El Gobierno aprueba la ampliación del servicio de protección telefónica a todas las víctimas de violencia machista

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que amplía el servicio de atención y protección telefónica (ATENPRO) a las víctimas de violencia machista fuera de la pareja o expareja. Así lo ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión coincidiendo con la semana del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, que se celebra este jueves. El decreto regula una concesión directa de 32 millones de euros para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que gestiona el servicio a través de Cruz Roja.

Actualmente a este recurso de telefonía móvil y telelocalización solo pueden acceder las víctimas que sufren violencia por parte de hombres con los que mantienen ahora o en el pasado una relación sentimental, pero el objetivo es extenderlo a todas. De esta forma, las que sufren violencia sexual, explotación sexual o trata también podrán acceder al servicio que ofrece atención inmediata y especializada las 24 horas del día. La transferencia servirá también para modernizar los aparatos tecnológicos que se utilizan.

Cuando así lo necesitan, las víctimas pueden usar los dispositivos para entrar en contacto con un centro especializado o de emergencia atendido por personal especializado que les guiará o movilizará los recursos necesarios para atenderlas y protegerlas. Según los últimos datos, ATENPRO atiende a 16.500 mujeres, pero Igualdad calcula llegar a las 50.000 en 2023.

El Real Decreto contempla un crédito de 32 millones de euros en el marco de los fondos europeos y el Plan España te protege frente a la Violencia Machista: 11,6 para este 2021 y 10,4 en 2022 y 2023. Con ello se prevé mejorar la tecnología de los dispositivos, aumentar el tiempo de uso de las baterías, mejorar la accesibilidad para mujeres con discapacidad y ampliar la cobertura “para facilitar su uso por mujeres del ámbito rural que viven en zonas de escasa cobertura”, señala Igualdad.

Tanto la aprobación del Real Decreto como la declaración institucional con motivo del 25N acordada también en el Consejo de Ministros “van en un mismo sentido y es recalcar que la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado”, ha asegurado Irene Montero en la rueda de prensa.

La ministra ha querido destacar “el compromiso sin fisuras” del Gobierno “para combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres” y ha lanzado un mensaje a las mujeres: “No vamos a descansar hasta que no lleguemos siempre a tiempo, mientras siga habiendo un asesinato machista, una agresión sexual o una situación de acoso, ahí vamos a estar”.

Enfrentar “las políticas negacionistas” de la violencia

Con la declaración institucional, el Gobierno reitera “su sólido y firme compromiso con la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia machista” en el marco “de la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social, con especial atención al feminicidio como máxima expresión”. Desde 2003 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas, según la estadística oficial que a partir del próximo año se ampliará a otros tipos de feminicidio.

“La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una vulneración de los derechos fundamentales sistémica y generalizada y es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, asume la declaración, que repasa las obligaciones internacionales suscritas por España en esta materia y los avances legislativos que se han logrado.

A pesar de ello, “la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas sigue asolando nuestra realidad” y enfrentarla “necesita el compromiso inapelable de todas las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto”. El texto menciona explícitamente “los intentos de retroceso que persiguen las políticas negacionistas sostenidas por la ultraderecha representada en los parlamentos e instituciones nacionales e internacionales y los fundamentalismos globales” y asegura que el Gobierno “trabajara para frenarlos”. Ello, “con el horizonte último de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas y alcanzar la plena igualdad”, concluye la declaración.