El Gobierno financiará la protección del lobo, pero el dinero no aplaca a las comunidades que defienden su caza

El Gobierno asume que tendrá que poner dinero para financiar junto a las comunidades autónomas la protección general del lobo. Fondos para indemnizar posibles daños, pero también sostener las explotaciones ganaderas que convivan en zonas loberas. “No puede ser que recaiga sobre los ganaderos la gestión de la biodiversidad y solo con los presupuestos de las comunidades autónomas”, afirma en una conversación con elDiario.es el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El plan para catalogar el lobo como especie de interés en toda España (ahora lo es al sur del Duero) e impedir así la caza comercial de ejemplares exigirá presupuesto destinado al sector ganadero. “En Francia manejan unos 30 millones de euros al año para la coexistencia de la ganadería y los grandes carnívoros”, calcula Morán, que considera que esa puede ser una cifra válida de partida para hacer los cálculos en España. “Hasta ahora no ha habido ni un euro en los Presupuestos Generales para esto”.

¿Y de dónde saldrá el dinero? En Transición Ecológica recuerdan que el Ministerio de Agricultura ha informado de que la Política Agraria Común de la Unión Europea va a permitir destinar fondos a la convivencia entre ganado y lobos u osos.

Sin embargo, Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León rechazan este proyecto y han decidido conformar una alianza de oposición. “Esto no es cuestión de unas comunidades autónomas frente a otras o frente al Gobierno. La decisión viene avalada por un comité científico y el Ministerio siempre va a estar alineado con la ciencia. No tengo la falsa expectativa de que esto se resuelve a base de presupuesto, pero sí ayuda”, insiste el secretario de Estado mientras analiza la batalla política que se ha desatado después de que la Comisión Nacional de Biodiversidad votara, por poco, a favor de catalogar la especie.

“Razones estrictamente ideológicas”

El nuevo estatus para el lobo ha puesto de uñas a los gobiernos de estas cuatro comunidades que se colocan con el sector ganadero, el cual sostiene que la actividad económica necesita poder matar lobos para subsistir. La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, se reunió este lunes con los representantes autonómicos. No parece que la presión política haya aflojado mucho.

El consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Enrique Blanco (PRC), repitió este martes en el parlamento regional, 24 horas después de hablar con Ribera, la idea de que se prepara una “guerra civil” del lobo y que el Ejecutivo “no tiene datos ni argumentos. Lo hace por razones estrictamente políticas e ideológicas”. No le ha gustado que se ponga presupuesto a disposición del plan: “No se soluciona con dinero. Es un insulto”, dijo. Y criticó que pueda destinarse dinero de la Política Agraria Común. Blanco obtuvo el respaldo unánime de los grupos parlamentarios para rechazar el programa de Transición Ecológica, incluido el PSOE cántabro.

También este martes, el Parlamento gallego aprobó una petición a la Xunta para que intente hacer paralizar la extensión de la protección al lobo. La propuesta fue del PP gallego, pero tuvo el voto favorable del PSdeG. Los socialistas también pidieron que el Gobierno de Núñez Feijóo “incremente” las indemnizaciones por daños a la ganadería y que se agilice el proceso: “Tardan dos años” en pagar, añadieron.

El encargado de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñonez, insistió este lunes en que “el lobo ya está suficientemente protegido con nuestro plan de gestión”. Lo cierto es que el Tribunal Supremo anuló en diciembre de 2019 el plan diseñado y aplicado desde 2016 por Castilla y León que incluía la caza comercial como herramienta de gestión. Suárez-Quiñones afirmó también que “los ganaderos de las zonas con lobo van a tener muchos problemas para mantener la ya comprometida viabilidad de sus explotaciones”.

“Un sudoku que genera confusión y malestar”

Hugo Morán entiende que la gestión del lobo y la ganadería en España “es un sudoku que genera confusión y malestar”. Argumenta que “es un sistema caótico en el que, dependiendo de en qué comunidad esté el ganadero, puede acceder a ayudas para la coexistencia o no. Y que una misma res se compense con 250 o 500 euros dependiendo de la geografía. Pueden tener que esperar dos años a la indemnización o solventarse en dos semanas. Los ganaderos no pueden estar satisfechos porque les genera agravios territoriales y desconfianza en el futuro”.

La situación legal del lobo ibérico es, cuando menos, variopinta. Protegido al sur del Duero, al norte del río sí se considera una especie cazable “algo que solo se repite en Grecia y Bulgaria dentro del contexto de la Unión Europea”, explica Morán. En Portugal, la especie tiene una gestión parecida a la que se aplica en el sur español. En Cataluña y Aragón se detectan ejemplares de lobo, “pero provienen de los grupos italianos, no son ibéricos”, matiza el secretario de Estado.

“Parece razonable concluir que el modelo actual ha fracasado: tiene insatisfechos a todos, los ganaderos y los conservacionistas. Si a eso se añade que la ciencia dice que es un modelo malo, no sé cómo puede defenderse más”, resume el secretario.

Con todo, el Gobierno tiene un asunto espinoso encima de la mesa. Tanto como para que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, hayan planeado una comparecencia conjunta el 25 de febrero en el Senado para explicar el proyecto. “O somos conscientes de que hay que solventar la crisis de biodiversidad, como ha clamado la ONU, o vamos muy mal. Y las administraciones, central y autonómicas, tienen que hacer su parte. Eso basta para que los ministros comparezcan: para que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando más allá de debates estériles que están surgiendo estos días”, incide Morán.

El calendario avanza. La norma para declarar el lobo especie de interés en todo el territorio ha comenzado su camino administrativo después del visto bueno de la Comisión de Biodiversidad. Los planes de Transición Ecológica son que para septiembre se haya culminado la nueva estrategia de gestión del lobo que debe incluir el nuevo estatus legal, el veto a la caza generalizada y las ayudas económicas a la ganadería. “Que al comienzo de la próxima temporada de caza mayor [como es considerada el lobo] esté resuelto”.