoce bien los problemas del tabaquismo pasivo. Creo que se admitirá de forma natural una legislación en este sentido. El factor de que sea riesgo tanto de transmitir COVID-19 como de cursarlo grave será además un añadido estos meses”.

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