El Gobierno abre la puerta a controlar el uso de los templos inmatriculados por la Iglesia en una futura Ley de Patrimonio

El Gobierno ha abierto la puerta a “controlar” el peso de la Iglesia en la propiedad de los templos inmatriculados en una futura reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que regule el funcionamiento y propiedad de catedrales, basílicas, monasterios y templos declarados como bienes de interés cultural o histórico.

“Hay cerca de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica, que no son del pueblo cristiano, sino de todo el pueblo español”. Con esta afirmación inició Asunción Villaverde, de la plataforma Europa Laica, la mesa redonda sobre las inmatriculaciones organizada por Redes Cristianas, que contó con la presencia del responsable económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal; el subsecretario de Presidencia y Memoria Democrática, Alberto Herrera; y el portavoz de la asociación Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez.

La moderadora abrió así un debate en el que tanto los obispos como el Gobierno mantuvieron sus tesis iniciales –los unos, que la Iglesia no ha cometido ninguna ilegalidad poniendo a su nombre 34.000 bienes entre 1998 y 2015 gracias a la ‘ley Aznar’; los otros, reivindicando la “utilidad” del informe sobre los bienes inmatriculados que identificó al menos un millar de bienes registrados de forma irregular. En el otro lado, las plataformas patrimonialistas lamentaron que “tanto el Gobierno como la jerarquía católica se hayan empeñado en enterrar una parte de la verdad y la memoria sobre los bienes inmatriculados”.

Un privilegio franquista

“Las inmatriculaciones, todas, parten de un privilegio franquista”, resaltó el portavoz de Recuperando. “Por tanto, desde que entró en vigor la Constitución, son inconstitucionales de pleno derecho” aunque ningún Gobierno de la democracia derogara la norma, defendió Antonio Manuel Rodríguez. Para él, el “inmenso poder fáctico de la Iglesia católica en España” ha provocado “un privilegio que permitió inmatricular unos 100.000 bienes” desde la llegada de la democracia. Estos son datos que los colectivos patrimonialistas apuntan cruzando los datos del informe presentado por Gobierno e Iglesia con los que aparecen en los registros locales y autonómicos. “Esto es inasumible para un Estado democrático”, remachó.

La respuesta por parte del Gobierno evitó entrar en el tema de la ilegalidad o en el de la modificación de los Acuerdos Iglesia-Estado. “No es algo fácil ni rápido de solucionar”, zanjó Alberto Herrera. Sin embargo, sí se abrió a la posibilidad de controlar el estado y el uso de los bienes. “Ahora lo que nos toca es afrontar las situaciones complejas. Y este Gobierno lo ha hecho y lo va a seguir haciendo”, aseguró el subsecretario de Estado, que se refirió a “posibles escenarios” para establecer este control, “como la Ley de Patrimonio Histórico”. El objetivo, explicó, es “salvaguardar esos bienes, independientemente de la propiedad del registro”, y que la regulación “nos permita a todos estar tranquilos sobre su disfrute por parte del conjunto de la sociedad”. No ahondó en si esta idea implicaría garantizar o intervenir, por ejemplo, en el acceso público a edificios pertenecientes a la Iglesia pero que son patrimonio cultural, como la mezquita de Córdoba.

Para el portavoz de Recuperando, “la Iglesia tiene a su nombre más del 80% del patrimonio histórico. La catedral de Burgos, de Sevilla, de Córdoba... no se pueden vender. Esa es la causa de que sean un bien público”. Y se preguntó: “Si la catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal, si la catedral de Notre Dame pertenece a Francia, si este privilegio franquista es una anomalía en Europa, ¿en qué momento vamos a regular cuándo un bien de dominio público que sea de uso religioso esté oportunamente catalogado e inventariado? ¿Eso quiere decir que todas las iglesias son de dominio público? No. Pero algunas sí, y habrá que determinar cuáles y con qué privilegios”.

Por su parte, el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, defendió el dominio eclesial sobre los inmuebles. “Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia debe custodiar. No queremos privilegios y tampoco discriminaciones”. Y subrayó: “A mí me sigue resultando curioso dudar que la catedral de Zaragoza no sea de la Iglesia de Zaragoza”.

Bienes inconstitucionales

Entre las propuestas, Antonio Manuel Rodríguez pidió al Gobierno “declarar la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados, pero ofreciendo ”un plazo prudencial de un año o dos para que la jerarquía pudiera certificar qué les pertenece“.

Alberto Herrera recogió el guante y apeló a la “política útil” que está llevando a cabo el Gobierno de coalición, que, defendió, ha logrado que por primera vez existiera un listado con los 34.000 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. Desde el Ejecutivo se indicó que “nadie ha derogado ni ha declarado inconstitucionales” estas apropiaciones –sí decretó su ilegalidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien multó a España por unas inmatriculaciones–. Herrera, en cualquier caso, añadió que “el tema no está en absoluto cerrado”, porque “aunque el registro no constituye la propiedad, cuando surgen conflictos, como es el caso, claramente el registro juega a favor de quien lo tiene inscrito, porque tiene presunción de veracidad y documentación”.

La Iglesia defiende que los bienes “generan gastos”

El problema, rebatió el portavoz de Recuperando, es que “no se cambian las cosas porque tendría unas consecuencias tremendas” después de que se citaran los informes de instituciones como Europa Laica que apuntan a que la Iglesia recibe cada año más de 11.600 millones de euros en financiación del Estado.

“Los obispos ¿nos roban?”, arrancó el gerente de la Conferencia Episcopal. Con esta provocadora frase, comenzó una intervención en la que defendió que los inmuebles inmatriculados en lugar de un privilegio suponen un gasto. “Se dice que los obispos nos roban inmatriculando”, defendió Barriocanal, pero “la Iglesia ha mostrado su disponibilidad de estudiar, una por una, cada reclamación que pueda surgir”. Además, matizó, “el Ministerio de Justicia dijo que se habían inmatriculado bien. Y miramos una por una”.

Para el responsable de las finanzas de la Iglesia española, los templos inmatriculados “son bienes del pueblo cristiano, no del obispo. Y no están registrados a nombre del obispo, sino a nombre del pueblo cristiano en sus diócesis”. Y remató con la idea de que, en cualquier caso, “la mayoría de los bienes son generadores de gastos”.

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