El Gobierno derogará la reforma de la ley del aborto del PP que impedía a las menores interrumpir el embarazo sin autorización parental

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles en una comparecencia en el Congreso, en la que ha dado cuenta de los proyectos pendientes de su departamento, que el Gobierno derogará la reforma de la ley del aborto que introdujo el PP y que impedía a las menores interrumpir el embarazo sin autorización parental.

Montero se ha referido a la reforma de la Ley del Aborto de 2010, con la que se ha vuelto a comprometer al afirmar que su “intención” es “comenzar con los trabajos” para modificar la norma y derogar la reforma que en 2015 introdujo el PP para impedir a las jóvenes de 16 y 17 años que interrumpieran voluntariamente su embarazo sin autorización de sus progenitores, algo que sí contemplaba la primera redacción.

VÍDEO | Irene Montero anuncia que el Gobierno reformará la Ley de aborto

Además, el Gobierno prevé incluir en la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, medidas para “evitar” que “planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adula” como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) “puedan ser tomado en consideración”.

La ley de infancia está ahora mismo en proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y el Ejecutivo ya anunció que incorporaría varias conjuntas entre PSOE y Unidas Podemos.

Una de ellas será la que pretenderá poner fin al SAP, “una de las reivindicaciones históricas del feminismo”, ha dicho Montero, que se ha trabajado junto a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Justicia. Este supuesto síndrome es usado en ocasiones en procesos judiciales en los que se dirimen custodias en favor de los padres o las madres de los niños y niñas y tiene una fuerte prevalencia de aplicación en casos de violencia de género, maltrato y abusos hacia las y los menores. Sin embargo, no ha sido reconocido por organizaciones científicas como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80, y, según su teoría, un progenitor (la mayoría de las veces, la madre) aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia.

En la práctica, el Síndrome de Alienación Parental –a través de su nombre oficial u otros que describen lo mismo– es aplicado en sentencias en las que los jueces y juezas que lo usan acaban por privar a mujeres de las custodias de sus hijos e hijas. Así lo ha constado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en 2016 reforzó sus recomendaciones de no utilizar lo que denominó “teoría pseudo-científica”. El organismo mostró su preocupación por que el SAP sea usado “para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento”. Muchas de las sentencias que aluden a él concluyen que la madre manipula a sus hijos o hijas en contra del padre porque han verbalizado un rechazo hacia él. Este mismo año, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) se ha sumado oficialmente a su oposición, lo califica de “falso síndrome” que “tiene apariencia de científico, pero no lo es” y denuncia su “aplicación indiscriminada” que está provocando “graves consecuencias”.

En este sentido, ha explicado la ministra, el uso de esta teoría en el ámbito judicial acaba “invalidando de partida el testimonio de un niño, niña o adolescente por presumir una interferencia adulta de la madre. Esto, ha proseguido, tiene ”consecuencias“ que ”resultan enormemente preocupantes“ en lo que se refiere a ”la impunidad“ en casos de violencia machista o abusos ”y son inasumibles para un Gobierno feminista“, ha zanjado.

Reforma de la ley del aborto y sistema de cuidados

Irene Montero ha anunciado, además, una ristra de medidas que impulsará el ministerio de Igualdad, varios en colaboración con el de Trabajo. Así, “en las próximas semanas” el Consejo de Ministros aprobará los dos reglamentos sobre igualdad laboral pactados entre los sindicatos mayoritarios y el Gobierno a finales de julio y que, entre otras cosas, obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a hacer auditorías salariales para evitar la brecha de género. La ministra ha explicado también que ambos ministerios trabajan en el borrador de la próxima ley de tiempo corresponsable. La agenda feminista, ha señalado Montero, “es ahora más urgente y necesaria que nunca”, además “del corazón para salir de esta emergencia en la que nos encontramos”.

El impulso de un sistema estatal de cuidados, que anunció en una pasada comparecencia en el Congreso, también ha estado sobre la mesa durante la comparecencia y Montero ha reconocido que aunque el ministerio “no ha estado parado y el trabajo va a dar sus frutos, no estamos llegando a tiempo”. El “primer paso” de cara a la construcción de este pacto, que tiene por objetivo que “las políticas públicas no les den la espalda a los cuidados”, ha afirmado la ministra, será “la remodelación del sistema de dependencia” y “pronto”, la universalización de la educación de 0 a 3 años. Un asunto que, según la ministra, es “central para erradicar las brechas de desigualdad” porque “además de ser un derecho educativo de la infancia, este primer ciclo de educación infantil tiene un impacto específico en la inserción laboral de las mujeres”.

El Ministerio de Igualdad está inmerso también en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia Nacional para Combatir las Violencias Machistas (2021-2025) “para poder garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias” e impulsará el “Plan España te protege contra la violencia machista”, que tiene por objetivo extender a todas las víctimas de violencia machista los servicios de atención integral. Hasta ahora, servicios como el teléfono 016 están dirigidos a mujeres que sufren violencia únicamente en el ámbito de la pareja o expareja, lo que deja fuera, por ejemplo, a las víctimas de agresiones sexuales. La idea del Ejecutivo es que estas mujeres puedan también acceder a este tipo de recursos.

Por otro lado, la ministra ha anunciado que el proceso de alegaciones de la Ley Orgánica de protección Integral de la Libertad Sexual ha finalizado medio año después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto en medio de un fuerte conflicto interno en el propio Gobierno. La norma finalmente salió adelante en fechas próximas al 8 de marzo y, desde entonces, “se han trabajado las aportaciones de decenas de entidades de la sociedad civil, así como los informes de los distintos organismos”, ha dicho Montero. Entre las principales novedades que se han incorporado, se encuentra la ampliación del objeto de la ley a los niños y niñas en coordinación con la Ley contra la Violencia hacia la Infancia, la inclusión “del feminicidio sexual” y varias medidas en el ámbito de la prostitución.

Tal y como anunciaron recientemente Igualdad y Justicia, la ley incorporará la llamada “tercería locativa”, que implica castigar a los dueños de los locales y clubes en los que se ejerza prostitución y se enriquezcan con ello. Además, las medidas penales irán acompañadas de otras sociales, en concreto, se aprobará un 'Plan Nacional Integral: social, laboral y económico' que “garantice” estos derechos “a través de un acompañamiento integral e individualizado” y “alternativas viables y de reparación” para estas mujeres. “Estamos dispuestas a llegar más lejos que nunca para acabar con la industria proxeneta”, ha afirmado Montero.