El Gobierno decidió controlar por ley la educación concertada tras los efectos de 20 años de políticas del PP en Madrid

Cuando se pregunta a altos cargos del Gobierno –o del PSOE o Unidas Podemos– sobre los cambios que afectan a la escuela concertada en la LOMLOE (popularmente, la 'ley Celaá') una muletilla se cuela cada pocas frases a la hora de poner ejemplos concretos: “Como sucede en Madrid”. Es una constante que repiten unos y otros y que ha dejado su poso por toda la norma: desde la prohibición de la cesión de suelo público a centros con concierto hasta la pretensión de repartir equitativamente al alumnado por toda la red financiada con fondos públicos para evitar la segregación, pasando por la supresión de la repetida expresión “demanda social” para apuntalar centros concertados o la obligatoriedad de publicitar las plazas libres de profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Buena parte del articulado de la LOMLOE en lo relativo a la concertada se debe por tanto, según fuentes socialistas y del Ejecutivo, a las políticas educativas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid durante más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular. Unas políticas que han elevado a la concertada a base de, por ejemplo, la cesión del suelo público a centros que luego se concertarían pero que no existían previamente lo que contravenía la legislación (y que luego fueron arropadas por la LOMCE de José Ignacio Wert en ciertos casos). ¿Cuánto de la nueva norma respecto a la educación concertada es debido a los efectos observados de la fórmula PP en la Comunidad de Madrid? “Casi todo lo relacionado con la concertada”, concede un alto cargo del PSOE. También la ministra, Isabel Celaá, ha criticado en público la cesión de suelo público o, con carácter más general, la segregación de la Lomce.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no es ajena a que la LOMLOE amenaza el modelo educativo madrileño. El pasado viernes, el día que se aprobó la versión casi definitiva de la ley en la Comisión de Educación, anunció que presentará una ley que, “sin fisuras”, defenderá “no sólo la sola educación concertada y la libertad de enseñanza en general” sino, sobre todo, la educación especial.

Por la “libertad de elección”

Bajo el lema de la “libertad de elección de las familias” en lo referente a la educación, el PP ha practicado dos décadas de apuesta por la escuela con concierto en Madrid. La expresidenta Esperanza Aguirre fue la paladín de este movimiento, que no perdió un ápice de fuerza con sus sucesores. El actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos, anunció que impulsaría la escuela concertada durante la legislatura. El resultado de estos 20 años es una región que si fuera un país sería el segundo que más segrega a su alumnado de toda Europa, segunda en estudiantes en la escuela concertada y subiendo (en porcentaje y en el total, pese a ser la tercera con más alumnado) y con un gasto en subvencionar centros privados del 20% del presupuesto educativo –sin contar el gasto en profesorado–, cinco puntos superior a la media nacional. Unos centros que, junto a los privados sin concierto, acumulan un tercio de los beneficios que gana el sector en toda España y que contratan a su profesorado sin pasar por el debido proceso de mérito y capacidad que rige las contrataciones que, como estas, se realizan con fondos públicos.

Los datos hablan solos. El alumnado en centros concertados de la región no ha parado de subir en la última década. Lo que en el curso 2007-2008 eran 280.656 alumnos (el 27,2%) diez años después eran 364.168 (29,9%, más que Andalucía, que tiene más población, y los mismos que Catalunya). Los de la escuela pública han pasado del 59,26% al 54,2% en el mismo periodo. El número de centros ha caído en términos relativos: de 524 (15,9%) a 558 15,2%. En el profesorado es más difícil seguir la evolución porque hace diez años no se separaban los de la privada sin concierto de los financiados con fondos públicos. Incluyendo a todos en el mismo saco, han pasado de ser 34.547 (el 40,7%) a 43.005 (45,2%) en una década. Respecto a la financiación, tampoco se distinguía lo dedicado a conciertos hace diez años, pero a día de hoy, la Comunidad traspasa uno de cada cinco euros a fondos privados, un total de 1.018 millones de euros el último año. Un último dato económico: el sector educativo privado madrileño –con o sin concierto– ganó en el curso 2014-15 un total de 122 millones de euros, según la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE. Estos beneficios son casi un tercio del total de lo ganado por el sector en toda España ese curso.

