El Gobierno identifica 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia gracias a la ley de Aznar y activa el proceso para su reclamación

34.961 son finalmente los bienes inmuebles que la Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998 que permitió registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica. El Consejo de Ministros ve este martes el informe elaborado por la vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y se lo enviará al Congreso, según han informado fuentes gubernamentales a elDiario.es. A partir de ahí, el listado de los más de treinta mil bienes e inmuebles podrán ser sometidos a consulta pública para que los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos puedan iniciar los procesos de reclamación.

La normativa hipotecaria permitió a la Iglesia poner a su nombre bienes inmuebles que estuvieran destinados al culto o no, como fincas, parcelas, viviendas e aparcamientos. Ese procedimiento estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se modificó esa ley. En ese periodo de diecisiete años, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes de acuerdo al informe que ha llegado “en mano” al Consejo de Ministros, es decir, sin incluirse previamente en el orden del día, según esas mismas fuentes.

Calvo ha explicado que del total de bienes inmatriculados 20.014 son “templos de la iglesia católica o dependencias complementarias” mientras que 14.947 inmatriculaciones “no se relacionan con estos usos”, como “solares, viviendas, locales, etc.”. La inmensa mayoría de las inmatriculaciones (30.335) se llevaron a cabo “en virtud de certificación eclesiástica”, según ha dicho la vicepresidenta en a rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado que se hizo posible únicamente con “la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente”. En una cifra menor -4.626- la inmatriculación cuenta con “otro título bastante y suficiente para la demostración de la propiedad”.

La conferencia episcopal estaba al tanto de que esta semana “se movería” el asunto, pero no tiene en su poder el informe. Fuentes consultadas por elDiario.es cuestionan que “sea legal” darle publicidad y se muestran convencidas, igualmente, de que el informe dirá que “se ha procedido, en la mayoría de los casos, conforme a la ley”, informa Jesús Bastante.

El listado de inmatriculaciones es una reivindicación que viene de largo. El PSOE impulsó una proposición no de ley en la Comisión de Justicia del Congreso en la que instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar ese listado para que se pudiera poner en marcha el proceso de recuperación de los bienes por parte de quien consideraba que tenía derechos de propiedad sobre los mismos. La moción fue aprobada con el voto en contra de PP y Ciudadanos en 2017. Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Dolores Delgado comenzó los trabajos que ahora ha culminado el departamento de Carmen Calvo, que es la que pilota las relaciones con las órdenes religiosas. “Con la remisión al Congreso del listado, se podrá consultar a partir de ahora el origen de estas inmatriculaciones, lo que podría hacer posible la reclamación de los bienes en caso de conflicto sobre su titularidad”, explican en Moncloa.

Algunos de monumentos emblemáticos que la Iglesia ha inmatriculado por apenas unos euros son la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza –conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Catedral de Valladolid y las de Granada, Jaca y Málaga. No obstante, en el listado figuran también bienes inmuebles que nada tienen que ver con la actividad religiosa, como pisos o garajes.

El Gobierno ha abordado con la Iglesia el asunto de las inmatriculaciones, que se suma a la fiscalidad, otro de los asuntos que Pedro Sánchez pretende modificar en su mandato. La vicepresidenta primera ya ha iniciado las conversaciones con la conferencia episcopal sobre la intención de que la Iglesia pague IBI por los lugares que tiene a su disposición y que no son de culto. “Queremos que la Iglesia responda de la fiscalidad como en Francia o Italia”, expresó Calvo en una entrevista antes de reunirse con el nuncio del Vaticano en España. Ese asunto también se abordó en el encuentro que mantuvo con el número dos del Papa, el cardenal Pietro Parolin.