El Gobierno asume la investigación de los abusos sexuales de la Iglesia que los obispos amenazan con boicotear

Ha llegado la hora de investigar los abusos sexuales que durante décadas cometió la Iglesia católica en España. Es la conclusión del Gobierno ante la presión de los testimonios de víctimas que se han multiplicado en las últimas semanas, la presentación de una solicitud de comisión de investigación en el Congreso a instancias de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu y las iniciativas que otros países están llevando a cabo. La duda que tienen los socialistas, que hasta ahora se habían negado a abrir una investigación, es el formato a utilizar. Pedro Sánchez tiene varias fórmulas sobre la mesa. “Está por decidir”, expresan fuentes socialistas que ven con buenos ojos una comisión independiente de expertos que indague en los casos de pederastia y que aleje a las víctimas de la lucha partidista habitual en el Parlamento. Esas mismas fuentes aseguran que las negociaciones con la Conferencia Episcopal para asuntos como el régimen fiscal o las inmatriculaciones no interferirán para llevar a cabo el estudio, aunque los obispos amenazan con torpedear las pesquisas.

En una reunión del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, el socialista le trasladó la “preocupación” del Gobierno sobre los casos de abusos sexuales a menores. Pero no pasó de ahí hasta que el duro testimonio del escritor Alejandro Palomas llevó a Pedro Sánchez a mover ficha. Tras una conversación telefónica con el novelista, el presidente del Gobierno se comprometió a reunirse con víctimas de abusos sexuales, un encuentro que está pendiente de fecha por el viaje que Sánchez va a emprender a Emiratos Árabes Unidos, aunque la intención de Moncloa es que sea esta misma semana. Para entonces el Gobierno pretende tener preparada la respuesta sobre cómo llevar a cabo esa investigación.

En paralelo a estas gestiones, la Fiscalía ha abierto su propia investigación, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El ministerio público ha pedido a las fiscalías superiores de todas las comunidades autónomas que le remitan todas las denuncias y querellas que se estén tramitando sobre agresiones y abusos sexuales a menores en instituciones religiosas. Esta decisión ha provocado “indignación” en el seno de la Conferencia Episcopal, que no la conocía previamente. Fuentes episcopales han manifestado a elDiario.es su sorpresa y creen que la investigación tiene poco recorrido.

Esta iniciativa de la Fiscalía no sustituye a la que está analizando el Gobierno. “La actuación de la Fiscalía General del Estado en relación a la recopilación de procedimientos penales en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores en instituciones religiosas, se enmarca en el ámbito de su autonomía y de sus competencias. Esas actuaciones no agotan las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse. Estas medidas podrán incluir iniciativas parlamentarias”, ha señalado la Secretaría de Estado de Comunicación en un comunicado tras conocerse la decisión del ministerio público. “Seguimos viendo la mejor opción. Lo vamos a hacer y lo haremos bien”, afirman fuentes gubernamentales.

Los socialistas ya han dado un paso al avalar la tramitación de la comisión de investigación impulsada, entre otros, por su socio de Gobierno. Es un primer trámite meramente formal aunque en el partido no convence el formato ni el contenido planteado por Unidas Podemos y el resto de grupos. El PSOE no descarta terminar apoyando la puesta en marcha de ese órgano parlamentario, pero se inclina por modificar la fórmula para evitar que un asunto tan grave acabe banalizándose en el toma y daca parlamentario.

Las fórmulas posibles y el bloqueo de los obispos

Una de las fórmulas alternativas que está sobre la mesa es impulsar una comisión con expertos independientes “de prestigio” en la línea de lo que ha planteado el PNV, que tampoco ve en el Congreso el marco adecuado, e involucrar al Parlamento de alguna forma o incluso presentar su propia propuesta de comisión de investigación pero en términos distintos a los de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Fuentes socialistas apuntan a que tendrán la decisión tomada para el momento en el que la Junta de Portavoces del Congreso tenga que decidir si incluye la petición de sus aliados en el Pleno para así poder justificar el sentido de su voto.

Unidas Podemos ha intensificado la presión este lunes al reunirse con víctimas de abusos que han instado a socialistas y nacionalistas vascos a secundar la iniciativa: “Se está con las víctimas o con los victimarios. Con las víctimas y el Papa o los victimarios y la Conferencia Episcopal”, informa Íñigo Aduriz.

Los obispos están decididos a no ponerlo fácil: se quejan de una campaña política y mediática, que se ha agravado tras la fallida escenificación de un acuerdo Iglesia-Gobierno en el conflicto de las inmatriculaciones. Pese a que por el momento no hay prevista una toma de postura oficial, el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, denunció “un uso mediático, un uso político en estas últimas horas”. “Eso nos preocupa [....] nos parece especialmente doloroso que se pudiera utilizar, incluso, la situación de las víctimas en la disputa política, en la confrontación propia del Parlamento o de la vida social y política española”, agregó en una entrevista con los medios vaticanos después de participar en la visita Ad Limina con el Papa Francisco.

