El Gobierno elimina el término “disminuido” de la Constitución

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española (CE) para eliminar el término “disminuido” y permitir que las personas con discapacidad puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Con esta aprobación, se inicia la tramitación parlamentaria de la primera reforma social de la CE, reclamada unánimemente por las entidades sociales, que han hablado de “día histórico” para los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

El nuevo artículo 49 sustituye el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”. Pero la iniciativa va más allá de un cambio de terminología en el lenguaje constitucional y supone “una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido” de la norma, ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Así, actualiza la Carta Magna con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos.

Las personas con discapacidad pasan a ser las protagonistas del derecho y se prohibirá expresamente cualquier tipo de discriminación.

Establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectiva y reconoce expresamente, y por primera vez en la Constitución, la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.

“Con esta reforma estamos en condiciones de seguir modernizando la Carta Magna para mejorarla y adaptarla a la España real”, ha dicho Montero, quien ha destacado que “era evidente su necesidad” para ofrecer mayores garantías a más de tres millones de personas con discapacidad que hay en España.

Se trata de una de las primeras medidas tras decaer el estado de alarma, ya que la modificación constitucional no podía hacerse en tiempo de guerra, en estados de alarma, excepción o sitio, tal y como recoge la propia Constitución.

La iniciativa ha sido trasladada al Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Su compañera de gabinete, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha ofrecido para trabajar en alianza para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la senda del Gobierno de España”, ha destacado Belarra en su cuenta de Twitter.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha destacado la importancia de suprimir “disminuidos”, un término “hiriente y que no encaja con el modelo social de la discapacidad”, pero sobre todo, que el nuevo artículo “mucho más amplio e integral, cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo”.

Para la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) la reforma “incorpora el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo”.