El Ministerio de Educación está ultimando el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, un documento a cuyo borrador ha tenido acceso eldiario.es y que desarrolla las medidas avanzadas con escaso detalle por el ministro Íñigo Méndez de Vigo el pasado mes de enero, cuando dio a conocer unas líneas generales de la iniciativa tras presentar un primer informe en el Consejo de Ministros.
El plan se articula en ocho líneas de actuación con más de 70 medidas, muchas de ellas enfocadas a acciones directamente en los centros escolares, que deben proveer a los niños y niñas de medios para hacer “denuncias seguras y confidenciales” y de una figura de referencia a la que acudir. En cada colegio e instituto habrá un encargado o encargada de estas cuestiones, con descarga horaria. El documento también prevé el registro y posterior análisis de los incidentes que se produzcan y la formación permanente del profesorado.
El grupo técnico encargado de elaborar el plan, cuyo esquema general es de acceso público en esta web del Ministerio, entregó su última versión del texto a finales de julio, cuando dio por finalizado el trabajo que le encomendó Educación un año antes “como una prioridad”.
El Ministerio justifica que el documento no se ha presentado porque “el Gobierno estaba en funciones”. “Un plan con todo su nombre no se podía presentar en esa situación porque no se podían cerrar acuerdos directos con nadie”, argumentan fuentes del Ministerio sin detallar qué acuerdos concretos no era posible sellar.
La cartera que dirige Méndez de Vigo dice que la cuestión “es prioritaria”, pero no ha fijado plazos concretos para cerrar definitivamente el plan. Los contactos con las comunidades y el tercer sector continúan, ahora que el escenario es “más estable”. “Se sigue trabajando con las administraciones. Queremos tomar lo mejor de lo que se está haciendo en cada comunidad”, aducen las mismas fuentes.
Seis meses después de entregar el último borrador, ninguno de los técnicos docentes encargados de esta “tarea urgente” continúa en su puesto, pese a que su trabajo no ha visto todavía la luz. El Ministerio no les renovó la comisión de servicios y puso en su lugar a un nuevo grupo; un movimiento sobre el que Educación no ha dado explicaciones a este medio, aunque sí confirma que “no se va a hacer un documento nuevo”.
Mecanismos de “denuncia segura”
Cada una de las ocho líneas del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, pensado para estar vigente durante una legislatura y después revisarse, aglutina alrededor de una decena de medidas. Algunas de ellas son propuestas cuya implantación tendría costes muy bajos y podría ser inmediata. Por ejemplo, la creación de mecanismos de “denuncia segura y confidencial” del acoso escolar en todos los centros y la incorporación del contacto de una persona de referencia a la que acudir, tanto si sufres como si eres testigo de este tipo de abusos.
Esta “figura de referencia responsable de la convivencia en cada centro” se elegirá en función de unos criterios que no se especifican y tendrá descarga horaria para que pueda dedicarse a esta cuestión.
No será la única persona ocupada del asunto en el colegio. El plan incluye la constitución de una “comisión mixta” formada por profesorado, alumnado y familias y encargada de sensibilizar y garantizar el cumplimiento de un protocolo elaborado por la comunidad educativa de cada centro de forma consensuada. La idea de vincular aprendizaje y convivencia impregna esta y el resto de medidas que propone el texto.
Este protocolo debe incluir un circuito detallado sobre cómo denunciar, dentro del centro como primera vía y a nivel autonómico si esta no funciona para evitar que en los colegios e institutos se agoten las posibilidades, dice el plan en la línea 6 de actuación, relativa a la prevención y control de incidentes violentos, donde está incluido el teléfono contra el acoso escolar puesto en marcha el 1 de noviembre. El recurso atiende a una media de 38 chicos y chicas con “indicios” de acoso al día.
El texto que desarolla el plan ha ido incorporando durante este año aportaciones de las comunidades autónomas y del tercer sector, con quienes el Ministerio ha mantenido varias reuniones. El equipo inicial encargado de elaborar el documento estaba integrado por tres técnicos docentes del Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa (CNIIE) asesorados por cuatro expertos externos. Empezó a trabajar en octubre de 2015 y en enero ya tenía listo un primer borrador del plan.
Registro de incidentes
Otra de las patas fundamentales del texto es la formación permanente del profesorado –la cuarta línea de actuación– y se articula en torno a la puesta en marcha de espacios de “formación dialógica”, espacios para generar conocimiento compartido entre los docentes y una de las llamadas Actuaciones Educativas de Éxito (AEE). Este tipo de dinámicas, como otras cuestiones recogidas en el plan, ya están funcionando con buenos resultados en lugares como la Comunitat Valenciana antes de que el Ministerio tomara la iniciativa de crear un documento guía.
Todas las comunidades tendrán, además, un equipo de formadores en este ámbito del que serán parte los orientadores. Dar más puntos a los candidatos a director que incorporen medidas concretas para la promoción de la convivencia pacífica se presenta como otra de las propuestas incluidas en este mismo apartado.
Medir el problema es la esencia de la primera línea de actuación, que propone registrar y analizar los incidentes que se produzcan estudiando qué circunstancias concurren, cuáles son las motivaciones o las características de víctimas y agresores. Estas acciones se acompañarán de la creación de una “red de coordinación entre los observatorios autonómicos de la convivencia escolar” y de la reactivación, como ya anunció el ministro, del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un organismo que ya existe pero que no se reúne desde que el PP llegó al Gobierno en noviembre de 2011.
Sin dotación cerrada
¿Y cuánto cuesta todo esto? El Ministerio no ha fijado una dotación concreta para este plan. En este contexto, el presupuesto se basa sobre todo en la financiación de los programas de cooperación territorial destinados a convivencia escolar. El Estado transfiere unas partidas determinadas a las comunidades –a cada una la parte que le corresponde– para llevar a cabo acciones cuyas bases marca, en este caso, el Ministerio de Educación.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada repartir entre las regiones 1,5 millones de euros para este fin hasta 2017. La idea es que este modus operandi se repita en los cuatro años de vigencia del plan. A este presupuesto se suman otras partidas, como por ejemplo de formación a través de diferentes vías (congresos, en red, cursos de verano...). Este verano ya se ha organizado un curso en el que se expusieron los ejes y las líneas del plan.
Todo el plan se basa, según expertos en la materia consultados, en planteamientos que la investigación ha demostrado eficaces para la mejora de la convivencia –como los grupos interactivos o la formación dialógica (Actuaciones Educativas de Éxito ambas)– y se ha diseñado desde la perspectiva “comunitaria”, que integra el trabajo en la escuela y en casa y prevé la participación de las familias en todas las líneas de trabajo.
Este enfoque, dicen los expertos, va un paso más allá del más común hasta hoy –el mediador– y pretende dar respuesta a un problema que preocupa a toda la comunidad educativa y cuya presencia en los medios se ha disparado en los últimos años con casos muy graves que dejan marcas psicológicas severas en los menores.