El debate sobre la independencia en Cataluña ha eclipsado el resto de informaciones y está monopolizando la precampaña electoral. Los graves problemas sociales que sufren miles de catalanes han quedado relegados a un segundo plano, una situación que favorece al PP y sobre todo a CiU, las dos formaciones que desde el Gobierno central y la Generalitat han liderado los recortes sociales más drásticos desde la transición.
Conscientes de esta situación, los partidos de izquierdas del Parlament, PSC, ERC e ICV, han forzado a la Diputación Permanente (el órgano que representa a la Cámara tras su disolución) a reclamar la comparecencia del conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena y del de Bienestar Social, Josep Maria Cleries, para que den explicaciones sobre uno de los mayores escándalos del Govern de CiU: el impago de las rentas mínimas de inserción (RMI), el anterior PIRMI.
Esta ayuda es una paga de entre 105 y 640 euros que reciben las personas en riesgo de exclusión que ya han agotado el paro y el subsidio por desempleo. Con lo que será la última sesión en el Parlament, el antiguo tripartito podrá, al menos por un día, dejar a un lado la discusión sobre la independencia y entrar de lleno en el debate social. Los políticos de izquierdas intentarán así arrojar luz sobre uno de los temas que el Govern trata con más oscuridad. Sólo un dato: los servicios de comunicación de las consejerías afectadas se niegan a dar la cifra de las personas que actualmente cobran esta ayuda. Por suerte hay otras fuentes.
Los recortes sociales llegaron al RMI en agosto del 2011, justo el mes en que los servicios sociales hacen vacaciones. El Gobierno decía haber detectado que algunas personas se estaban aprovechando de la ayuda y que la situación se había “descontrolado”, según fuentes de la consejería. El Gobierno decidió dejar de pagar estas ayudas básicas y pidió a los servicios sociales, que estaban de vacaciones, que advirtieran a los afectados que si querían seguir cobrando, se tenían que presentar en sus oficinas. También lo comunicaron por carta a los afectados.
Es decir, aplicaron el criterio de que todos los casos eran fraudes y que se tenía que demostrar lo contrario.
Caos inevitable
El orden que pretendía encontrar la Generalitat se convirtió en caos: miles de familias sin recursos se quedaron sin la única ayuda que recibían; las pocas oficinas de servicios sociales que quedaban abiertas no daban abasto porque, además de estar bajo mínimos, no habían recibido ningún aviso previo y los funcionarios de guardia no sabían qué responder.
Tras retirar todas las pagas, el Gobierno miró con lupa los casos más sospechosos y retiró el subsidio a 4.500 personas o familias, que estaban viviendo en el extranjero o que no habían notificado el cambio de domicilio, dos de los requisitos para cobrar la ayuda. A principios de agosto de 2011, había 32.000 expedientes aprobados, algunos de los cuales eran de familias enteras.
Ese mismo mes, el Gobierno, con la ayuda del PP, aprobó una ley para aumentar el filtro de las personas que tienen derecho a cobrar la RMI. Se calcula que con el nuevo filtro han quedado fuera de la ayuda unas 6.000 personas que antes tenían derecho a percibirla.
Los problemas no terminan aquí: tras anular 4.500 expedientes que se consideraban fraudulentos y endurecer el filtro para ahorrarse la ayuda de 6.000 afectados más, han llegado los retrasos en los pagos. Después de que una persona o familia supere el nuevo filtro, tiene que esperar unos diez meses para recibir la paga. Esta situación es grave si se tiene en cuenta que para pasar el filtro hay que demostrar que se carece de “los medios necesarios para atender las necesidades básicas de la vida” y haber estado 12 meses sin que nadie de la familia “haya percibido unos ingresos superiores a la prestación de la RMI”.
De esta manera, antes de cobrar esta ayuda, una familia en riesgo de exclusión puede estar hasta 22 meses sin ningún ingreso.
1.414 casos congelados sólo en Barcelona
La negativa de la Generalitat a informar de los casos abiertos obliga a buscar otras fuentes oficiales. El Ayuntamiento de Barcelona, en respuesta a una pregunta de ICV, reconoció que sólo en Barcelona existen 1.414 expedientes aprobados a la espera de que la Generalitat pague. Cabe recordar que un expediente puede significar una familia entera, con niños incluidos.
