El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de tres de las comisiones que contempla la Ley de Memoria Democrática. Con seis meses de retraso –la norma establecía el plazo de un año–, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha llevado a la reunión ministerial la puesta en marcha de estos tres grupos técnicos: el que evaluará los supuestos de vulneración de derechos humanos contra personas que defendieron la democracia entre la entrada en vigor de la Constitución en 1978, y el 31 de diciembre de 1983; otro sobre las medidas para reparar al pueblo gitano y un último que estudiará posibles indemnizaciones económicas a las víctimas de la dictadura.
Las comisiones tendrán el cometido de elaborar un estudio al respecto y en el caso de la primera de ellas, “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación” a aquellas personas que “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” fueron objeto de violencia.
Esta fue una de las medidas incluidas en la ley que más soliviantó al PP y Vox e incluso a una parte de la vieja guardia del PSOE al extender el periodo de estudio hasta el primer año de Gobierno de Felipe González. El cuestionamiento del relato idílico de la Transición como una etapa basada únicamente en la reconciliación y la paz no gustó a las derechas, que acusaron al Ejecutivo de pactar “con terroristas”, en alusión al apoyo a la ley de EH Bildu, de hacer “saltar por los aires” la Transición e incluso decir que la comisión serviría para investigar de nuevo a los GAL o considerar a ETA “resistencia democrática a un gobierno tardofranquista”.
Aunque desde el partido nacionalista vasco se sugirió que la disposición podría abarcar casos como el del asesinato de Lasa y Zabala a comienzos del mandato de González, el Gobierno negó que pudiera afectarles. Y, de hecho, ha aclarado este martes que entre las eventuales víctimas que se estudiarán “en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista” o aquellas que “realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o la estructuras del Estado, alterar gravemente la paz público o provocar un estado de terror en la población o parte de ella”, según ha informado el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres.
La comisión, además, tendrá que presentar el estudio en el plazo máximo de un año y estará formada por una docena de especialistas en Derechos Humanos, Derecho Penal e Historia Contemporánea: el cofundador de CCOO Nicolás Sartorius, el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, el periodista José Antonio Martínez Soler o la abogada y presidenta de Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo. También los catedráticos de historia José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carmen Molinero, Antonio Rivera y Encarnación Lemus; la profesora de la Universidad de la Borgoña (Francia) Sophie Baby y los catedráticos de Derecho Penal Jon-Mirena Landa y Paz-Mercedes de la Cuesta.
Indemnizaciones económicas y pueblo gitano
La segunda de las comisiones tendrá por objetivo restaurar la discriminación histórica que ha sufrido el pueblo gitano, entre otros momentos durante el franquismo, en el que según los historiadores llegó a haber censos de clasificación que les dividía entre “aptos y no aptos”. Los primeros podían vivir en la ciudad y tener derecho a una casa mientras los “no aptos” eran expulsados a los márgenes. El grupo estará formado por representantes del Consejo Estatal del pueblo gitano, de las comunidades, de la Federación Española de Municipios y Provincias y expertos y tendrá que poner sobre la mesa medidas “para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Por último, otro grupo de representantes de las comunidades y ministerios afectados deberá hacer una evaluación de las medidas de carácter económico dirigidas a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo reconocidas en la normativa estatal y autonómica. Después tendrá que establecer conclusiones y recomendaciones “sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables”. Esta fue la vía que eligió el Gobierno para incorporar la reparación económica a la norma a pesar de las demandas de las víctimas y organizaciones como Amnistía Internacional, que pedían el reconocimiento explícito del derecho a la reparación económica. Según datos del Gobierno, hasta el momento se han otorgado 21.750 millones de euros a 608.000 víctimas de la guerra y la dictadura.