El Gobierno está acelerando sus planes para la desescalada del confinamiento causado por la COVID-19. Una de las normas claras que había repetido durante semanas el ministro de Sanidad, Salvador Illa, era que la movilidad interprovincial solo llegaría cuando los territorios alcanzasen la 'nueva normalidad', es decir, la etapa posterior a la fase 3. Este lunes, el ministro de Transportes José Luis Ábalos abría la puerta a que fuese antes, algo que han pedido presidentes autonómicos como Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Javier Lambán (Aragón). Lo han confirmado fuentes de Sanidad a eldiario.es: a partir de la fase 3, en la que varios territorios entrarán el 8 de junio, los presidentes regionales recuperarán la gobernanza y podrán hacer propuestas de movilidad entre provincias y comunidades. Deberá dar el visto bueno Illa, que lo aprobará si la situación epidemiológica “sigue en la tendencia actual”, favorable.
Lo que también asume ya todo el Gobierno es que las provincias que van rezagadas respecto al resto, entre ellas Madrid y Barcelona, no van a completar la desescalada bajo estado de alarma. El 22 de junio, día en el que decaerá según ha anunciado Pedro Sánchez, estarán –si todo va bien–, entrando en la fase 3. El estado de alarma es el único mecanismo, han defendido siempre el Ejecutivo y varios juristas, capaz de regular la movilidad en toda España, un derecho fundamental de la ciudadanía para el que la Ley de Salud Pública se quedaría corta. Y restringirla es clave según todos los expertos para controlar bien la desescalada, porque reduce las posibilidades de que se trasladen los contagios de zonas aún con transmisión comunitaria a otras donde apenas hay ya casos. El técnico de Sanidad Fernando Simón, al ser preguntado por si le preocupa que la medida se levante antes de lo previsto, se ha limitado a confiar en que “todo vaya bien” y en que las comunidades “asumirán sus responsabilidades” con el “apoyo del Ministerio”.
Varios expertos consultados coinciden en que la desescalada ha cogido unas prisas evidentes que arrastran a territorios muy afectados como Madrid y Barcelona, y que no responden a causas exclusivamente científicas sino más bien políticas. “Las razones ya son más económicas que sanitarias. Las presiones son tan fuertes que se han dejado de lado los 14 días en cada fase, que tenían su razón de ser”, comenta Milagros García-Barbero, exdirectora de Servicios Integrados de la Organización Mundial de la Salud y especialista en Salud Pública.
Aunque los números sean buenos desde hace semanas, “vale la pena tener en cuenta que la transmisión silenciosa puede seguir. Fue lo que pasó en marzo, no la detectamos hasta que se disparó. Algo deberíamos haber aprendido”, opina Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
A Beatriz López-Valcárcel, asesora del gobierno canario y del Ministerio de Ciencia, también le inquieta el fin del estado de alarma antes de tiempo en las capitales: “Sin estado de alarma, las reglas del juego cambian”, “ya no hay multas y se permite la movilidad. Tienes que apelar a la buena voluntad de los ciudadanos y a recomendaciones”.
Los 14 días para cada etapa hasta poder volver a trasladarse entre regiones que manejaba el Gobierno eran los que estipulaba la OMS para que cada país observase correctamente cada cambio social producido durante la desescalada, y se corresponden con el periodo de incubación asociado a la COVID-19. Alberto García-Basteiro, epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona, sintetiza su opinión sobre que se reduzcan o no se cumplan como estaba previsto con que “cada medida requiere de un tiempo para ver el impacto que tiene. Los 14 días parecían razonables y a día de hoy no sabemos qué impacto están teniendo, por ejemplo, las fiestas privadas”. Y en zonas como Madrid y Barcelon, que son áreas metropolitanas densamente pobladas, “hay que ir más lento” porque cuesta más analizarlo.