Argüello lamentó que la polémica sigue “sin abordar la problemática de los abusos en el conjunto de la sociedad”, en la misma línea que se ha pronunciado el PP. Pablo Casado se ha mostrado partidario de que la pederastia en la Iglesia Católica sea investigada “internamente” y ha cuestionado que el Congreso tenga competencias para investigarlo, pese a que un informe de los letrados de la Cámara ya lo ha avalado. Casado ha señalado que su partido solo apoyará una comisión parlamentaria sobre los abusos siempre que se extiendan “a todos los casos de pederastia o pedofilia, se hayan cometido donde se hayan cometido”. “Sea la institución que sea”, ha dicho, informa Aitor Riveiro.

La Iglesia se acoge a los acuerdos con el Estado para blindar los archivos

Los obispos están dispuestos a boicotear una comisión de investigación en el Congreso. “Nacería muerta”, diagnostica un funcionario de la Casa de la Iglesia (sede de la Conferencia Episcopal) a la pregunta, que oficialmente los obispos no quieren responder, sobre cómo actuará la CEE si, finalmente, el Parlamento le da luz verde: “Los obispos tratarán de evitar ser llamados a declarar y, si lo hacen, no contestarán a las preguntas. Y, sobre todo, porque los archivos eclesiásticos son inviolables por los Acuerdos Iglesia-Estado”.

En buena parte del episcopado se ha asentado la idea de que existe una 'campaña' contra la Iglesia, que hunde sus raíces en la pederastia, pero que también ha tenido su capítulo especial a cuenta de las inmatriculaciones. A pesar del acuerdo aireado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre ese asunto tras la visita de Sánchez a Añastro, no se han producido los efectos deseados por Moncloa y los obispos llegaron a usarlo para intentar dejar en rídiculo al Ejecutivo al hacer una lectura completamente distinta respecto a los bienes incorrectamente puestos a su nombre.

Los datos alejan la idea de una campaña intencionada para señalar la inacción de la Iglesia española, prácticamente la única en Europa que no ha impulsado una investigación interna. Solo nueve de las 31 diócesis implicadas en el informe que el diario El País entregó a Bergoglio –Madrid, Cartagena, Bilbao, Zamora, Barcelona, Ávila, Orihuela-Alicante, Santiago de Compostela y Teruel– han solicitado información sobre los abusos denunciados en sus territorios. 

Diferencia de los obispos y las congregaciones religiosas

Es una realidad muy distinta a la de las congregaciones religiosas, que ya la semana pasada tuvieron un encuentro de superiores mayores y que se han puesto manos a la obra. “Nuestra primera reacción, y por respeto a las víctimas de estos abusos, queremos pedir perdón por no haber obrado correctamente en algo que, como entidades de Iglesia, deberíamos haber cuidado, como son los espacios seguros y de confianza para nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables”, subrayaba su secretario general, Jesús María Zamora. Los religiosos se comprometían a investigar: “Es nuestro compromiso con el Evangelio y queremos hacerlo bien, aunque cueste y sea doloroso”. “Seguiremos incrementando los contactos para ver cómo hacerlo y veremos a ver qué sale... No sé si será una comisión independiente o qué, pero vamos a seguir hablando para intentar resolver las cosas cuanto antes”, sostuvo Zamora en una entrevista con la Agencia Efe.

La actitud de las congregaciones religiosas contrasta con la tesis de la Conferencia Episcopal, que sigue considerando poco fiables los datos aportados al Papa y al cardenal Omella por el diario de Prisa. De hecho, en la carta que Argüello envió a los obispos junto con la investigación del diario, se aseguraba que “el informe mezcla denuncias muy creíbles y rigurosas con otras sin rigor ni forma de investigar. Eso daña a las víctimas verdaderas, que aparecen entremezcladas con situaciones que hacen dudar de todo el informe”.

El escrito del obispo criticaba, además, que tenga que ser la Iglesia quien deba comunicarse con las víctimas, y no al contrario: “El País debería enviar las acusaciones a las congregaciones y a las diócesis correspondientes, señalando también el nombre y el contacto de quien acusa, para que puedan hacer una investigación preliminar y enviar el caso a Roma. En caso de prescripción, la diócesis decide si solicita levantar la prescripción y si podría ser verosímil. De no entender esto, se podría pensar que el interés no está en sanar a las víctimas sino en atacar a la Iglesia”, recalcaba el portavoz de la CEE.

Uno de los mayores expertos en la lucha contra la pederastia en la Iglesia, el jesuita Hans Zollner advirtió, en una entrevista en la RAI, que la Iglesia se enfrenta a dos opciones frente a la exigencia de la opinión pública de crear comisiones sobre los abusos. “O decide crearlas por su cuenta y ordenar la investigación a personas independientes, como ha ocurrido en Francia o Alemania, o llegará un momento en el que se verá obligada por el Estado a adherir a estos procesos”.

“Si no es la Iglesia quien comienza a arrojar luz sobre estos hechos, serán otros quienes gestionen este asunto”. En España, algunos partidos ya han propuesto que sea el Congreso y el Gobierno ha cogido el guante.

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