“El caudal ecológico no es lo que va a condicionar el trasvase Tajo-Segura, sino las precipitaciones, que van a descender”. Con este cálculo responden en el Ministerio de Transición Ecológica a la oposición a su nueva planificación hidrológica que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros: los caudales ecológicos del río Tajo se aplicarán “sin condiciones”.
En realidad a lo que ha dado el visto bueno el Gobierno es a los planes de 12 demarcaciones intercomunitarias –más las de Baleares y Galicia– que abarcan el 86% del territorio y el 65% de la población. Suponen 22.800 millones de euros. Pero la polémica y atención estaban puestas en el volumen de agua que deberá pasar por Aranjuez (Comunidad de Madrid) para posibilitar la vida fluvial del río Tajo. Serán 7 m3 ahora mismo, 8m3 en 2026 y 8,65 m3 en 2027.
El sector del regadío en Alicante, Región de Murcia y Almería dice que, si se garantiza ese caudal ecológico –que es obligatorio legalmente y no se ha establecido nunca lo que conllevó una sentencia del Tribunal Supremo–, su industria es inviable. El Ministerio ha hecho una excepción con el Tajo para que los caudales ecológicos lleguen de manera progresiva cuando en el resto del país se aplican con el inicio del plan.
La fuerza y el peso del sector regante en esas comunidades autónomas ha hecho que los gobiernos autonómicos se hayan colocado a su lado y frente a los planes de Transición Ecológica. La proximidad de las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia han añadido combustible a la protesta. Mientras, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha aplaude que el Tajo lleve más caudal aguas abajo.
La vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha reafirmado “el compromiso de este Gobierno con el levante, la España más seca” ya que “la fijación por primera vez de un caudal ecológico en el Tajo, nos obliga a imaginar para que eso no suponga ningún riesgo para la disponibilidad de recursos en las cuencas que han contado hasta ahora con el agua del trasvase”.
“Alicante, Murcia y Almería tendrán agua”, ha afirmado. “Lo que no debería cuestionarse es el cumplimiento de la normativa y las sentencias contra el Estado como ha ocurrido por no fijar caudales ecológicos en el Tajo”.
Los planes hidrológicos deberán gestionar un recurso, el agua, que se hace cada vez más escaso en España como impacto del cambio climático. “Desde 1980 han caído un 12% las aportaciones por precipitación”, cuentan en Transición Ecológica. Y la proyección es que esa tendencia se prolongue. “Un 14% adicional para 2050”, dice la vicepresidenta tercera Teresa Ribera. Estos planes aminoran, por primera vez, el agua que podrá ofertarse: unos 1.300 hm3 menos al año respecto al promedio de 30.000 hm3 cada curso. Un 4,6% menos.
En ese contexto, el Ejecutivo ha respaldado los cálculos y establecimiento por fases de una cantidad de agua que asegure los ecosistemas en el río Tajo. ¿Cuánto afecta al volumen que se bombea por el acueducto desde la cabecera del río a la cuenca del Segura? Fuentes de Transición Ecológica contestan que “los diversos estudios abarcan una horquilla que va desde los 70 a los 110 hm3 al año”.
La idea del Ministerio es crear una oferta mayor “y asegurada, no dependiente de la lluvia” para el regadío del levante de agua proveniente de otras fuentes como el agua regenerada y, sobre todo, desalada. El plan es que las desaladoras del levante aumenten su producción hasta los 110 hm3 en 2026.
Los regantes no quieren ni oír hablar de este plan. Afirman que esa agua es demasiado cara para que sus negocios sean rentables. Este martes se han concentrado en las inmediaciones del palacio de la Moncloa dos semanas después de hacer lo mismo frente al Ministerio. Sin embargo, el Ejecutivo contrapone que cada desaladora tendrá su propio campo fotovoltaico para generar la energía que se precisa para producir agua dulce y de esa manera “reducir los costes entre un 20% y un 25%”. El plan para estas plantas tiene asignados 600 millones de euros.
“Hay un compromiso respecto al precio para que no sea una carga inasumible. Habrá un acuerdo en tanto se ponen en marcha esos proyectos energéticos” asociados a las desaladoras, ha rematado Ribera tras el consejo.
Sin embargo, el presidente del sindicato de regantes del trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, ha declarado que “en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Ministerio, tomaremos el camino jurídico y tenemos preparados a nuestros abogados para que cuando se publique el decreto, se presente un contencioso administrativo y unas medidas cautelares”.
Más allá del acueducto: inundaciones, contaminación y acuíferos
Aunque no lo parezca, la planificación hidrológica de España debe afrontar otros problemas además del agua del trasvase. Así, la crisis climática también ha exacerbado otro fenómeno extremo relacionado con el agua como son las inundaciones. Adheridos a los planes hidrológicos se han aprobado los de gestión de riesgo de inundación en España que ya afecta a más de 2,5 millones de persona que viven en zonas inundables.
De hecho, el país debe lidiar con un problema grave en cuanto a la calidad y la contaminación del agua. Todavía se abona los restos de la sanción impuesta por el Tribunal Europeo debido a la deficiente depuración de aguas residuales en un 25% de las aglomeraciones urbanas. Al mismo tiempo, España está pendiente de juicio europeo por el exceso de contaminación por nitratos –la mayoría desechos agrícolas–. “El 20% de las masas de agua presenta exceso de contaminación” a lo que se le está uniendo nuevas agresiones como los microplásticos y los antibióticos.
Los planes deberán recuperar además los ecosistemas fluviales cuyo estado deja bastante que desear. La mitad de los ríos presenta un mal estado y el 40% de los acuíferos –sobrexplotados para sacar agua para regar y contaminados por nitratos– también.
La exigencia de la normativa europea es que en 2027 las masas de agua españolas tengan un buen estado tanto ecológico, como químico y cuantitativo.