Ricard Gomà, el concejal de ICV que logró que al menos la cifra de afectados de Barcelona saliera a la luz, ha explicado a eldiario.es que el equipo de Artur Mas está incumpliendo la ley ya que “un Gobierno puede endurecer las condiciones de acceso pero no puede dejar de pagar los casos reconocidos”. Para Gomà, se trata del “recorte más cruel, sólo equiparable a la decisión del PP de dejar a los inmigrantes sin sanidad pública”.
Fuentes de la consejería de Empresa explicaron que se ha destinado una partida de 130 millones de euros para esta paga y recordaron que no se puede destinar ni un euro más porque “Madrid obliga a cumplir con el déficit”. Hasta ahora, en los presupuestos se destinaba una partida similar pero si se tenía que aumentar, se hacía, ya que se consideraba una ayuda primordial.
Con la ausencia de las ayudas sociales públicas, todo el peso ha recaído sobre las entidades del tercer sector. Cáritas Diocesana es una de las más importantes. La responsable de Programas y Servicios en Barcelona, Mercè Darnell, ha seguido muy de cerca la polémica de la RMI ya que su entidad se ha visto obligada a ofrecer más servicios.
“Cada vez hay más desigualdades sociales y la pobreza dura más tiempo y es más intensa”, explica. Darnell considera “pura demagogia” hacer creer que hay personas que no tienen trabajo porque no lo están buscando: “Si no tienes casa porque te han embargado y tus hijos pasan hambre, ¿cómo te vas a apuntar a un curso de formación que además no sirve para nada?”, se pregunta Darnell. “Si hemos pasado del 5% de paro al 30% no es porque la gente ha dejado de buscar”, razona la experta, que denuncia que ante esta situación de más necesidad es cuando se están reduciendo las ayudas.
Sin piso ni ingresos
Algunos de los ejemplos que pone Darnell se pueden encontrar en la cola del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que acaba de centralizar sus oficinas en el Poblenou de Barcelona. Es el caso de Bahija, de 45 años, que ha venido a la nueva oficina acompañada de sus dos hijas. Ella estaba en Marruecos en agosto del 2011 y le retiraron la ayuda.
Desde entonces intenta recuperarla pero no lo ha conseguido. Sus hijas, escolarizadas en Cataluña, cuentan que a mediados de septiembre les echaron de casa por no pagar el alquiler y que ahora viven en casa de unos amigos. No tienen ni piso ni un solo ingreso. Algo parecido le pasa a Mimoun Lamiarrd, de 37 años y origen marroquí. En agosto pidió permiso para ir a Francia a buscar empleo pero no logró encontrar nada porque su documento sólo le permite trabajar en España, donde lleva 16 años.
Durante su breve etapa en Francia dejó de cobrar la ayuda pero desde que ha vuelto no ha logrado recuperarla. “Cuando me la concedieron la otra vez, tardaron cinco meses en pagarme”, explica con resignación. Mientras hablamos suena el teléfono de Luz Marina, su acompañante de 27 años. Ella es una enfermera colombiana. La conversación telefónica le cambia la cara. Él sonríe porque ya sabe de qué se trata. Le han dicho que sí, que mañana empieza a trabajar en Acciona, en el puerto de Barcelona.
Muchos de los inmigrantes consultados coinciden en que desde los servicios sociales les han dicho que ya se ha acabado el trabajo en España y que regresen a su país. Quien coincide con este argumento es Joaquín González, que sufre una minusvalía del 65%. La asistenta social le aseguró que hasta que el Estado reconociera su minusvalía y aprobara su Pensión no Contributiva de Invalidez le pagarían la Renda Mínima pero no ha sido así: “Al final han tardado cinco meses en responderme, pero ahora me dicen que si me la han concedido ya puedo estar contento y que los atrasos no los voy a cobrar porque no hay dinero”, lamenta.
Darnell, desde Cáritas, tiene muy presente casos como los de Joaquín. “Hay personas con disminuciones o con enfermedades mentales no diagnosticadas o mujeres maltratadas que muy difícilmente van a encontrar trabajo. No les podemos culpabilizar de no encontrar trabajo porque no lo hay”. Darnell considera “claramente insuficiente” el dinero que la Generalitat destina en los presupuestos a la RMI. Si el objetivo es evitar la exclusión, no se está cumpliendo. Muchas personas excluidas no están cobrando ninguna ayuda.