El 016, el teléfono que desde hace más de diez años atiende a las víctimas de violencia de género y ayuda o asesora a su entorno, va a ampliar sus competencias. El Gobierno actual, en funciones, ha iniciado los trámites para que este servicio, puesto en marcha en 2007, se encargue también de otros tipos de violencia machista que, aunque están excluidos de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, sufren las mujeres, entre ellas, las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual o los matrimonios forzosos.
Actualmente, el teléfono solo atiende a las mujeres que han sufrido maltrato por parte de sus parejas o exparejas, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé que a partir de junio de 2020 lo haga también con el resto. El contrato que rige ahora la prestación del servicio, que se licita y se adjudica a una empresa –actualmente, Atienza–, ha sido prorrogado hasta el 12 de diciembre de este año con el objetivo de volver a extenderlo hasta el primer mes del verano del año que viene. Mientras tanto, y teniendo en cuenta que en un mes hay nuevas elecciones generales, la idea es redactar un nuevo pliego de condiciones que ya incluya la ampliación de las funciones, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad.
Para ello, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un acuerdo para modificar los límites de gasto con el objetivo de adquirir un compromiso económico para futuros ejercicios, tal y como solicitó la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. De esta manera, el próximo contrato, que deberá sacarse a concurso público, pasará de los 1.049.000 euros (con IVA incluido) actuales a un presupuesto de 1.900.000 durante un año.
El objetivo del Gobierno en funciones es adaptarse al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y doméstica, el conocido como Convenio de Estambul. El compromiso, ratificado por España ya en 2014, prevé la ampliación del concepto de violencia machista a todos los tipos, incluidos los que se dan fuera del marco de una relación sentimental. Esta es, de hecho, la medida 102 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que hace algo más de dos semanas cumplió dos años desde su aprobación.
Más canales de acceso
Esta ampliación cristalizará como primer paso en el 016. Este recurso es un teléfono gratuito que está activo las 24 horas durante todo el año y está formado por profesionales especializadas que atienden a las mujeres, les ofrecen asesoría legal e información sobre recursos públicos o ayudas disponibles y les derivan a asociaciones o servicios de atención. Además del número telefónico, las mujeres pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección 016-online@mscbs.es.
En este sentido, el Gobierno en funciones no solo prevé que aumenten las competencias, sino también los canales de acceso. Así, las víctimas podrán enviar sus consultas también por redes sociales o Whatsapp, señala la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes.
Todos estos servicios, prosigue, “supondrá un notable incremento en el número y características de las personas que accederán al servicio, de las prestaciones ofrecidas y en la adaptación del servicio a ellas”, algo que justifica el incremento del presupuesto. Preguntada sobre los detalles del futuro contrato, por ejemplo un posible aumento de la plantilla, la Secretaría de Estado de Igualdad no ha dado información adicional porque todavía está pendiente “la tramitación administrativa” de este nuevo 016.
Desde que comenzara a funcionar, el servicio ha recibido un total de 860.384 llamadas, registrando el pico anual en las 85.318 de 2016. Solo en lo que va de este año ya ha atendido 45.632. Sin embargo, la cifra se incrementará con este nuevo enfoque. Los únicos datos oficiales disponibles sobre violencia sexual revelan que solo en 2018, último año completo, se interpusieron 10.727 denuncias por abuso y agresión sexual y 443 por acoso sexual, según el Ministerio del Interior.
Los vaivenes del 016
A pesar de que se trata de un recurso fundamental, el 016 ha estado rodeado de varias polémicas en los últimos años. La última, en mayo del año pasado, cuando la nueva empresa adjudicataria, Atenzia –hasta entonces lo gestionaba Qualytel- Arvato–, puso en riesgo la prestación del servicio al no comunicar a sus trabajadoras de qué forma ni en qué condiciones trabajarían.
Ello se unió al intento por parte del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en manos de la popular Dolors Montserrat, de modificar las competencias del teléfono y añadir el asesoramiento en igualdad a hombres, incluida la información sobre “separación y divorcio, custodias” y sobre “cuestiones surgidas en contextos de violencia”. Sin embargo, una fuerte oposición obligó al Gobierno del PP a rectificar.
Más allá de circunstancias concretas, tanto las trabajadoras del 016 como del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), que gestiona las pulseras para hombres investigados por violencia machista, han puesto el foco en varias ocasiones en las condiciones en las que trabajan. Denuncian, sobre todo, que estos dos servicios estatales de violencia de género estén sujetos a convenios de seguridad y contact center, más acorde a las compañías adjudicatarias que a su naturaleza social.
A finales del año pasado, UGT publicó un informe para evaluar el estado de la cuestión de ambos recursos y concluyó, en base a testimonios de empleadas, que las condiciones en las que trabajan, derivadas de los procesos externalizadores, son propias de empresas de recepción de llamadas al uso y no de servicios esenciales que atienden a víctimas.