El Gobierno va a dejar de vincular el reconocimiento como víctimas de violencia machista a que las mujeres hayan interpuesto una denuncia. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras que ha aprobado un Real Decreto-Ley con una batería de medidas –“las más urgentes”, ha explicado el presidente– contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista. Entre ellas, considerar también víctimas de violencia de género a aquellas mujeres que no hayan denunciado.
Hasta ahora, el derecho de acceder a la asistencia social integral que prevé la Ley contra la Violencia de Género de 2004 se vinculaba a la necesidad de que la mujer hubiera entrado en el sistema judicial. Aunque varias comunidades ya han aprobado modificaciones en este sentido, a partir de ahora en toda España la acreditación no dependerá de este requisito.
El reconocimiento como víctima de maltrato podrá hacerse mediante sentencia u orden de protección, por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. Es decir, de los puntos de violencia a los que acuden muchas mujeres que no han iniciado ninguna denuncia. Según la última Macroencuesta, elaborada en 2015 por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solo un 28,6% de las víctimas denuncian.
La atención psicológica de los menores
El Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género también incluye una reforma del Código Civil para que los menores no necesiten la autorización de los maltratadores para recibir atención psicológica, como ocurre ahora. Tal y como anunció la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo tras la Conferencia Sectorial de Igualdad de esta semana, la terapia en casos de violencia de género quedará fuera del catálogo de actos que requieren un ejercicio común de la patria potestad: es decir, el consentimiento de ambos progenitores.
Por otro lado, en el ámbito de la tutela judicial efectiva, se llevará a cabo “la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas”, especifica el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes e Igualdad en una nota de prensa.
Sánchez ha anunciado en la rueda de prensa que el Consejo de Ministras también ha hecho efectiva la transferencia de 120 millones de euros a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para poner en marcha el pacto –100 a las primeras y 20 a los segundos–. En el caso de los entes locales, el Gobierno se ha comprometido a doblar el presupuesto, que alcanzará los 40 millones, el próximo año, como avanzó Calvo.
En este sentido, el Ejecutivo ha aprobado la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para devolver las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos, que fueron recortadas por el Gobierno del PP en 2013.