Un concurso de ideas de ámbito internacional decidirá cómo será el futuro centro de interpretación que albergará el Valle de los Caídos en su proceso de resignificación que prevé la Ley de Memoria Democrática. Así lo ha explicado este martes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, en la que ha detallado a qué se dedicarán los 11,8 millones de euros que destina a memoria histórica el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
El objetivo de que Cuelgamuros se convierta en un centro de interpretación es “cambiar el relato franquista por uno democrático con el que se conozca absolutamente todo lo que pasó”, adelantó Martínez en una entrevista con elDiario.es. “Habrá que contar quién lo construyó, en qué contexto, y su significado, que no es otra cosa que la simbiosis entre religión y política, que es el nacionalcatolicismo”, aseguró.
A ello le acompañará una página web y varias investigaciones sobre la arquitectura del monumento, en el marco comparado de la “arquitectura totalitaria europea”, otro sobre la mano de obra penada que participó en su construcción y otro referido al traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios. Todo dentro de un “proceso didáctico y pedagógico” que permita explicar el monumento “en su contexto”, situándolo como lugar de memoria democrática, ha asegurado el secretario de Estado de Memoria Democrática en el Congreso.
La resignificación del Valle de los Caídos es una de las patas de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Al texto le espera una dura negociación con el resto de grupos políticos: los socios habituales del Ejecutivo, incluido Unidas Podemos, piden mayor ambición, mientras las derechas de PP y Vox se muestran totalmente contrarios y lo consideran una forma de “reabrir heridas”.
A preguntas de la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, el secretario de Estado ha confirmado que cuando esta norma esté en vigor será posible el traslado de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla, aunque ha apuntado que, si hubiera “voluntad”, la Junta de Andalucía ya podía haberlos movido del templo al amparo de la legislación andaluza de memoria histórica, informa EFE.
Las cuentas del Gobierno para 2022 consignan 11,8 millones de euros, 500 millones más que un año antes, que servirán entre otras cosas para la puesta en marcha de la ley y mantienen por segundo año consecutivo la partida destinada a memoria histórica que el PP de Mariano Rajoy dejó a cero en 2013. Los fondos se destinarán al Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, a subvenciones a asociaciones memorialistas “para actividades relacionadas con la memoria democrática”, la elaboración del censo de víctimas o las exhumaciones que se realizarán en el Valle de los Caídos, cuyos trabajos previos técnicos ya han dado comienzo.