El Gobierno y las comunidades acuerdan que en 2026 no haya menores de seis años en centros de acogida

El Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido este jueves a que en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las Administraciones viva en centros de acogida residencial y a que antes de 2031 tampoco lo hagan los menores de diez años.

Es una de las medidas recogidas en el Plan de Acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, al que ha dado luz verde, por unanimidad, la Conferencia Extraordinaria conjunta de Igualdad, Infancia y Adolescencia, celebrado de forma telemática y presidido por las ministras del ramo, Ione Belarra e Irene Montero.

El objetivo es fomentar el acogimiento familiar, que es algo que expertas y asociaciones reclaman desde hace tiempo. Desde esta perspectiva, se considera que lo más beneficioso es que prevalezca el acogimiento familiar sobre el residencial para cualquier menor, pero la tendencia está siendo la contraria. En cifras, 23.209 menores tutelados por la Administración viven en centros y 19.320 en acogimiento familiar, lo que supone que hay casi 4.000 niños más institucionalizados que viviendo en un hogar. El porcentaje ha pasado del 42% en 2016 al 55% en 2018.

Gobierno y comunidades se habían dado cita este jueves con el objetivo de acordar un catálogo de medidas tras los abusos a niñas y adolescentes tuteladas que han salido a la luz en los últimos meses en varias regiones. Más recientemente ha sido Madrid, pero no es la única, Catalunya, Castilla y León, Baleares o la Comunidad Valenciana son algunos lugares donde la Justicia ha tenido que intervenir en casos de menores tuteladas o internas en residencias que han sido captadas por tramas de este tipo.

En una primera reunión, el 4 de febrero, se puso sobre la mesa la necesidad de reforzar las herramientas existentes para garantizar que el sistema de acogida vela por los derechos de los menores, con especial énfasis en la prevención y la detección de posibles casos de explotación sexual o violencia. El plan también incluye formación de los profesionales que trabajan con menores, una guía única de actuación al detectarse un caso y programas de inserción sociolaboral.