El Gobierno aprueba este martes la ley de protección a los menores en entornos digitales

Madrid, 25 mar (EFE).- El Gobierno aprueba este martes la ley de protección de menores en entornos digitales que tipifica como delito la difusión sin autorización de imágenes pornográficas generadas por inteligencia artificial, crea una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores e incluye formación para que alumnos y profesores hagan un uso responsable de internet.

El proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, en el que han intervenido los ministerios de la Presidencia, Juventud e Infancia, Transformación Digital y Derechos Sociales, vuelve en segunda vuelta al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Propone crear una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores en entornos digitales y reformar el Código Penal para penalizar las 'ultrafalsificaciones', la difusión de imágenes o audios falsos de contenido sexual o vejatorio generadas con inteligencia artificial, según recoge el anteproyecto aprobado por el Gobierno el pasado 4 de junio.

La norma contempla reformas legales, como agravar las penas cuando el infractor usa identidades falsas y elevar de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal en su acceso a redes sociales.

Con la ley se quieren garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, así como la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados para su edad.

El Gobierno incorpora a los pediatras para la detección de adicciones y situaciones de riesgo de los menores en internet.

También propone un plan de alfabetización digital y educación en ciudadanía digital desarrollado por las administraciones competentes para que desde Primaria los alumnos reciban clases para combatir bulos y hacer un uso responsable de internet.

La ley contiene también medidas para mejorar el conocimiento sobre el ámbito digital de los menores y de sus familias, como campañas de sensibilización sobre los riesgos y los derechos de los menores.

Establece medidas para el sector público y para las empresas tecnológicas, como obligar a que móviles y dispositivos electrónicos incorporen de fábrica un control parental gratuito.