El Gobierno andaluz promete a los regantes irregulares de Doñana agua que la ley prohíbe usar
El plan para Doñana del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, es el siguiente: legalizar las fincas de regadío ilegales en el entorno del Parque Nacional y anunciar la llegada de agua trasvasada que, en realidad, la ley impide utilizar para alimentar nuevos regadíos, como los que brotarían con su proyecto legislativo.
La primera fase ya se ha puesto en marcha con la proposición de ley para regularizar fincas apoyada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz. Rechazada por los científicos y el Gobierno, la Comisión Europea se lo dejó claro este lunes en Bruselas al consejero de Medio Ambiente, Rodríguez Pacheco: “Deteriora” y “va en la dirección opuesta” a la sentencia contra España por no cuidar Doñana.
La segunda parte del plan consiste en hacer ver que los regadíos que pasarían a ser legales –que ya están funcionando a base de utilizar agua extraída del acuífero sin derecho– podrán contar con el líquido que llegará bombeado desde la cuenca de los ríos Tinto-Odiel y Piedras. Hay un escollo, sin embargo. La ley que permite el trasvase entre las dos cuencas –ya que las explotaciones están en el territorio del Guadalquivir– especifica que nunca podrán alimentar nuevos regadíos.
Moreno Bonilla se ha referido a este trasvase en varias ocasiones. Pero sus palabras en la sede del Parlamento andaluz, donde se tramita su idea de ley, han sido estas: “¿Sabe usted de dónde vamos a sacar el agua? Pues vamos a sacar el agua precisamente de un proyecto que se tenía que haber cumplido hace ya cinco años, que es la ley que hace el túnel de San Silvestre, lo que es el trasvase absolutamente de aguas superficiales”.
Se refiere a la ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
En este caso, la redacción de la ley es bastante clara. No deja mucho espacio a la interpretación. El agua del trasvase no puede usarse para eso
Sin embargo, la norma, aprobada en 2018, dice que “en ningún caso podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable”. Y añade que el líquido cuyo envío se autoriza tampoco puede emplearse para “la ampliación o modificaciones de características de los [regadíos] existentes que impliquen un incremento de la superficie en regadío en sistemas de explotación de recursos deficitarios, como es el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”.
“En este caso, la redacción de la ley es bastante clara. No deja mucho espacio a la interpretación”, afirma el jurista especializado en derecho ambiental Pedro Brufao Curiel. “El agua del trasvase no puede usarse para eso”.
La amnistía preparada por el PP aumentaría la superficie de regadío oficial, ya que los que se pretende amnistiar no constan como tales en el Plan de ordenación de los regadíos ubicados al norte de la corona forestal de Doñana de 2014 que se utilizó como base para la norma del trasvase. Por eso surge el proyecto para regularizarlos.
“Preservar el equilibrio del acuífero y de los ecosistemas”
La ley del trasvase nació para atender “las necesidades” del Condado de Huelva que se encuentra en el “ámbito de influencia del espacio natural protegido de Doñana” con el objetivo de “preservar el equilibrio del acuífero Almonte-Marismas y de los ecosistemas asociados al mismo”, según indica su texto.
Dicho de otra manera, la ley se piensa para que los regantes legales, que extraen agua con permiso del acuífero de Doñana, dejen de hacerlo a cambio de que sus fincas –autorizadas en el Plan especial– utilicen el líquido bombeado desde el Tinto-Odiel-Piedras. “Al objeto de sustituir aguas subterráneas de la Masa subterránea Almonte-Marismas por aguas superficiales”, establece la norma.
Mientras, el Partido Popular en Andalucía insiste en la idea de que las fincas que legalicen con su proyecto podrán optar al agua. “Hablamos de agua que vendría siempre en superficie a través del trasvase que el Gobierno prometió por ley en 2018”, repitió este lunes el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, una vez terminado su encuentro con el comisario europero Virjinius Sinkevicius.
