Estaban listos. A un lado y al otro del Atlántico. En el consulado argentino en Madrid, tres de los más de 150 impulsores de la querella contra crímenes del franquismo que esperaban para dar su testimonio. Al otro, en Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría, que lleva la causa en virtud del principio de justicia universal al tratarse de delitos de lesa humanidad. Pero el Gobierno español los dejó a todos, aquí y allá, mirando una pantalla de videoconferencias en negro.
Las presiones ejercidas ante la embajada argentina llevaron a la suspensión in extremis de estas declaraciones y ahora complican la continuidad del proceso. Un proceso que en España llevó a Baltasar Garzón a ser acusado de prevaricación por considerar a la Audiencia Nacional competente para investigar estos delitos cometidos durante la Guerra Civil y las posteriores casi cuatro décadas de dictadura.
El Ministerio de Exteriores no parece dispuesto a facilitar el camino de la querella presentada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, que podría significar la imputación de al menos nueve españoles: tres exministros, dos jueces de tribunales especiales y cuatro miembros de la policía política de la dictadura. Entre ellos están Rodolfo Martín Villa, acusado del asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, y el suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina, por firmar la condena a muerte de Salvador Puig Antich, ejecutado con garrote vil en 1974. A pesar de las complicaciones, la juez calcula que las imputaciones podrían concretarse en un año y medio.
“Malestar del Gobierno español”
El 8 de mayo, día previsto para que comenzaran las declaraciones por videoconferencia, el Ministerio transmitió al embajador Carlos Bettini el “descontento y malestar” del Gobierno español por el procedimiento –aún cuando la comunicación se estableciera en territorio argentino– y pidió que las diligencias se realizaran solicitando una comisión rogatoria, “tal como prevé el Tratado bilateral de asistencia judicial”.
Esto retrasa y complica mucho la evolución de la causa, porque habría que contar en todo momento con la colaboración del Gobierno español, algo que descartan tanto los querellantes como sus abogados. En cualquier caso, “aunque se lograra la imputación, es difícil que España accediera a entregar a los acusados, a los que no se puede juzgar o condenar en ausencia”, explica la abogada Ana Messuti.
Sin embargo, los familiares se conformarían con un pedido internacional de captura que impidiera a los acusados salir del país, y están dispuestos a elevar la causa a los tribunales internacionales. “Llevamos desde que mataron a mi hermano intentando hacer justicia sin conseguir nada, como si fuéramos víctimas de segunda”, asegura Merçona Puig Antich, uno de los 12 testigos en que iban a declarar ante la juez en las fallidas videoconferencias.
Los abogados les habían elegido por ser representativos del enorme abanico de delitos que se denuncian: detenciones ilegales, torturas, ejecuciones en juicios sumarísimos, sometimiento a trabajos forzados, robo de bebés… En algunos casos se trata simplemente de pedidos de restauración de la memoria, como la anulación de condenas o la recuperación de cuerpos enterrados en fosas repartidas por toda España. O, como el padre de Fausto Canales, otro de los querellantes, que está en el Valle de los Caídos, el fastuoso mausoleo del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera.
Descartada de momento la posibilidad de prestar declaración en España, La Comuna y la Red Aqua, que promueven y apoyan la querella colectiva, intentan recaudar dinero contrarreloj para que al menos ocho de los testigos puedan viajar a Buenos Aires en junio. Representantes de varios grupos políticos en el Congreso se han mostrado dispuestos a pedir explicaciones al ministro José Manuel García Margallo e incluso a acompañar a los querellantes a Argentina.
“Es la primera luz de esperanza que vemos desde que el Tribunal Supremo dio carpetazo a nuestro pedido de justicia amparándose en la Ley de Amnistía de 1977”, explica Pablo Mayoral, condenado a muerte con otros tres compañeros, uno de los cuales, José Humberto Baena, fue fusilado en 1975. Curiosamente, la Ley de Amnistía que paralizó los procesos y anuló las condenas de miles de españoles por delitos políticos fue el principal argumento del Supremo para entender que Baltasar Garzón no podía investigar los crímenes franquistas.
La causa se abrió en Argentina en 2010, tras los juicios por prevaricación que sacaron a Garzón de la carrera judicial. De hecho, parte de la querella no hace sino reproducir los autos del exjuez de la Audiencia Nacional, que también en base a la justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad pidió orden de captura a Interpol contra el dictador chileno Augusto Pinochet y llevó al banquillo al represor militar Adolfo Scilingo, lo que reactivó el enjuiciamiento de la cúpula militar de la dictadura en Argentina.
“Si España no colabora con esta causa, sean cuales fueren los argumentos jurídicos o las trabas burocráticas que quiera poner, teñirá su imagen internacional con una mancha imborrable”, opina la abogada Ana Messuti. Y sentencia: “Todo se complica cuando los países renuncian a parte de su soberanía, la de juzgar sus propios delitos”.