El último concurso de licencias de TDT es “especialmente atractivo”, según un documento interno del Ministerio de Industria publicado en exclusiva por eldiario.es. Es “atractivo”, pero tener una televisión es caro, y solo está resultando rentable para grandes grupos que comercializan la publicidad a gran escala.
Fuentes del sector audiovisual apuntan a que 13 TV -participada por la Conferencia Episcopal y con una cuota de pantalla que ronda el 2%- ha perdido unos 40 millones de euros. No es adjudicataria de ninguna licencia, sino que paga por el canal un alquiler a Unidad Editorial -la editora de El Mundo- a razón de 2,5 millones de euros cada año. En los años dorados costaba hasta 4 millones.
Las cuentas no le salen, aunque si resulta adjudicataria de licencia como parece, se ahorraría esos millones de alquiler. Según algunos expertos, aunque la programación de una cadena sea básica, no cuesta menos de 10 millones de euros cada año, ya que solo los costes fijos de emisión suman 5 millones, a lo que hay que añadir programas, personal...
Entonces, ¿cuál es el negocio? La influencia política, social o que su publicidad sea gestionada por las dos grandes empresas televisivas, Mediaset (Telecinco y Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y La Sexta). Es la modalidad que aparecía sugerida en el informe del Ministerio, y es a lo que ahora aspira 13 TV. El documento de Industria sugiere una “medida legislativa que imponga a los dos grandes grupos la obligación de gestionar la publicidad de las televisiones de menor tamaño”.
Obligar a Mediaset y Atresmedia a ocuparse de buscar publicidad para las cadenas pequeñas, incluidas las que ahora se entregan, previo pago de una comisión, sería una gran ventaja para estas últimas, pero su legalidad es dudosa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo público regulador, castigó con una multa a Mediaset por comercializar juntas a Telecinco y Cuatro. La sanción posteriormente fue anulada por el Tribunal Supremo.
¿Cuánto cuesta emitir?
Aunque las cifras varían mucho, una televisión con programación propia cuesta varios cientos de millones de euros. Así que es un negocio para grandes operadores que tengan esa capacidad de inversión. Pero hay tantos casos como modelos. Por ejemplo, la autonómica catalana, TV3, cuesta 270 millones al año con sus 7 canales. Tener una televisión no es un negocio 'per se', y para los pequeños adjudicatarios no suele ser rentable. Caso distinto es el de Mediaset y Atresmedia. Ganan dinero porque son líderes en espectadores desde hace muchos años. Forman el llamado “duopolio”, tal y como aparece en el documento interno de Industria. Tienen capacidad de negociar y atraen a la mayor parte del mercado publicitario.
Precisamente la viabilidad económica es uno de los requisitos del concurso convocado y que se espera que hayan ganado Mediaset, Astresmedia, 13TV, Real Madrid TV, grupo Secuoya y Kiss TV a falta de que el Consejo de Ministros informe de la adjudicación definitiva. Las fuentes consultadas coinciden en que sería muy ingenuo pensar que el concurso es exquisito o totalmente objetivo. Hay voluntad política desde el Gobierno a la hora de dar la licencia, aunque cumpla los requisitos, a unos u otros.
Los informativos no son prioridad
Lo que no es requisito en esta convocatoria de concurso es tener programación estable y amplia de informativos. De hecho, los requisitos consideran suficiente con un “boletín, servicios de noticias, magazines, debate”. El presidente de Secuoya ha adelantado en una entrevista en El Mundo que en su televisión -si la logra finalmente- habrá boletines horarios pero no informativos. De este modo, el espectro radioeléctrico público es un contenedor de empresas audiovisuales sin que la información sea una prioridad, ya que no es tan rentable como el entretenimiento.
El Gobierno tampoco ha puesto coto a la práctica del realquiler y la recompra de licencias en esta convocatoria. Pese a que en las propias bases del concurso dice que “se trata de asignar un recurso escaso como es el dominio público radioeléctrico”, sigue siendo posible, ya que no se prohíbe expresamente, que una televisión gane un concurso público porque cumple unos requisitos y que venda o alquile la licencia a otra empresa, cumpla esa tercera empresa o no los requisitos del concurso. Si se ha incumplido o no, la verdad es que Industria jamás ha quitado a ninguna empresa una licencia otorgada.
Los que se han quedado sin ella y han mostrado públicamente su enfado son Prisa, editora de El País, y Vocento, editora de ABC. Podría tener una explicación: es difícil que puedan montar un canal propio y sería factible que usaran la adjudicación para venderla, una de ellas a Paramount y la otra a Fox. La venta de una licencia de tele cotiza a unos 25 millones de euros -el precio se calcula multiplicando el precio de alquiler anual por 10-, lo que aliviaría los balances financieros de ambos grupos.
La airada reacción de Prisa ha sido contestada públicamente por el vicepresidente de Atresmedia, Maurizio Carlotti, que ha arremetido contra la empresa y ha recordado en Twitter que el grupo hizo negocio con las licencias que tenía al revenderlas. Mediaset le compró Cuatro y Telefónica le compró Canal+. Por su parte, Industria no ha querido poner coto al mercadeo de las licencias y en las bases del concurso simplemente, “se valorará el compromiso del licitador de no transmitir ni arrendar la licencia transcurridos dos años”, pero no lo prohíbe.
Aunque dentro del sector audiovisual se da por hecho que el espectro radioeléctrico público es un lugar donde los políticos premian y castigan a grupos mediáticos, el concurso está lleno de referencias a la libertad, la pluralidad y la información. Por ejemplo, especifica que cada aspirante ha de justificar cómo “mejorarían los niveles de pluralismo en la televisión, garantizando una expresión libre y pluralista de ideas y de corrientes de opinión”. Algo que el propio informe interno de Industria desmiente cuando muestra cómo cambiar los requisitos del concurso para beneficiar a cadenas con nombres y apellidos.