En el último minuto, justo antes de pasar a estar en funciones, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de Acreditaciones y Concursos. Con este nuevo texto, el Ministerio de Universidades simplifica y diversifica la el proceso por el que los aspirantes a Personal Docente Investigador (PDI) acreditan los méritos necesarios para poder presentarse a las convocatorias de los diferentes puestos que se abren en los campus, un proceso hasta ahora lento y farragoso.
Entre las principales novedades de la nueva norma está que la acreditación “se basará en la evaluación de un currículo breve con las contribuciones más relevantes de la carrera docente e investigadora del candidato”, según informa el ministerio. Este proceso también aligerará la burocracia que debían seguir los candidatos: ya no necesitarán documentar a priori cada mérito. Se asumirá la veracidad de los mismos, aunque siempre serán susceptibles de ser revisados.
Además, se pretende agilizar los procesos, que hasta ahora podían demorar años. El artículo 23 del RD establece que “el plazo para notificar la resolución será de seis meses desde la fecha de registro de la solicitud. El transcurso del plazo máximo de seis meses sin dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio por silencio administrativo”.
La simplificación del proceso se completa con la unificación de lo que hasta ahora eran dos pasos separados: la propia acreditación de los aspirantes ante los organismos competentes (ANECA y las agencias autonómicas que establezcan convenios con la primera) y la posterior participación en los concursos que convocan las universidades para ocupar las vacantes. “El Real Decreto unifica en una sola norma la regulación de los dos procesos que afectan al profesorado universitario, e incorpora y desarrolla reglamentariamente las innovaciones normativas que fueron introducidas por la LOSU y que afectan a elementos clave de ambos procedimientos”, explica Universidades.
Menos cantidad, más calidad
Otra de las novedades del proceso de acreditación es que se fomenta la ciencia abierta. La nueva dirección de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y los principales institutos de investigación del país están empujando para cambiar todo el sistema de evaluación y para salirse de la dictadura que ejerce hoy en día la publicación de artículos científicos en las revistas, pilar central sobre el que pivota casi toda la evaluación hoy en día y que produce disfunciones como que la investigación se pague con fondos públicos y luego haya que pagar otra vez para leer el resultado de esa misma investigación. También condiciona la labor de los científicos, porque sin los famosos papers no hay progreso en la Universidad y sus esfuerzos se suelen centrar en producir artículos.
La idea, explica el ministerio que dirige Joan Subirats, es darle menos peso a la publicación de artículos en editoriales, que muchas veces se hace más para progresar en la carrera que porque la investigación sea importante, y pasar de una evaluación muy cuantitativa a otra más cualitativa e incentivar el uso de otros soportes. Para ellos, entre otras cuestiones se requerirá “el uso de repositorios de acceso abierto para garantizar que los resultados de la ciencia financiada con fondos públicos son accesibles de forma pública y gratuita”.
Se trata de “prevenir los incentivos indeseados de un mal uso de los indicadores bibliométricos que conducen a la sobreproducción de investigación de bajo riesgo y a la uniformización del sistema; fomentar la creatividad y la innovación, premiar la calidad de las aportaciones científicas por encima de la cantidad, reforzar el vínculo entre la producción y transferencia de conocimiento y las necesidades de la sociedad, así como fomentar entornos de investigación colaborativos”, explica el ministerio.
Por último, para evitar que los concursos no se publiciten lo suficiente –una práctica que se lleva a cabo a veces para limitar la concurrencia de candidatos y favorecer a alguien concreto– “en aras de mejorar la publicidad y transparencia de los concursos, se incorpora la obligación de registrar las convocatorias en la plataforma electrónica Euraxess Jobs creada por la Unión Europea y gestionada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), con al menos un mes de antelación respecto a la fecha de celebración del concurso”.