La Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a la investigación que mantenía abierta sobre las 'terapias de conversión' de la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares (Madrid). Tres años después de que este diario hiciera pública la existencia de estas sesiones contra las que se presentaron varias denuncias, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social ha descartado sancionar a la institución dirigida por José Antonio Reig Plá argumentando que las pruebas aportadas pueden vulnerar “el derecho a la intimidad” de la supuesta terapeuta que impartía los tratamientos.
Así figura en las notificaciones que acaban de recibir las organizaciones y partidos que denunciaron, entre ellas FACUA, Más Madrid y Arcópoli. La Consejería ha decidido cerrar el periodo de información previa y “no incoar procedimiento sancionador alguno” a pesar de que son terapias prohibidas por la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de Madrid, que califica su promoción como una infracción “muy grave” sujeta a multas de hasta 45.000 euros. El Ejecutivo autonómico, en manos entonces de Ángel Garrido, comenzó la investigación el 2 de abril de 2019, pero hasta ahora nada habían sabido los denunciantes del proceso a pesar de las múltiples peticiones de información. Las notificaciones están fechadas este 18 de abril, pero los textos reconocen que el acuerdo se adoptó hace cinco meses, el pasado 5 de noviembre.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basa su decisión en un informe emitido por el servicio jurídico de la Consejería, que propone cerrar el expediente al considerar que las pruebas recabadas por este diario durante la investigación “pueden afectar al derecho a la intimidad”: “Las circunstancias periféricas de la grabación implican que se han rebasado las expectativas de privacidad” de la persona que ha sido grabada, reza el informe. Se refiere a la trabajadora de la diócesis de Alcalá que impartía las sesiones, en las que vinculaba la homosexualidad a “pequeñas taras” y “heridas afectivas” que debían ser “sanadas” y a una vida “de sufrimiento” y “degradación”.
El periodista Ángel Villaescusa se infiltró en una de estas terapias y recabó las pruebas que demostraban que su objetivo es que quien acudiera dejara de ser homosexual, pero estas han sido calificadas por el servicio jurídico autonómico de “ilícitas”, ante lo que ha propuesto no incorporarlas al procedimiento. Además, asegura que no eran “necesarias” para satisfacer el interés general “aplicando el canon constitucional de proporcionalidad en su contraste con los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen de la persona afectada”.
Un portavoz de la Consejería reconoce a elDiario.es que, en base a la Ley LGTBI madrileña, “una terapia de este tipo es ilegal”, pero aduce, en la misma línea, que las pruebas aportadas se obtuvieron “sin el consentimiento” de los interlocutores. “Se decidió no acordar la incoación al no haberse obtenido, de acuerdo con el canon de legalidad exigible, prueba de cargo suficiente que permita el decaimiento del derecho a la presunción de inocencia”, argumentó este lunes el viceconsejero de Política Social, Luis Martínez-Sicluna. Esta argumentación es la que la Consejería, en manos de Concepción Dancausa, remitió al Defensor del Pueblo, lo que motivó que también cerrara el procedimiento.
La indignación de los denunciantes
Las organizaciones y partidos que presentaron las denuncias en su momento muestran su desacuerdo con la decisión, que califican de “absolutamente indecente”, en palabras de Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid que llevaba desde 2019 intentando sin éxito saber en qué punto se encontraba el expediente. “Es un caso de enorme gravedad sobre el que existen pruebas y víctimas dispuestas a prestar declaración. Es insólito que después de tres años den carpetazo a la investigación”, explica Rubiño, que llevó este lunes a la Asamblea de Madrid el caso de Iván León, un joven católico que acaba de publicar un libro en el que narra la experiencia que vivió en una de estas intervenciones.
La indignación es compartida por la organización de consumidores FACUA, que también interpuso denuncia en 2019, y que anuncia que recurrirá el archivo del proceso. Rubén Sánchez, su secretario general, considera “surrealista” y “un disparate” que la Comunidad recurra al derecho a la intimidad “de quienes cometen irregularidades” para cerrar el caso y lamenta “el uso torticero de este derecho para proteger los intereses de los que están llevando a cabo prácticas que son absolutamente aberrantes”.
La argumentación es también “falsa” para Rubiño, que denuncia que el Gobierno de Ayuso “ha dilatado los plazos y no ha comunicado en tiempo y forma a los denunciantes la resolución”, que la Secretaría General Técnica acordó hace casi medio año. Los tiempos del Gobierno autonómico con el asunto de las terapias de conversión también sorprendieron con el caso de la coach que las ofrecía por Internet. La organización LGTBI Arcópoli la denunció en 2016, pero no fue hasta el 2 de abril de 2019, coincidiendo con el escándalo de Alcalá, cuando la comunidad abrió el proceso sancionador. En julio de 2021, la Justicia anuló la multa por la paralización injustificada del proceso.
Desde la organización LGTBI Arcópoli, muestran su preocupación por el cierre del expediente, una decisión que califican de “especialmente grave” porque “da alas para que el Obispado siga operando así”, lamenta Emma Solano Dueñas, coordinadora del colectivo. “No sólo es grave por el daño que estas terapias hacen a las víctimas, que muchas veces necesitan asistencia psicológica después, sino también por el grave estigma que supone para las personas LGTBI en general, ya que históricamente se ha buscado ”curarnos“ y volvernos ”normales“”, añade.
Este tipo de tratamientos destinados a modificar la orientación sexual han sido duramente criticados por las organizaciones de psicología a nivel internacional. En España, el Consejo General de la Psicología ha constatado que estas sesiones “suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio” y las ha calificado de “soluciones falsas, milagrosas y evidentemente ineficaces”. Lo mismo hizo en 2009 la American Psychological Assotiation (APA), cuando declaró inadmisible que los profesionales de la salud mental las ofertaran.
Las celebradas en el Obispado de Alcalá de Henares, a las que Iván León asistió, eran llevadas a cabo en un despacho del Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que pertenece a la diócesis y que está dentro del mismo complejo religioso. “El discurso se basaba en que una vez que entras en esta dinámica de lo que llamaban 'vida gay', empiezas a meterte en una espiral de todo tipo de depravaciones y lo vinculaban bastante habitualmente con la pederastia”, recordaba el joven en una entrevista con elDiario.es.