El Gobierno de Pedro Sánchez descarta por el momento retirar la declaración de utilidad pública al grupo ultracatólico HazteOir. El Ministerio del Interior, del que dependen las concesiones y revocaciones de este beneficio, justifica la decisión en “cuestiones técnicas”, explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a eldiario.es. El PSOE fue uno de los grupos que desde la oposición reclamó en varias ocasiones al Gobierno del PP que retirara esta prebenda a HazteOir tras la polémica del autobús tránsfobo.
Interior asegura que la mayor parte de declaraciones que se retiran vienen motivadas por algún problema con las cuentas o con los informes de actividad, pero reconoce que existe la posibilidad de que la Secretaría General Técnica considere que una entidad no cumple con los requisitos. Así lo establece la Ley 1/2002 reguladora del derecho de asociación, que en su artículo 32 enumera una serie de condiciones por las que una asociación puede ser declarada de utilidad pública. Entre ellas, que su actividad no beneficie solo a sus socios, que los miembros de los órganos de representación que cobran una retribución no lo hagan con cargo a subvenciones públicas o que cuenten con los medios adecuados.
Aparte de los requisitos técnicos, el texto fija como condición que las asociaciones persigan objetivos de “interés general” y que tengan un carácter, entre otros, “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social”, de “fomento de la tolerancia” o “de protección de la infancia”.
La misma ley, que obliga a las entidades a rendir cuentas anuales del ejercicio anterior y presentar una memoria de actividades, reserva al Ministerio del Interior la posibilidad de revocar la utilidad pública “cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32, o los responsables de su gestión incumplan lo prevenido en el artículo anterior”.
Reacción contra el autobús
El Gobierno del PP declaró de utilidad pública a HazteOir en mayo de 2013 cuando ocupaba la cartera de ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que firmaba la disposición del BOE en la que se oficializaba este beneficio que permite exenciones fiscales y justicia gratuita. En aquel momento, el grupo ultracatólico destacaba por su firme oposición al aborto y estaba inmerso en una intensa campaña para exigir a Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, que acabara con la ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo.
Unos años después la organización volvió a los titulares al poner a circular, primero en la ciudad de Madrid, un autobús naranja con el mensaje “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. El anuncio móvil formaba parte de una campaña contra las leyes LGTBI que ya había dado comienzo con la difusión de folletos homófobos a más de 16.000 centros educativos. Posteriormente, pusieron en marcha otro autobús contra la Ley estatal de protección del colectivo. “Van a por tus hijos”, alertaba el mensaje.
El autobús fue inmovilizado un tiempo en Madrid –la Audiencia Provincial levantó después esta medida–, pero recorrió otras ciudades españolas entre la indignación social y de los colectivos LGTBI. Meses después un juzgado de Madrid dictó que los mensajes tránsfobos del autobús no son mensaje de odio y archivó la denuncia de la Fiscalía.
La reacción política contra el vehículo y la campaña de los ultracatólicos no se hizo esperar. Decenas de políticos mostraron su rechazo en público y el tema se coló en el Congreso, donde el PSOE y Unidos Podemos pidieron responsabilidades al entonces Gobierno del PP y le exigieron la retirada de la utilidad pública. Días después el pleno de la cámara aprobó una transaccional suscrita por los socialistas, Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, ERC y Ciudadanos a raíz de un texto original presentado por el partido morado. El PP se abstuvo.
Un nuevo intento fallido
Los grupos firmantes consideraban que las actividades de esa organización resultan “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”. Además, aludían a que HazteOir “no responde a los requisitos fijados en la ley”.
Días antes de la aprobación de la transaccional, el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido había dicho en el Congreso que su departamento iba a revisar si se incumplían “algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión, y en este caso, se procederá a la revocación”. Entonces, en plena tormenta mediática y política por el autobús, se lo exigían incluso compañeros de partido como Andrea Levy o Ángel Garrido, entonces portavoz y ahora presidente de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, unos meses más tarde, en julio del año pasado, Interior negó que existieran elementos para investigar la utilidad pública escudándose en la resolución judicial que levantó la inmovilización del autobús en Madrid y que aludió al derecho a la libertad de expresión.
El pasado mes de febrero, un año después de que el bus tránsfobo circulara por las calles españolas, el tema volvió al Congreso de los Diputados en un nuevo intento capitaneado por Unidos Podemos, esta vez en la Comisión de Interior. El grupo presentó una PNL a la que se adhirieron ERC, PNV, el Grupo Mixto y el PSOE mientras PP y Ciudadanos cambiaron de postura respecto a la anterior: en esta ocasión, los populares pasaron de la abstención al “no” y el partido naranja del “sí” a la abstención.
Así, y tras la negativa del actual Gobierno de Pedro Sánchez, HazteOir, una organización que entre otras cosas se dedica a difundir mensajes homófobos y tránsfobos, mantiene actualmente el acceso a una batería de ventajas como el impago del IBI por los inmuebles a su nombre, la exención de tributar por aquellas actividades que realice con carácter de servicio social y el pago de menos impuestos por los beneficios económicos que obtiene.