Cultivar cannabis en España está prohibido... excepto para ciertas empresas. El Gobierno ha concedido hasta la fecha ocho autorizaciones para cultivar cannabis sativa a siete entidades, según una respuesta parlamentaria por escrito del Ejecutivo al diputado Miguel Vila Gómez, del grupo Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque actualmente solo se encuentra en vigor cinco, según el mismo texto.
De los permisos concedidos originalmente, cinco eran para cultivos con fines de investigación, dos para empresas que desarrollan cultivos con fines medicinales (para vender sobre todo fuera de España) y la octava para la plantación de marihuana con fines “exclusivamente didácticos y educativos”.
Esta última autorización le ha sido otorgada al Parque Etnológico Pirámides de Güímar, en Tenerife, aunque según el Ministerio de Sanidad, quien otorga las licencias, no se encuentra en vigor, quizá a la espera de que el centro comience de facto esta actividad.
El parque, que tiene proyectos botánicos y jardines (por ejemplo, uno de plantas tóxicas), no especifica para qué van a utilizar la licencia. Una portavoz explica que no pueden revelar el proyecto. Sanidad tampoco ha querido ofrecer más detalles.
El resto de licencias se utilizarán (o están utilizando, el oscurantismo impera en el sector) para producir cannabis, en su modalidad sativa, con fines de investigación o medicinales y para producir plantas, esquejes y productos derivados para exportar. Según otra respuesta parlamentaria anterior, del pasado mes de enero, el Ejecutivo autoriza hasta 20.000 hectáreas para plantar cannabis en toda España, una superficie equivalente a la ciudad de Lleida.
Una anomalía europea
Pese a las restricciones al mercado del cannabis en España, el sector existe. Y podría ser puntero a nivel mundial, según explicaba en esta entrevista Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM). “Somos pioneros en sacar cepas, que luego los israelíes y los canadienses nos copian. Tenemos a los mejores investigadores del mundo [en alusión a, entre otros, Manuel Guzmán o Cristina Sánchez], tenemos el sol, las licencias y el proyecto europeo que más sabe de cannabis y dolor”, relata.
Pero cultivar cannabis, más allá de alguna planta en casa para uso personal y aprovechando una laguna en la regulación, está prohibido. Como lo está comprarlo o venderlo, transportarlo o consumirlo en la vía pública. Se puede consumir en casa y ya. España es más una anomalía europea con su política prohibicionista que otra cosa: Alemania, Portugal, Bélgica, Austria, Italia, República Checa han regulado su uso terapéutico. La lista sigue.
El proyecto que los expertos señalan como el que podría ser más sólido a nivel de mercado es Alcaliber, la empresa que el multimillonario y magnate de la industria de los opiáceos Juan Abelló comparte con el fondo de inversión británico GHO.
Esta compañía tiene la única licencia activa en España para “la producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercio de cannabis sativa y sus productos con fines medicinales”, según Sanidad. Pero para ellos el mercado español es muy pequeño, apenas existente. El único medicamento con cannabis autorizado en nuestro país es el Sativex, por lo que si la empresa está operando se dedicará básicamente a la exportación.
“Si la empresa está operando” es porque la compañía no ofrece información alguna de su actividad y remite al Ministerio de Sanidad, que tampoco amplía detalles. Nada se sabe de Alcaliber. El cannabis tiene la consideración de sustancia estupefaciente, y el Ejecutivo no permite la publicidad de estos negocios porque de drogas no se habla, aunque haya plantaciones (en emplazamientos que se mantienen en secreto) y se exporte.
Además de esta compañía, las otras autorizadas para producir cannabis con fines de investigación son Cáñamo y Fibras Naturales, S.L., CIJA Preservation, S.L., DJT PLANTS, Phytoplant Research, S.L, y la Universidad Politécnica de Valencia. Además, DJT PLANTS también tiene una licencia para producir y exportar semillas y esquejes.
Sanidad aclara en su respuesta parlamentaria que “para la autorización del cultivo, las entidades deben presentar a la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el contrato con la entidad suministradora de las semillas y/o esquejes de cannabis, así como documentación que acredite que la entidad suministradora está autorizada para obtener estas semillas y/o esquejes”.
En esta ocasión no lo detalla, pero en enero del pasado año Sanidad sí informó de que la criba con las peticiones es grande: hasta ese mes había recibido 160 peticiones, de las que autorizó solo seis.