“¡Esto se te va a cobrar!”. Con esta frase, dicha a los gritos, respondieron en el mostrador de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Óscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, que acudió con un fuerte dolor en la vesícula. Benítez se enfrentaba por segunda vez a la misma respuesta en este hospital de la red pública. La primera, desinformado, pagó lo que pidieron: 390 euros para que le viese un médico. Una exigencia ilegal, puesto que la atención de urgencias está cubierta por la Seguridad Social, incluso para aquellos que se han quedado sin tarjeta sanitaria.El hospital achaca la situación a un simple “error administrativo”.
La vesícula lleva más de un año atormentándole, dice por teléfono, pero le rechazaron de seis centros de salud públicos diferentes. “Me decían que sin papeles no me podían atender. Estuve automedicándome todo ese tiempo, pero a principios de año ya no podía aguantar más los dolores”, explica.
La negación de asistencia sanitaria a un paciente en urgencias supone otra irregularidad. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que dejó fuera de la asistencia gratuita a inmigrantes en situación irregular en algunos supuestos, contempla tres “situaciones especiales” en las que se debe sumistrar atención. Una de ellas es la atención en urgencias, al igual que a las mujeres embarazadas y los menores. Estas excepciones son a nivel estatal, además de las que añada cada Comunidad Autónoma en su regulación.
En enero acudió a un centro de salud de Plaza de España y, ante una nueva negativa, se derrumbó. “Yo les decía, ¿cómo pueden negar atención a una persona con estos dolores? Me voy a morir”. Sus quejas, entre sollozos, fueron escuchadas por una médica, que accedió a atenderle por su cuenta. “Y me derivó de urgencias a la Fundación Jiménez Díaz, que es la que me corresponde por donde resido”.
Óscar, de 34 años, pensó que sus problemas acabarían, pero la realidad volvió a defraudarle. “Allí me volvieron a negar la asistencia; además, de muy malas maneras. Ante mi desesperación, se fueron a consultar y cuando volvieron me dijeron que sólo me atenderían si pagaba”. La cantidad: 390 euros. Ante sus primeras reticencias, por lo abultado de la cifra, una respuesta que le quedó bien grabada: 'Si no tienes dinero ni papeles no te podemos atender'. “Como no podía aguantar más, llamé a una amiga para que me trajese el dinero”.
La atención fue, ahora vista desde su perspectiva de consultas posteriores, poco resolutiva. “Me dijeron que el médico de guardia cobraba 200 euros y que el resto de fianza me la devolvían. El doctor, que también me trató con malas maneras, sólo me dijo que debía ser un cólico”. Ahora, después de varias pruebas, espera un diagnóstico para el martes. “Me han dicho que puede ser algún problema en la vesícula, o en el hígado o piedras, que no están seguros aún”, cuenta.
Cuando a los dos días volvieron los insoportables dolores, Óscar no sabía que hacer. “Me decía, no tengo trabajo, ¿de dónde saco yo 390 euros otra vez?”. Un amigo le habló de Yo Sí Sanidad Universal y, gracias a un acompañante del grupo de la plataforma en Lavapiés, su situación dio un vuelco. Pablo Meseguer forma parte de este colectivo desde que el real decreto se puso en marcha y ya lleva muchos 'no' a sus espaldas en centros de salud y hospitales. Pero gracias a una normativa aprendida casi al dedillo, intenta junto a otros compañeros que se respeten los derechos de los inmigrantes.
“Hay un bulo general muy difundido de que 'los sin papeles no tienen derecho a sanidad', cuando eso no es cierto en todos los casos”, precisa Meseguer. “Óscar nos contó lo sucedido y, cuando le acompañé en una segunda urgencia, una noche pocos días después, nos encontramos con la misma petición: 390 euros”, cuenta.
“Una confusión”, según el hospital
“Tuvimos una buena bronca porque nos decían en el mostrador que tenía que pagar para que le atendiesen. Me pareció alucinante. En otros hospitales también intentan que los inmigrantes firmen compromisos de pago, pero cuando les contamos las excepciones del decreto al final admiten que les tienen que atender de forma gratuita”, explica Meseguer. Esta vez no fue así.
