El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de residuos que prevé, entre otras cosas, introducir un impuesto para los envases de un solo uso, es decir, no retornables que se fabriquen o introduzcan en el mercado español, según ha explicado este martes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Este impuesto será indirecto y lo deberán abonar los fabricantes o importadores con una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que supondrá 724 millones de euros al año. Ribera ha insistido en que “no es la primera vez que aparece la necesidad de un impuesto específico para el plástico. Incluso en la Unión Europea se ha propuesto para el presupuesto comunitario. La fiscalidad ambiental en España está lejos del 2,4% de la media de la OCDE”.
El texto también obligará a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo además de la embotellada. La norma, revisada en primera vuelta, tiene todavía un largo recorrido hasta llegar a la Cortes y ahí le espera todo el trámite parlamentario. El Gobierno espera que la ley esté en el BOE “a finales de 2020 o el primer trimestre de 2021”.
El anteproyecto intenta reducir la generación de residuos, especialmente de plástico, de ahí la medida para paliar el consumo de agua en botellas. Pero también establece la prohibición de la venta de utensilios de un solo uso como pajitas, cubiertos o platos a partir del 3 de julio de 2021. En este sentido, los locales de comida rápida deberán cobrar por separado, desde 2023, los paquetes, vasos o tapas de plástico que dispensen a los clientes, como ocurre ahora con las bolsas.
Cada año se vierten ocho millones de toneladas de residuos a nuestro mares. Ese volumen daría para que cada 30 centímetros en la superficie de la Tierra se encontraran cinco bolsas de la compra llenas de plástico“, ha dicho la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Los envases desechados por los hogares españoles equivalen a llenar con ellos 45 veces al año el estadio Santiago Bernabéu, ha ilustrado Ribera.
Esta normativa pretende que se recorte en un 15% la cantidad de desechos que crea la economía española respecto a los niveles de 2010 dentro de diez años (supone eliminar 20 millones de toneladas sobre los 137 millones de referencia). También que el 60% de los residuos municipales se reciclen de alguna manera y no acaben en vertederos o incinerados.
Este plan se encuadra en la Estrategia de Economía Circular 2030 a la que ha dado el visto bueno el Consejo este martes cuyo objetivo es promover el reaprovechamiento de materiales. La estrategia indica que, en esos diez años debe rebajarse un 50% el desperdicio de alimentos, mejorar un 10% la eficiencia en la gestión del uso del agua y llevar las emisiones de CO por debajo de los 10 millones de toneladas.
España apenas recicla un 37% de todos los materiales que utiliza lo que implica un desperdicio enorme de recursos “en un contexto de escasez de materias primas”, explica la estrategia aprobada. El orden de prioridades que establece el anteproyecto de ley a la hora de gestionar residuos es: prevención -no generarlos-, reutilizacion, reciclaje, revalorización y, solo como último recurso, el vertedero.