El Gobierno continúa en conversaciones con las comunidades autónomas para que salga adelante el nuevo acuerdo de acreditación de centros de mayores. Según los cálculos realizados por el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, esta iniciativa conllevará la creación de 34.294 empleos en el sistema nacional de dependencia. “En concreto 21.071 empleos en las residencias progresivamente hasta diciembre de 2029 y 13.223 empleos en centros de día, en diciembre de 2023”, según fuentes de Derechos Sociales.
El último borrador presentado por Derechos Sociales para reformar el modelo de residencias de mayores no salió adelante en el Consejo Interterritorial celebrado a finales de mayo. Comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE, así como Catalunya y Euskadi, expusieron sus dudas sobre este proyecto.
El documento, que continúa en elaboración, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro de los centros de mayores. En la última propuesta presentada por Derechos Sociales a las comunidades autónomas se apuesta por acotar la capacidad de las nuevas residencias a 75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro. Eso sí, estos límites no se aplicarán a los recursos asistenciales que ya están construidos.
El Ministerio de Belarra apuesta por transformar el modelo de cuidados y, por lo tanto, prevén que cada usuario tenga “un plan personal de atención y apoyos que recoja sus preferencias”. En los documentos que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno central, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para que sus usuarios reciban “una atención libre de sujeciones”. De esta forma, Derechos Sociales aboga por contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.
Las ratios mínimas, muy criticadas por familiares de usuarios y trabajadores, es otro de los puntos que este acuerdo pretende modificar. A día de hoy, el Ministerio planea que en los centros que atienden a personas mayores haya tres profesionales de atención directa por cada siete usuarios y en las residencias para personas con discapacidad, un profesional por cada dos residentes. Estas cifras se tendrán que alcanzar en 2029, por lo que los centros públicos y concertados tienen todavía siete años para llegar a esas ratios.
Por su parte, en los centros de día, la proporción será de un profesional de atención directa de primer nivel por cada siete usuarios, rebajando esa ratio a un trabajador por cada cinco personas en caso de que los usuarios tenga discapacidad. Con estas previsiones, el Ministerio ha estimado que hasta el año 2029 se crearán más de 34.000 puestos de trabajo.
El Ministerio de Derechos Sociales pone en valor la inyección económica realizada por el Gobierno. En un documento distribuido a los medios de comunicación señalan que la financiación de la dependencia “ascendió en 2020 a 1.528 millones de euros, en 2021 la cifra se duplicó alcanzando los 3.086 millones y en 2022 se han presupuestado 3.864 millones”. Además, de cara al 2023 indican que se mantendrá “la tendencia alcista” con “un incremento de, al menos, otros 600 millones de euros para el nivel mínimo de protección y nivel acordado”.