¿Qué es lo que impide contratarla? ¿Es el hecho de estar casado? ¿Si fueran simplemente amantes se podría?
Agustín Montes, director de la Fundación
Descontrol, contratación de familiares, pago de gastos personales y trasvase irregular de fondos en los proyectos de investigación llevados a cabo por la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM). Un informe de la Cámara de Cuentas ha desvelado estas prácticas, al menos, en el ejercicio de 2011 que ha investigado a lo largo de 2014. “La cámara dice que han tenido en cuenta nuestro informe de alegaciones, pero yo pongo en duda que lo hayan leído”, justifica el director general de la FUGPM Agustín Montes.
Contratar familiares a la hora de repartir los fondos de los proyectos de investigación ha sido una práctica habitual en la fundación, según la cámara. “Se han detectado varios casos en los que los servicios son prestados por familiares directos del director del convenio”, dice el informe. Así, un convenio con AENA incluye facturas de 12.000 euros por la “Documentación y realización de expedientes de control de calidad” pagados a la mujer del director. En otro proyecto, la Transcripción de textos y documentos reportó 10.320 euros, también a la esposa del coordinador.
La lista prosigue: el convenio MEDELEC utilizó una excusa similar a las anteriores para abonar 12.300 euros “a la mujer del director”, cuenta la Cámara. Otra esposa facturó 10.000 euros por la “mecanografía y traducción de documentos técnicos”. El hijo de ambos, “de 18 años” pudo facturar directamente por “Resúmenes y traducciones” 40.000 euros. En este particular, la fiscalización aclara que con ese importe era necesario un expediente de contratación “sin que se haya producido”. Se adjudicó a dedo.
En otro proyecto denominado SAGITAL, la mujer del director del convenio pasó facturas por “honorarios profesionales de colaboración”: 18.000 euros. Se alega para justificar estas elecciones “la requerida confidencialidad de los servicios”.
El director general, en conversación con eldiario.es expone que “si se dijera que la esposa es una analfabeta, de acuerdo, pero es que en uno de los casos, por ejemplo, el director es ingeniero de telecomunicaciones y ella también lo es”. Y luego se pregunta: “¿Qué es lo que impide contratarla? ¿Es el hecho de estar casado? ¿Si fueran simplemente amantes se podría?”. También aduce que “en la Universidad Politécnica, como en muchas otras, existe mucha endogamia”. Sobre el caso del traductor de 18 años, Montes recula: “tengo que hablar con el profesor”.
La cuestión familiar está bastante extendida en la distribución del dinero dedicado por la fundación a la investigación. En 2011 se pagaron diferentes cantidades a una empresa elegida directamente (sin pasar por concursos) cuyos apoderado y administrador eran el propio director del proyecto que abonaba el contrato y su esposa. Los directores han justificado que se adjudicaron así “por tratarse de las únicas que cuentan con la tecnología adecuada”. Esa sociedad en particular recibió dos pagos de 49.949 y 72.000 euros por un sistema de monitor de descarga. De igual forma, otra empresa cuyo administrador único es un familiar directo del director del convenio con INDRA se llevó 177.000 euros asignados ad hoc “por el carácter singular y especializado del trabajo”.
A modo de colofón, se ha detectado también cómo uno de los convenios de investigación financiaba la contratación de una persona que ya trabajaba en la universidad antes de que existiese ese proyecto. Se da la circunstancia de que es la esposa del director de ese convenio. 46.900 euros al año.
El cajón de sastre de las dietas
Del análisis de los técnicos de la cámara se deduce que el pago de dietas era un apartado con escaso control y justificación para utilizar los fondos económicos. Se reprocha que se pagaran viajes con, al menos, difícil relación con lo que se investigaba. “Se han detectado casos en los que se realizaban viajes en periodo vacacional, fines de semana...” . O, directamente, se pagaron a “personas ajenas al convenio”. No se trata de cortos trayectos en metro o autobús: 5.210 euros en uno de los convenios –uno de los que contrató a la esposa del director–, 2.008 euros en el de AENA, 6.420 euros en el proyecto con Smart-EC.
Con esas mismas fallas, la Cámara de Cuentas ha detectado justificantes o tickets de restaurantes que corresponden a fines de semana o festivos “sin que en modo alguno se justifiquen como gastos relacionados con los convenios”. Destacan los 3.195 euros del convenio con AENA o los 1.862 del de Alacatel.
