El Gobierno acuerda con la Conferencia Episcopal que la Iglesia pague dos impuestos de los que estaba exenta

La Iglesia pagará a partir de ahora los impuestos sobre Contribuciones Especiales y sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dos tipos impositivos obligatorios para todo el mundo excepto para la Conferencia Episcopal por las exenciones fijadas en su día con los Acuerdos de la Santa Sede. El anuncio se ha hecho público en un comunicado conjunto de la propia Conferencia Episcopal y el Gobierno minutos antes de un encuentro de trabajo entre el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de los obispos, Juan José Omella.

“Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”, reza el comunicado.

El Gobierno confirma que el siguiente paso será derogar la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión de esos impuestos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. No se informa, sin embargo, de ningún acuerdo para que la Iglesia también pague el Impuesto de Bienes Inmuebles.

“El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”, expone el escrito.

Este acuerdo en materia de fiscalidad se concreta un año después del alcanzado con las inmatriculaciones. La Conferencia Episcopal admitió entonces que no le correspondían la titularidad de cerca de un millar de los 34.961 bienes inmuebles que puso a su nombre gracias a una ley de Aznar.