Tras una dura disputa en el seno del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes la 'ley trans' finalmente fusionada con la LGTBI. Arranca así, en plena semana del Orgullo, el trámite del proyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha tensionado a los socios del Ejecutivo durante el último año. La norma, que aún debe pasar por órganos consultivos, volver al Gobierno y de ahí pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva, contempla la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI. Lo harán en base a la libre manifestación de su voluntad y reafirmarán la decisión ante el Registro Civil a los tres meses.
Esta fue la fórmula que finalmente desencalló las duras negociaciones entre el Ministerio de Igualdad, Justicia y la vicepresidencia primera del Gobierno, cuyos desencuentros han atrasado la aprobación del texto. Se une así España a un puñado de países que han despatologizado el reconocimiento de la identidad, como piden varios organismos internacionales, entre ellos Argentina y otros seis en Europa como Portugal, Malta o Dinamarca. La norma reconoce que toda persona mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo. Reforma así la ley de 2007, considerada un hito en su momento, pero que obliga a quienes lo requieran a contar con un informe que les diagnostique disforia de género y estar dos años hormonándose.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en este Orgullo LGTBI “hacemos historia” al dar lo que ha considerado “un paso de gigante en los derechos LGTBI y particularmente lo derechos de las personas trans”. La ministra ha reconocido a los colectivos LGTBI y trans que han empujado por la despatologización en las últimas décadas y ha señalado que ellos y ellas son “las protagonistas” de la ley, pero también “las mujeres feministas de este país”, ha dicho en referencia a la brecha que hay en el movimiento ante esta norma. “Es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llegarán ninguna [...] Hay miles de mujeres feministas en nuestro país, entre las que me incluyo, que estamos convencidas de que siempre que se garantizan los derechos humanos hacemos una sociedad más libre”, ha manifestado.
La pugna por la legislación LGTBI, que finalmente será una sola ley como pedía el PSOE, se ha alargado en el seno de la coalición. El pasado febrero el departamento dirigido por Irene Montero presentó sendos borradores de los que al momento se desmarcó Carmen Calvo, negándose a que se llevara a cabo basándose en la “mera voluntad” de la persona y haciéndose eco de la oposición de un sector del movimiento feminista. El cambio de sexo legal ha sido el principal escollo durante estos meses: los socialistas esgrimían que permitirlo afectaba a la “seguridad jurídica” y llegaron a proponer que se hiciera mediante testigos, pero la autodeterminación era una línea roja para Igualdad y los colectivos LGTBI, que han desempeñado un papel clave y decisivo en la marcha del proceso.
Un avance “a la vanguardia” de Europa
Ninguno de los ministros –también ha comparecido el de Justicia, Juan Carlos Campo y la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero– han querido evidenciar una brecha en la coalición y han cerrado filas en admitir el texto como un avance que sitúa España “a la vanguardia” de Europa, pero la titular de Igualdad sí ha reconocido “debates profundos” y “negociaciones largas y difíciles”. Aún así, a su juicio, estas conversaciones “han dado sus frutos” y la ley “es una muestra de la fortaleza del Gobierno de coalición” y de su capacidad de “dialogar, cumplir con el acuerdo y garantizar que hacemos políticas que mejoran la vida de la gente y amplían sus posibilidades de ser felices”.
“Hoy será un día que va a ser recordado” porque la norma hará “que haya personas que puedan respirar más tranquilas”, ha dicho Campo, que se ha dedicado a explicar algunas cuestiones técnicas de la norma. El ministro ha hecho hincapié en el proceso para modificar la mención registral y ha incidido en que hacer una segunda comparecencia ante el Registro Civil a los tres meses es un mecanismo que “marca la estabilidad en la decisión”. El texto cerrado permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. También da la posibilidad de revertir el cambio a los seis meses, mediante resolución judicial.