Luego añadió una apostilla para confrontar con el Ejecutivo, descargando la responsabilidad de que esos hectómetros estén disponibles en el Gobierno central: “La construcción de la infraestructura [para ese trasvase] no ha empezado”.
La realidad es que el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene capacidad para asegurar a los regantes que pretende legalizar tras años de funcionar irregularmente que tendrán acceso legal al agua. Las fincas están en la Demarcación del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Y el trasvase llegaría desde la del Tinto-Odiel-Piedras, que gestiona la Junta. Pero, al ser un trasvase intercuencas, la ley que lo ampara es nacional. Por lo tanto, no es posible destinar las aguas trasvasadas a incrementar los regadíos.
El Gobierno que preside Pedro Sánchez se opone a la amnistía de regantes. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que no cabe “negociar sobre ilegalidades” y que el proyecto de ley “debería ir a la papelera”.
Pero el Partido Popular repite que su proyecto es factible y ayuda a Doñana colocando este bombeo de agua como solución.
La diputada regional del PP por la circunscripción de Huelva, Rosa Crespo decía en un Pleno parlamentario el 13 de abril: “Si realmente al Gobierno de la nación le importa Doñana y quiere proteger Doñana que cumpla la ley del trasvase; que se deje de engañar y mentir, porque los agricultores no son el problema de la situación que está viviendo Doñana. La situación se solucionaría, en muy gran parte, aplicando esta ley del trasvase”.
Este martes, Teresa Ribera ha informado de que se han cerrado 491 pozos autorizados que pinchaban los acuíferos en el entorno de Doñana al asignarles agua de superficie. También otros 210 ilegales, ha afirmado. Y otros 428 están en trámite. “En 2025 estarán cerrados todos los pozos”, ha dicho Ribera. Está previsto que los riegos legales se satisfagan con las aportaciones superficiales como las del Agrio y Tinto-Odiel-Piedras.
La ley a la que hacen referencia continuamente los dirigentes del PP contiene, además, unos condicionantes para poder bombear hasta esos 19,99 hm3. Entre ellas, que las infraestructuras para realizarlo garanticen tanto “las demandas” como “la recuperación y buen estado de los ecosistemas” de la cuenca desde donde sale el agua. Este curso, se han decretado limitaciones de riego en ese territorio.
Menos lluvia, más sequía y primeras restricciones
La cuestión es que la propia Junta prevé que, en el contexto del cambio climático, esa cuenca onubense va a tener menos agua. Así consta en el proyecto de Plan Hidrólogico de la Demarcación Tinto-Odiel-Piedras elaborado por la Consejería de Agricultura andaluza, que aún está pendiente de aprobación final ya que los trámites van con retraso. Este martes el Consejo de Gobierno andaluz dio el visto bueno para remitirlos, por fin, al Ministerio de Transición Ecológica.
El documento dice que “se prevé un descenso de precipitación”, es decir, menos lluvia. Y también incorpora cálculos sobre el descenso de la escorrentía para el año 2039, es decir, del agua de lluvia que circula por el terreno.
Las reducciones varían dependiendo de que se alcancen ciertas emisiones de gases invernadero, del trimestre del año y de la zona geográfica. La más alta (-37%) aparece en la Sierra de Huelva y el Condado de Huelva (-26%). “Los valores promedio van del 2% al 11%”. Y del 18% al 29% entre 2040 y 2070“.
El plan hidrológico preparado por la Junta también recoge que “las sequías de dos años de duración serán más frecuentes conforme vayamos avanzando en el sigo XXI. Y lo mismo ocurre con las sequías de cinco años de duración”.
Y, en esas circunstancias, el documento concluye que “estas previsiones tendrán una repercusión directa en la disponibilidad del recurso hídrico (en calidad y cantidad)”.
Ese es el panorama que describe. Este 2023, ha sido el primer año en el que la Demarcación ha decretado restricciones al riego.
––––––––––––
Esto es importante: te necesitamos
elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.
Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
40