Estos pagos han servido como una especie de cajón de sastre para justificar gastos. “Dentro de las colaboraciones y sin presentar facturas se registran gastos por un total de 80.852 euros por clases o conferencias sin especificar el su contenido, su relación con el convenio, las fechas de impartición....”. De hecho, se señala que en un proyecto se abonó de manera genérica por “clases” exactamente el dinero que quedaba de remanente, 6.128 euros, cuando el propio convenio preveía la devolución del dinero “en caso de sobrante”. Montes señala que “la Cámara de Cuentas tiene problemas para entender los proyectos de investigación: una sentencia del Tribunal de Cuentas ya concluyó que son los propios directores de los proyectos los que deben ser responsables de justificar los gastos”.
A modo de cola, el informe llama la atención sobre algunos gastos como 647 euros de taller para un coche y 16.000 euros en cátering del convenio Alcatel y 122 euros en “moda de hombre en unos grandes almacenes” en el convenio de Telecable-Asturias. El dirigente de la FGUPM contesta que le ha extrañado que “en proyectos con muchos miles de euros se haya bajado al detalle de facturas de cientos de euros que bien podrían ser un regalo de agradecimiento a unos ayudantes”. También subraya que el presupuesto investigado llega “a los 21 millones”.
En este apartado, pide la cámara que la fundación cruce sus datos de remuneración de los profesores con la Universidad Politécnica para asegurarse de que “no se sobrepasan los límites de retribuciones de profesores establecidos por la normativa aplicable”. Lo que se destaca es que al estar computándose de forma separada los ingresos que llegan de la FGUPM y de la propia universidad, el total podría estar fuera de los márgenes legales.
Proyectos agotados que siguen pagando
El análisis de la actividad investigadora de la FGUPM ha mostrado que se realizaban trasvases de fondos de unos convenios a otros y que, al mismo tiempo, proyectos ya terminados seguían abonando gastos “no relacionados con el objeto de los mismos”. Es decir, que se achacaban gastos que nada tenían que ver con los objetivos del proyecto –sería imposible teniendo en cuenta que habían expirado–.
El convenio MEDELEC se llevó a cabo en 2007 y terminó en 2008. Pues bien, en 2011 sus facturas ascendieron a 44.752 euros. Entre ellas aparecen 10.232 euros en viajes, 33.564 para energía solar y los ya mencionados 12.300 euros en gastos de transcripción para la mujer del director.
La cámara avisa de que este proyecto nació con un presupuesto de 290 euros y que, mediante trasvases desde otros convenios del director o compañeros suyos de departamento, ha abonado 68.000 euros por colaboraciones a la mujer del director entre 2007 y 2011. En 2010 “se pagan también 2.444 euros a una empresa de cocinas y baños de Toledo”.
Un par de convenios con el INTA también han sido pagadores tras su clausura. En uno de ellos, con vigencia oficial hasta 2005, en 2011 se abonaron por “colaboraciones del director” 35.500 euros. En 2010 se le pagó lo mismo por “clase o conferencia”. Otro proyecto del INTA terminado en 2007 abonó 5.420 euros en 2011. El convenio marco con Alcaltel expiró en 2006 y se le cargaron 37.287 euros en 2011. El suscrito con Airbus España, tres años después de su final, abonó 14.355 euros.
“Se realizan múltiples traspasos sin justificación entre distintos convenios con el único requisito de la petición del director del proyecto. Se producen entre convenios con el mismo director o distinto pero compañeros de departamento”, describe la Cámara de Cuentas.
Agustín Montes muestra su “total desacuerdo” con la fiscalización: “Se da la sensación de que no hacemos gestión ninguna. Se ha analizado el ejercicio de 2011 y desde ese año no hemos estado con los brazos cruzados. De hecho hemos obtenido una acreditación ISO-9000 de Aenor. Da la sensación de que el informe de la cámara ha ido buscando el sensacionalismo. Deberían haber profundizado más”.
La Fundación de la Universidad Politécnica de Madrid nació para “la promoción de la educación y la investigación”. Sus fines son cooperar “en la consecución de los objetivos de la propia universidad”. Como en sus órganos de dirección están integrados desde el rector de la UPM hasta los directores de las escuelas, depende de esta universidad. Por este motivo es parte del sector público que fiscaliza la Cámara de Cuentas de Madrid.