En las últimas semanas, y ante la inminente llegada del Orgullo LGTBI, se intensificaron las negociaciones ante el temor de los socialistas de ser vetados en la fecha más simbólica para el colectivo. El PSOE presentó en 2017 una proposición de ley que estuvo a punto de aprobar el Congreso en los mismos términos del borrador de Igualdad, pero su posición ha ido cambiando desde entonces. El pasado junio, un argumentario interno era contundente contra la autodeterminación y aseguraba que carecía de “racionalidad jurídica”. Tras el acuerdo, las consignas repartidas por la dirección aceptan que el texto, que no explicita como tal el derecho a la libre autodeterminación de género, “reconoce la voluntad libremente manifestada” y señalan que el procedimiento en dos fases lo convierte en “plenamente garantista”.
Según han dado a entender tanto Campo como María Jesús Montero, este mecanismo sería el que ha conferido a la norma las “garantías jurídicas” que demandaba la parte socialista del Gobierno. “La ley establece ese derecho a la libre determinación del género, siempre desde la madurez y la estabilidad”, ha manifestado la ministra de Hacienda, en contra de lo que la vicepresidencia primera del Gobierno ha estado recalcando en las últimas semanas. Montero también ha afirmado que “la ley salvaguarda los derechos de las mujeres y reconoce los derechos de las personas LGTBI”.
El inicio del trámite de la norma ha provocado la oposición de parte del movimiento feminista, que ven en la autodeterminación de género una amenaza para las mujeres. También ha reaccionado ya el Partido Popular, para el que la ley “genera una gran inseguridad jurídica” y lamenta que “la radicalidad de Irene Montero se ha impuesto” a Carmen Calvo “y sectores feministas del PSOE”. La portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de depender “de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa” que “siempre consiguen imponer sus planteamientos” y de dejar “a los pies de los caballos a su propia vicepresidenta”.
La norma ha sido duramente criticada también en redes sociales por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha apuntado que “la 'ley trans' transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”, informa Jesús Bastante. En opinión del obispo auxiliar de Valladolid, la futura norma “ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”
“Un primer paso”
Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) Triángulo y Chrysallis el inicio del trámite es un “primer paso para que los derechos del colectivo comiencen su andadura”, y confían en incorporar varias cuestiones en el Congreso y el Senado. Más críticos se han mostrado otros colectivos como la Federación Plataforma Trans o la asociación de familias de menores trans Euforia, que reprochan al Gobierno que la norma se haya dejado por el camino cuestiones como la autodeterminación sin distinción de edad o a las personas no binarias.
El anteproyecto no es al final una ley integral trans, sino que este contenido es parte de una ley LGTBI en forma de capítulo específico. Aunque todas las miradas se han centrado estos meses en el cambio de sexo legal, también incorpora otras medidas. Así, incluye protocolos específicos en el ámbito de la salud para la atención a las personas trans, prohíbe las llamadas terapias de conversión, que normalmente en forma de terapias psicológicas se destinan a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, o prohíbe las cirugías por motivos no médicos a personas intersexuales.
Se pone fin además a dos discriminaciones largamente esperadas por las mujeres lesbianas y bisexuales: la derogación de la orden ministerial que aprobó el PP en 2014 y que las excluyó de las técnicas de reproducción asistida y permitir a las parejas de mujeres que puedan filiar a sus hijos e hijas en el Registro Civil sin obligación de casarse, como ocurre actualmente. Las personas trans con capacidad de gestar también serán incluidas en las técnicas de reproducción asistida.
La norma se ha reducido considerablemente respecto a los borradores elaborados por Igualdad: se han eliminado los incentivos directos a las empresas que contraten personas trans, o la inclusión de la hormonación de los menores en la cartera básica de servicios, uno de los puntos de mayor fricción. Esto implica que, como ocurría hasta ahora, ello dependa de la regulación que hagan las comunidades autónomas. En la mayoría, confirman los colectivos LGTBI, ya se puede acceder a bloqueadores hormonales al inicio de la pubertad y hormonas a partir de los 16. También ha renunciado el texto a incorporar cuestiones que afectaban a las personas no binarias que sí contemplaba Igualdad.