El Gobierno paralizará la ley de toros de Baleares que impide dar muerte o maltratar al animal durante las corridas. El Ejecutivo decidió recurrir al Tribunal Constitucional la norma aprobada este lunes en el Parlamento regional y así se lo ha comunicado ya al Ejecutivo de las islas. Un recurso gubernamental conlleva la suspensión cautelar y automática de la norma una vez admitido a trámite.
El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha comunicado esta mañana en Madrid a la consejera de Cultura balear, Fanny Tur, que el Gobierno acudirá al Constitucional porque entiende que la nueva ley autonómica vulnera la tauromaquia como bien cultural y que el Estado tiene el deber de proteger ese patrimonio.
El Parlament balear aprobó el pasado lunes una normativa sobre corridas de toros por las que las reses no pueden ser maltratadas, heridas o muertas. Las faenas no pueden durar más de diez minutos y solo está permitido el uso de capotes y muletas. Nada de estoques, banderillas, pullas o puntillas.
Benzo ha trasladado a la consejera balear, con la que se ha reunido en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura, que el Gobierno considera que la ley de su comunidad que regula las corridas de toros vulnera la Constitución al invadir competencias de la Administración General del Estado.
El secretario de Estado le ha recordado que las Cortes Generales aprobaron hace cuatro años la ley que regulaba la Tauromaquia como patrimonio de todos los españoles y que en 2016, el Tribunal Constitucional confirmaba en una sentencia que “es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural”.
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha informado previamente en un comunicado que se había reunido esta mañana con Benzo y con Luis Lafuente, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural en la sede de la secretaría de Estado y que en ese encuentro les habían informado de la decisión del Gobierno de recurrir al TC.
La ley es, a juicio de la FTL, “una argucia legal que pretende prohibir las corridas de toros desnaturalizando su esencia y haciéndolas por tanto irreconocibles”.