Tres años tarde. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que llevaba sin actualizar desde 2012. Ese año finalizaba el periodo de implantación del plan análogo que había sido aprobado en 2008 por la entonces ministra socialista de Igualdad Bibiana Aído, en la época de Zapatero. Desde entonces, Sanidad no ha desarrollado ningún tipo de proyecto para luchar contra este tipo de trata específica, algo que Saenz de Santamaría ha calificado en rueda de prensa como “la esclavitud del siglo XXI”.
El Gobierno ha esperado a presentar su plan a pocos meses de la celebración de las elecciones generales y lo hace a cinco días de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Hasta ahora, la única referencia de actuación que el Ministerio de Sanidad contemplaba en su web era el plan del gobierno socialista.
El Ejecutivo destinará a este proyecto 104 millones de euros, según ha especificado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso. El presupuesto será ampliable con los fondos procedentes de la incautación de los bienes a los delincuentes. Alonso ha cifrado en 23 millones de euros lo incautado en estas redes en 2013 y 2014.
El objetivo, ha dicho, es que el dinero se destine a las víctimas de trata y a las organizaciones que luchan contra ella, “algo que ya vemos con el narcotráfico, donde lo incautado se emplea para la erradicación del tráfico de drogas y en la prevención y tratamiento de adicciones”. El ministro, que solo ha esbozado las líneas generales del plan, no ha detallado ninguna de las medidas concretas que lo incluyen y ha avanzado que organizará una presentación pública el próximo miércoles.
El plan contará con 143 medidas agrupadas en cinco ejes que inciden en la detección de las situaciones de trata, la sensibilización, la protección a la víctima y la persecución del delito, de acuerdo con lo que ha avanzado el ministro. Sin embargo, las organizaciones sociales de lucha contra la trata siguen insistiendo en que esta vulneración de derechos no puede afrontarse si no es con una norma con rango de ley, lo que implicaría el obligado cumplimiento por parte de las instituciones.
Además, hacen hincapié en que esta legislación debería ser realmente integral, de forma que contemple otras manifestaciones del delito de trata como la explotación laboral. Varias organizaciones han denunciado que este tipo de planes dejan desatendidas a las personas explotadas en otros sectores laborales como la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la mendicidad, los matrimonios forzosos...