El distrito único y la cesión de suelo, comienzo de todo

El principio de casi todo, o al menos la medida más lesiva si hablamos de segregación, fue la creación del distrito único en toda la Comunidad en 2012, según constató un estudio. Se rompieron las áreas de influencia de los colegios para dar puntos para la escolarización y que las familias pudieran escoger su centro de preferencia en cualquier lugar de la región. En la práctica, según explicó una de las autoras del informe sobre segregación en Madrid, algunas familias pueden elegir más que otras. Esta medida vino acompañada de una rebaja del tope de ingresos mínimos necesarios para recibir un extra de puntos. A la vez, se daría un punto extra por tener un hermano en un centro (esto se modificó al año pasado para dar puntos por cada hermano, antes solo sumaba uno). ¿El resultado de estas medidas? Se disparó la segregación hasta un 13%. La principal segregación es de tipo económico (los ricos por un lado, los pobres por otro), pero no es la única.

La Comunidad también hizo de la cesión de suelo público para la construcción de centros que luego recibirían un concierto una práctica habitual. Una práctica habitual y un supuesto negocio, toda vez que el número tres de Aguirre, Francisco Granados, fue detenido precisamente por cobrar comisiones en la construcción de centros concertados a los que cedía suelo público. Aparte de este supuesto delito, la cesión en sí también exploró los límites de la ley antes de que fuera regulada por José Ignacio Wert en su Lomce. La región pasó años cediendo suelo a centros que no existían previamente, una práctica que la ley no contemplaba. Para dar un concierto, un colegio tenía que existir previamente y pedirlo. Madrid obvió esta parte regalando el uso –a 75 años– de muchas parcelas a centros que no existían más allá del papel.

Auge y caída de la “demanda social”

Relacionada con esta práctica está la invención del concepto de “demanda social”, que introdujo la Lomce. Este concepto venía a traducirse en que si en una determinada zona la mayoría de las familias solicitaba una escuela concertada, la administración debía dar por bueno que la “demanda social” de esa zona era de más escuela concertada. Lo que no explicaba la ley es cómo se pondera esta “demanda social” en un barrio que tiene tres colegios concertados y uno público (o directamente ninguno), por lo que la mayoría de las familias acudirán al concertado a matricular a sus hijos.

La LOMLOE aborda esta cuestiones que se dan “por ejemplo en Madrid”, según citan algunos responsables de la ley y diputados que han trabajado en introducir enmiendas. La ley Celaá prohíbe directamente la cesión de suelo público para construir centros privados, tengan o no concierto, y elimina el concepto de “demanda social” de su articulado, que sustituye por una programación de las plazas por parte de la administración educativa “mediante una oferta suficiente de plazas públicas”, según el texto de la ley. El espíritu de la norma es que las plazas educativas se garanticen en centros públicos: “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”, se lee en el articulado.

Segregación y “áreas de influencia” de los colegios

La ley Celaá también tratará de evitar la segregación del alumnado, tan madrileña, para que los estudiantes se repartan de manera equitativa por todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada. Se primará de nuevo en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que recogía la LOMCE pero no priorizaba: “Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género”, dice la LOMLOE.

Asimismo, y esto es novedad, la norma recupera las “áreas de influencia” de los colegios para reforzar este reparto, y encomienda a las Comisiones de garantía de admisión “evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza (...). Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación”.

Control de la contratación de profesorado

La LOMLOE también pretende corregir otra circunstancia que se ha creado en Madrid: la falta de transparencia a la hora de contratar profesores de la escuela concertada. Este elemento no es nuevo. Establecía la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 en su artículo 60 que “las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciarán públicamente”. El Gobierno quiere velar por su aplicación, y añade que los principios de “mérito y capacidad” a respetar serán “en relación al puesto docente que se va a ocupar”. Además, añade que la administración velará porque en los procesos de selección y extinción laboral se realicen de acuerdo a la normativa y procedimientos “que resulten de aplicación”, en referencia a la ley. La Comunidad de Madrid no cumple con este precepto, según admitió el Gobierno regional, quizá sin querer, en una respuesta a un docente que solicitó información sobre la cuestión vía Consejo de Transparencia. “Se le ha dado traslado de la información de que la que se dispone actualmente”, explicaba la respuesta. La información que se trasladó al docente era que no había información. Otras regiones como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia o Navarra sí las publican a través de la Consejería de Educación.