La imagen de Esmeralda Pastor posando sonriente delante de una bandera franquista tardó menos de dos días de estallarle al flamante Gobierno de Aragón en la cara. El Ejecutivo de Jorge Azcón (PP), que fue investido con los votos de Vox y el Partido Aragonés (PAR), nombró el jueves pasado 26 altos cargos. Entre ellos, a la nueva directora general de Justicia, que aparecía en su perfil de Facebook con la insignia preconstitucional, luego convenientemente recortada para que solo se viera parte de ella.
Este sábado, tanto Podemos como el Partido Socialista habían pedido al presidente aragonés que la cesara “de manera fulminante”, cuando trascendieron los mensajes de otro de los altos cargos autonómicos, Jorge María Valero, director general de Caza y Pesca de la consejería de Agricultura, había colgado en esa misma red social en el que recordaba el nacimiento de José Millán Astray, el fundador de la Legión y figura relevante del golpe de Estado y el régimen de Francisco Franco. Ahora la secretaria de Estado de Memoria Democrática va un paso más allá y comienza los trámites para abrir un expediente sancionador por vulnerar la Ley de Memoria Democrática.
En base al artículo 62.1 de la Ley de Memoria aprobada en octubre de 2022, esta sanción puede acarrear, para una falta muy grave como podría ser esta, una multa de entre 10.001 y 150.000 euros. Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática afirman estar “muy vigilantes” y aseguran que actuarán ante cualquier acto de enaltecimiento del franquismo, o ante cualquier conducta contraria a la ley: “No vamos a pasar ni una”.
Debido a la polémica, Esmeralda Pastor ha borrando o convertido en privadas sus publicaciones, aunque varios partidos han rescatado ejemplos del tipo de contenido que solía compartir. Por ejemplo, un post de Facebook titulado “¡Viva Franco y Arriba España!” en el que ensalza la figura del dictador. Algo parecido ocurre con Valero, que en sus publicaciones reivindica la figura de Millán Astray y difunde convocatorias a manifestaciones a favor de conservar el nombre de su calle, un cambio al que también obliga la Ley de Memoria.
En concreto, el artículo 62 se refiere a la “falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público [...] de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. Y menciona también “actos, campañas de divulgación o publicidad” en “cualquier medio de comunicación pública” persigan esos mismos fines.