El Consejo de Ministros ha aprobado la hoja de ruta que marcará por dónde va a ir la política farmacéutica de los próximos años en España. El Gobierno, a través de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 elaborada por los ministerios de Sanidad, Hacienda, Industria y Ciencia, pretende fijar unas nuevas reglas del juego basadas en la “colaboración público-privada” pero más favorables al Estado. El plan se basa en el mismo paradigma que la nueva ley de Industria, aprobada también este martes.
“Se implantarán medidas legislativas y no legislativas que favorezcan un mayor liderazgo público en toda la cadena del medicamento, una mayor prioridad de la salud del paciente en la investigación y una mayor autonomía estratégica del sector”, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones remitidas por el Ministerio a los medios.
La estrategia busca acabar con un modelo centrado “en la capacidad de oferta de la industria” –una relación “cliente-proveedor”– para transformarlo en un “sistema donde las necesidades de salud de la población sean el motor principal”, de manera que sean las instituciones públicas las que “orienten las prioridades de la próxima década” en enfermedades crónicas, terapias avanzadas o medicina de precisión.
“La demandas de los pacientes –ha añadido García– están por encima de la oferta de las compañías”. Esto se traduce, en la práctica, en que el Estado tendrá más capacidad para impulsar líneas de investigación que interesen a España mediante contratos de colaboración o “memorandos de trabajo” con las grandes farmacéuticas, concreta la estrategia.
Un comité para evitar el bilateralismo
El documento crea dos comités interministeriales. Uno de seguimiento para supervisar que la estrategia se cumple a nivel gubernamental y otro mixto, donde Sanidad, Hacienda, Industria y Ciencia puedan discutir con la industria en un marco de “cooperación y el diálogo entre el sector público y privado”. Este último comité aterriza como un modo de neutralizar las presiones bilaterales de algunas marcas con los ministerios. También se funda una Alianza para la Estrategia: “un espacio que reúne al Comité Interministerial con agentes públicos y privados para impulsar la participación y el trabajo conjunto”.
La estrategia incluye estas seis medidas fundamentales, que irán aterrizándose normativamente en diferentes leyes y reales decretos: “Crear un sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias y la financiación y fijación de precio de medicamentos”, “fomentar el uso de medicamentos genéricos y biosimilares”, “incrementar la financiación en investigación clínica y preclínica”, “reforzar las estructuras de soporte críticas en investigación clínica y preclínica” e “impulsar la regulación y la autonomía estratégica”.
España es el cuarto mercado farmacéutico de la Unión Europea en términos de facturación y el noveno a nivel mundial. La industria farmacéutica invirtió 1.400 millones de euros en investigación y desarrollo en 2022, sobre todo en investigación clínica (834 millones de euros). Además, el territorio español además es el tercero del mundo –solo por detrás de Estados Unidos y China– donde más ensayos clínicos se realizan.
El Ministerio de Sanidad ha manifestado en varias ocasiones su intención de mejorar la transparencia en las relaciones entre el Estado y la industria, de manera que el primero tenga un mayor margen de control y decisión en las negociaciones. En los próximos meses, una vez se apruebe el nuevo real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, las compañías tendrán que rendir cuentas sobre cuánto les cuesta producir, investigar y desarrollar un producto como parte del proceso ordinario de evaluación para incluirlo en el Sistema Nacional de Salud. Las negociaciones entre las instituciones sanitarias y las farmacéuticas encierran todavía opacos procesos.