Las cosas han cambiado, y mucho, en las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses. La salida del cardenal Rouco tanto de la presidencia de la Conferencia Episcopal como del Arzobispado de Madrid supone, en palabras de personas cercanas al presidente Mariano Rajoy, “un respiro” que permitirá “una relación más cercana y sin la espada de Damocles de la pancarta”. Así se ha comprobado con la reciente retirada de la 'ley Gallardón', cuyo parón conocían algunos obispos días antes por boca del mismo Gobierno.
A los obispos no les pilló de sorpresa el anuncio. De hecho, el jueves pasado, el Comité Ejecutivo aprobaba una nota –inusitada, pues la norma es no opinar de legislaciones hasta que éstas no ven la luz o, en este caso, son retiradas– en la que afirmaban “el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural”. Los obispos apuntaban que la Iglesia “quiere hacer oír su voz una vez más, como siempre ha hecho en cualquier coyuntura social y política, para recordar el valor sagrado de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural”.
Esa misma tarde, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se presentaba por sorpresa a la inauguración de unas jornadas, organizadas por el Arzobispado de Madrid, en las que se reunió con el cardenal Rouco Varela, el portavoz episcopal, José María Gil Tamayo, y el Nuncio de Su Santidad, monseñor Renzo Fratini. A la misma hora, en la Ciudad Financiera del Santander, el presidente Rajoy se veía brevemente con el nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, tras una misa por Emilio Botín.
En ambos encuentros el Ejecutivo informó a la Iglesia de la decisión que iba a tomarse, y de su intención de que la retirada de la ley no afectara a las relaciones Iglesia-Estado, en un momento de cambio, con la inminente salida de Rouco (Osoro toma posesión el 25 de octubre). Días antes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, viajaba al Vaticano para explicar la medida al secretario de Estado, Pietro Parolin.
Alejarse de los 'provida'
De acuerdo con fuentes cercanas a la dirección de la Conferencia Episcopal, el órgano de gobierno de la Iglesia española va a mantener una política de prudencia ante el anuncio. Oficialmente, el Episcopado no saldrá a criticar abiertamente la retirada de la reforma de la ley del aborto, ni avalará las medidas de presión anunciadas por los autodenominados grupos provida: los obispos no pedirán que no se vote al PP. La nueva cúpula episcopal, comandada por Ricardo Blázquez y Carlos Osoro, espera llegar a acuerdos con el Gobierno de Rajoy, aunque siempre que sean preguntados los obispos españoles defenderán la vida desde su concepción a la muerte.
Ayer tarde, el nuevo arzobispo de Madrid, preguntado sobre el aborto, dejaba a un lado los anatemas y abogaba por el acompañamiento a las mujeres que se encuentran en esta situación. “Hemos de hacer más para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias”, señalaba el sucesor de Rouco Varela.
La estrategia es parecida a la que, desde Roma, plantea el Papa Francisco: no romper los puentes de diálogo, pero no dejar de decir lo que se piensa. Así lo demostraba el portavoz episcopal, José María Gil Tamayo, al valorar, en su cuenta de Twitter, la retirada de la ley del aborto: “El 'consenso' electoralista de partido no legitima la muerte de seres humanos inocentes. Hay principios no negociables”.
No obstante, una cosa es la actitud de la casa de la Iglesia, y otra muy distinta lo que decida opinar cada obispo en su diócesis. No hay que olvidar que muchos de estos prelados vienen de los tiempos de la línea dura diseñada por Rouco Varela, y que no es tan fácil cambiar de nuevo de carril en mitad de la carrera.
El Twitter rebelde de los obispos
Algunos ya lo han hecho, de modo más o menos beligerante. Los más ácidos hasta el momento han sido el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, quien en una pastoral exige “tomar partido por la cultura de la vida o de la muerte”, y critica “el sofisma de que los partidarios del aborto son progresistas y de izquierdas y quienes se oponen al aborto de derechas y católicos”; y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, quien desde su cuenta de Twitter atacó directamente al presidente del Gobierno: “#Leydelaborto Que el desamparo de ‪@marianorajoy a miles de vidas humanas inocentes despierte las conciencias dormidas”, dijo el prelado.
Para el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, es preciso apoyar a los movimientos pro vida que “se expresan en tantos lugares de España para pedir al Gobierno la coherencia con su promesa y programa mirando más la dignidad de la persona humana en su derecho a la vida que la conveniencia falta de unas encuestas”. Algo que, parece, no va a ocurrir. Por su parte, el obispo de Guadix se preguntaba “¿Derecho de quien? En primer lugar, siempre, del más débil. La vida debe estar por encima de ideologías e intereses. Esto es progreso”.
Finalmente, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, opina que “la vida no se negocia como no se negocia la verdad. La vida es lo más sagrado. Mal negocio es faltar a la verdad y despreciar lo más sagrado”.