Pablo aconsejó a Óscar ir al Hospital Clínico, pero antes puso una reclamación en la que denunciaba lo sucedido. “En el Clínico le admitieron y le dieron de alta en el sistema sanitario como transeúnte sin permiso de residencia”. El TIR es la modalidad de expediente que Yo Sí Sanidad Universal aconseja pedir en centros de salud y hospitales porque tiene una duración de un año y permite derivaciones, pruebas e intervenciones (aunque no la prescripción de medicamentos). Desde entonces, Óscar ha estado ingresado cinco días en el hospital, ha ido a revisiones y le han hecho pruebas. “Ahora me tratan bien, como a cualquier otro”, apunta.
“Cuando ya estaba dado de alta en el sistema, volvimos a la Jiménez Díaz para exigir que le devolviesen el pago de los 200 euros que abonó Óscar”, añade Meseguer. Y lo consiguieron. La respuesta oficial de IDCSalud a eldiario.es es que “se confundió a este inmigrante con un paciente de la parte privada del hospital”. El centro tiene una parte del edificio dedicada a sanidad privada, pero la zona de urgencias es común con la pública.
La reclamación de Pablo Meseguer recibió una respuesta similar: “La actuación del personal de Admisión de Urgencias es informativa para el paciente, para darle a conocer que la atención que va a realizar genera un coste, sin que ello derive en una falta de asistencia”.
Óscar y Pablo niegan tal confusión. Meseguer no solo se basa en la visita a urgencias con Óscar sino en otras experiencias en este mismo hospital. “La Fundación Jiménez Díaz informa arbitrariamente de que las urgencias se cobran. Yo lo he visto con mis propios ojos y lo he peleado”, asegura Meseguer, que cree que la existencia de una parte privada en la Fundación Jiménez Díaz permite que sea más sencillo el cobro a los inmigrantes y su desinformación desde los mostradores. De momento, tiene otra reclamación pendiente de respuesta.
“Se ha tratado de una equivocación, aquí se atiende a los inmigrantes irregulares sin cobrar”, argumenta un portavoz del hospital, que asegura que en 2013 se vieron 2.497 pacientes de este tipo. La última Memoria Anual de la Fundación Jiménez Díaz (de 2012) consigna que se tramitaron 114.750 urgencias, por lo que esa cantidad reseñada supondría un 2% del total.
La Fundación Jiménez Díaz es un hospital de la empresa IDCSalud que presta servicio a una población aproximada de 435.000 usuarios de la sanidad pública. En 2006 la Comunidad de Madrid y la FJD firmaron un concierto singular (marco) con una duración de 30 años.
Según el documento la compensación económica por la atención de pacientes por parte de la Consejería de Sanidad a IDCSalud, es un centro como el resto de hospitales de la Red de Utilización Pública. Por la actividad de asistencia especializada la empresa ingresó de Madrid 285 y 290 millones de euros en 2011 y 2012.
Un problema invisible, pero que existe
Según Meseguer, estas irregularidades son invisibles para la sociedad, incluso para el personal médico de centros de salud y hospitales. “Hablamos con médicos de centros en los que rechazan inmigrantes y no se lo creen. Piensan que se atiende a todo el mundo”, explica. Pero las irregularidades ocurren, asegura.
Y como ejemplo cita el de un inmigrante que había sufrido un ictus masivo, y que fue trasladado de urgencia desde el Hospital de Parla a la Jiménez Díaz. Una vez en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), “el hospital llamó a sus familiares para ver quién se va a hacer cargo de los costes, cuando eso no debería pagarse”, cuenta indignado. “Lo peor es que la trabajadora social no supo actuar de manera rápida para exigir que no se reclamase ningún pago”, prosigue.
También hay casos similares en otros hospitales madrileños. “Una persona se rompió el peroné y fue operada de urgencia en el Hospital de La Princesa, para lo que le metieron toda una serie de clavos. Le dieron el alta hospitalaria, aunque no el alta médica. ¿Qué ha pasado? –expone Meseguer– que las revisiones posteriores, para quitarle los clavos y demás, se le han cobrado”. Según el decreto 16/2012, la atención de urgencias se debe alargar hasta el alta médica, pero una instrucción confusa de la Comunidad de Madrid sobre el tema permite este tipo de irregularidades, explica Meseguer.
“Hay una arbitrariedad salvaje y se están haciendo cosas que, además de ser ilegales, suponen un alto riesgo para la salud de estas personas. No sé si son conscientes de la responsabilidad que pueden tener si la situación de los pacientes se agrava y ocurren tragedias como en Mallorca”, apunta.