Hay que tener más cuidado con las grandes urbes
Hay cierto consenso, y así lo destaca también el Ministerio en sus informes, en que Madrid y Barcelona requieren de un especial tratamiento, como todas las grandes urbes del mundo con elevada densidad de población y uso masivo del transporte público, foco de infección. Además de eso, los especialistas repiten mucho la palabra “prudencia”, pero también “equilibrio”, el que hay que lograr entre muchos factores. Desde la Sociedad Española de Higiene y Salud Pública (SEMPSH) abogan por un plan “adaptativo”, es decir, no necesariamente adscrito a plazos fijos. “La desescalada es un experimento nunca antes realizado y las tres incubaciones de 14 días no se basan en un modelo”, recuerdan. Por eso no son contrarios a que el 8 de junio se permita la movilidad entre territorios donde “la reducción de casos es mucho mayor de la esperada. Las fronteras políticas no son epidemiológicas, si en dos provincias diferentes la transmisión es parecida, tiene sentido”.
Sin embargo, añaden en la SEMPPSH, “en áreas metropolitanas donde hay cadenas de transmisión activas, de manera ideal sí deberían esperar los mínimos periodos de incubación. ¿Es asumible? Hay que valorarlo sabiendo que entraña dificultades políticas, económicas y sociales”. Pere Godoy insiste mucho en la “prudencia”, pero admite: “Es una situación compleja, sin manual de instrucciones, que genera confusión, y tener una opinión o crítica clara es difícil. Sí que desde la Sociedad Española de Epidemiología creemos que, con los niveles de transmisión actuales, hay que seguir muy de cerca todos los posibles repuntes y frenarlos rápidamente. Cualquier medida que se tome ha de ir ante todo con una vigilancia muy estricta”.
Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y exdirector general de Salud Pública del Ministerio (2008-2011), tampoco considera grave la flexibilización de la movilidad si hablamos de provincias con situaciones epidemiológicas bajas y similares, pero ve fundamental fijarse bien en estas tres semanas restantes, “si la capacidad de los sistemas sanitarios para atajar problemas funciona como hasta ahora” y “la incidencia general se mantiene bajando”. La parte buena es que “no va a haber grandes concentraciones de personas en ningún lado, ya que se han anulado las festividades”. Lo que conviene controlar es la tasa en las zonas que “centrifugan”, es decir, las capitales, porque en “las de destino, la periferia, la norma general es que sea baja”. Si se revierte todo esto, “habría que buscar soluciones” que vuelvan a limitar la movilidad, “quizá un estado de alarma para un único territorio”, pero, de momento, el Gobierno parece querer evitar esa posibilidad.
No se puede llegar a los 0 contagios
Llegar a tener la seguridad de tener 0 contagios para el coronavirus en un periodo determinando de casos es prácticamente imposible, por la gran cantidad de asintomáticos que genera, y, mientras tanto, hay que ir tomando decisiones. “Y ese es el desafío: es muy difícil certificar que hemos llegado a su eliminación”, señala Godoy. Hay que compatibilizarlo todo, pero para Milagros García-Barbero el problema de que la desescalada tome carrerilla es que “la gente será menos prudente. En cuanto se relaje más, la gente se relajará del todo. Ya lo estamos viendo. También hay ya confusión entre lo que se puede hacer y lo que no y dónde”.
“Y la movilidad es como un enjambre de abejas: sale todo el mundo a la vez de un sitio”, apunta la exdirectora de Servicios Integrados de Salud de la OMS. Que la gente se vaya de vacaciones o a visitar a sus familias fuera de la región complica a su vez el rastreo, prioridad en esta etapa y que ya supone un reto para los sistemas. “El trabajo de campo se hace mucho más difícil por muchos factores”, según Godoy. Hay que coordinarse mejor y “aumentan las posibilidades de contacto porque la gente va más allá de su entorno laboral y habitual, coge más el transporte público, viaja…”.
“Ojalá todo sea tan sencillo como ir reduciendo las medidas y reactivando la vida social y económica. Pero tenemos por delante un virus para el que masivamente somos susceptibles. Es altamente probable que dé sorpresas. Ojalá que sean solo aisladas y puntuales, no generalizadas”, desea el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Algo parecido concluye García Barbero: “A mí me parece que las prisas ponen un poco en riesgo el trabajo realizado y el confinamiento. Ojalá salga bien, por la cuenta que nos trae. Entiendo que hay que ceder, pero si no controlas esas etapas en la medida de lo posible, el mayor riesgo es que se mezclen de nuevo posibles contagios y asintomáticos y se complique el rastreo”.