El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la ley del aborto que intentará acabar con los obstáculos en su acceso identificados hasta ahora y extiende los derechos sexuales y reproductivos. La norma, que es una ley orgánica por la que se modifica la 2/2010 vigente, entierra los retrocesos que el PP llevó a cabo con el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años y busca llevar las interrupciones voluntarias del embarazo a centros públicos. Pero no solo es una ley de aborto, sino que va más allá y reconoce el derecho a la salud menstrual o refuerza el acceso a la anticoncepción.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha llevado a la reunión el texto junto al Ministerio de Sanidad, ha asegurado en la rueda de prensa posterior que se trata de una norma “que amplía derechos” y “da un paso decidido para garantizar” el acceso al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Las instituciones asumimos la responsabilidad de dejar atrás los estigmas y prejuicios sobre los cuerpos de las mujeres”, ha añadido la ministra.
El texto inicia así su trámite, que el Gobierno quiere llevar por la vía de urgencia con la intención de que entre en vigor antes del fin de la legislatura. Aun así, todavía deberá recabar los informes de los órganos consultivos para volver al Consejo de Ministros e iniciar su camino en el Congreso y el Senado, donde puede sufrir cambios.
La ley admite que España “ha avanzado sustancialmente en esta materia” muy especialmente por la ley de plazos aprobada por Zapatero en 2010, que estableció el aborto libre hasta la semana 14. Sin embargo, doce años después, hay elementos que frenan el ejercicio del derecho que se pretenden subsanar, entre ellos, la inequidad territorial que hace que miles de mujeres deban desplazarse cada año de sus provincias para poder someterse a la intervención o la realización mayoritaria de los abortos en clínicas privadas concertadas, donde se realizan el 85% de las intervenciones.
La idea es cambiar el modelo progresivamente y que los centros públicos asuman el servicio directamente. Para ello, las comunidades deberán realizar un registro de objetores de conciencia, obliga a los servicios sanitarios a “garantizar siempre” que cuentan con personal sanitario suficiente para hacer abortos y establece como requisito que las intervenciones se lleven a cabo solo “excepcionalmente” en un centro privado acreditado. En lo que respecta al aborto, la norma devuelve además el derecho a interrumpir el embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. “La mayoría confiarán en sus progenitores, pero la decisión será suya”, ha asegurado Montero.
Además, se elimina la obligación de recibir información sobre maternidad y retrasar la decisión tres días a modo de “plazo de reflexión” como requisitos. “Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, pero el Estado no obliga y no duda de su decisión”, en palabras de la ministra.
Los ministros del Gobierno han visto este martes el texto después de que la semana pasada las negociaciones saltaran a la esfera pública con la filtración del borrador del Ministerio de Igualdad. Centraron la discusión algunas medidas como las bajas por reglas incapacitantes, que los socios de la coalición sí lograron cerrar, o la reducción del IVA de los productos para la regla, que finalmente se ha descartado tras la oposición del Ministerio de Hacienda. El permiso preparto, que el departamento de Irene Montero proponía desde la semana 36 se ha incluido desde la 39, la última de embarazo.
La ley reconoce por primera vez la salud menstrual como “parte inherente” de los derechos sexuales y reproductivos y obliga a los poderes públicos a “combatir” los estereotipos sobre la regla “que impactan negativamente en el acceso o el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas”. En este ámbito, el Ministerio de Sanidad deberá establecer estándares de atención a la salud menstrual y se regulan como incapacidades temporales especiales las bajas por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social. Además, se prevé el reparto de productos para la regla en centros educativos, servicios sociales y prisiones.
La norma pretende que los contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos entren de una vez por todas en las aulas, con una perspectiva basada “en el consentimiento” y el fomento de relaciones de buen trato. En este marco, se deberá abordar de forma específica la educación menstrual y hacerlo de una manera “integral” en los centros educativos para intentar combatir “los mitos, prejuicios y estereotipos de género que general el estigma menstrual”.
Otro de los ámbitos que la norma prevé reforzar es el del derecho a la anticoncepción, y no como una cuestión que solo atañe a las mujeres. Para ello las administraciones tendrán que poner en marcha políticas públicas destinadas a la “corresponsabilidad en la anticoncepción” y se comprometen a investigar y, en su caso, comercializar anticonceptivos para hombres. Además, los centros de salud pondrán a disposición la píldora del día después de forma gratuita mientras que los servicios sociales y prisiones y los centros educativos en el marco de campañas de educación sexual podrán distribuir preservativos.
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