El Gobierno mantiene el plan para ampliar la protección legal del lobo e impedir la caza generalizada en España a pesar de la ofensiva en contra armada por Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido este lunes con los representantes de las cuatro comunidades y les ha reiterado que igualar el estatus legal de la especie es el camino para superar los problemas de conservación y gestión.
Estas comunidades autónomas se han aliado para intentar revertir el plan, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional de Biodiversidad y el aval del Comité Científico. Su argumento: no poder abatir lobos en las zonas al norte del Duero implica la ruina del sector ganadero. Los consejeros han escuchado este lunes a Ribera decir que pueden coordinarse entre todas las administraciones para buscar medidas que reduzcan los daños ganaderos, “pero también la mortandad de la especie”.
La cuestión es que esos Gobiernos son los encargados de compensar los daños y financiar las medidas de prevención ante posibles ataques en virtud de sus competencias. Los ganaderos, por su parte, presionan, ven intolerable no realizar batidas en busca de lobos en las comarcas al norte del río Duero y reiteran “pérdidas millonarias” para sus explotaciones.
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha asegurado estos días que, cada año, las manadas matan “más de 15.000 cabezas de ganado en España”. Y acusan a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de querer “expulsar a la ganadería extensiva de su hábitat natural” por motivos “ideológicos”.
Los gobiernos autonómicos acusan la presión de ese discurso y han forzado una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica a la que han llegado tras desplegar sus posiciones en diversas comparecencias. El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), achacó públicamente a Ribera el inicio de una “guerra civil”. Su homólogo en Castilla y León, Juan Carlos Suárez–Quiñones, también recurrió a metáforas bélicas al anunciar “batalla” contra la catalogación del lobo. “Nos va a traer graves consecuencias”, ha añadido el consejero de Medio Rural gallego, Alejandro Calvo.
Tras estos preliminares ha llegado la reunión con Transición Ecológica. Ribera ha comunicado que siguen adelante y con la idea de colaborar con las comunidades para actualizar el censo de la especie y la estrategia nacional de gestión, que lleva cinco años caducada según recogía el propio documento cuya fecha límite de actuación era 2015. Al salir de la reunión, Suárez-Quiñones ha repetido que no puede catalogarse el lobo “por razones políticas, técnicas y jurídicas” y ha vuelto a agitar la vía de “acudir a los tribunales”.
Cada sitio, una realidad
Sin embargo, en contraste con las declaraciones públicas, los propios datos manejados desde los ejecutivos implicados rebajan los cálculos sobre daños a la cabaña que usan los ganaderos. Las cuatro comunidades autónomas dicen que, en 2020, las reses muertas fueron 10.000, un tercio menos de lo apuntado por COAG. 5.000 cabezas son un buen puñado de euros en indemnizaciones.
En Galicia, las cabezas de ganado muertas por ataques atribuidos a los lobos el año pasado fueron 2.310, es decir, menos que en 2019 (2.323), según ha informado la Xunta. Sí fue un número superior a 2018, que contó 2.200 bajas, pero también menor que en 2017 –con 2.379–. En todos estos cursos no influyó la caza de lobos puesto que no hubo ninguna. Allí llevan siete años sin abatir un lobo a pesar de que, cada temporada, lo intentan. Se han montado 28 partidas de caza, pero no se ha podido matar ningún ejemplar, según los datos de la Xunta.
El Gobierno de Nuñez Feijóo asegura ahora que, durante 2020, los lobos mataron 667 vacas (sin distinguir tipos) de una cabaña de más de 900.000. Además, perecieron 1.045 ovejas de una cabaña de 190.000 cabezas y 308 cabras de 46.000.
La Xunta afirma que en 2020 abonó 646.000 euros para compensar daños. Es más de lo que presupuesta para la prevención de ataques cuyas ayudas para este ejercicio suman 480.000 euros (y es un 37% más de lo que se destinaba hasta 2020).
En Cantabria, el Gobierno regional decidió asumir en 2019 el abono de las compensaciones por daños de fauna silvestre en toda la región. Hasta entonces solo lo hacía de las producidas en terrenos cinegéticos de su propiedad. Desde entonces, cualquier ataque acreditado se traduce en gasto para las arcas del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla.
Este febrero, acaba de informar, a rebufo de la polémica con la decisión de ampliar la protección del lobo, que el año pasado las manadas cazaron 1.518 cabezas de ganado. Tampoco concreta el tipo de animal. En esa comunidad autónoma hay más de 277.000 ejemplares de bovino (vacas, toros, terneros…), 41.000 ovejas y 21.000 cabras. El año pasado el Ejecutivo pagó, asegura, 418.000 euros. Casi 200.000 menos que en 2019. En esta comunidad se cazan alrededor de una decena de lobos cada temporada.
En Castilla y León, la Junta asegura que en 2020 se mataron 3.685 animales y calcula 1,2 millones de indemnización. Ávila acaparó, según subraya el Ejecutivo castellano y leonés, casi la mitad: 1.594 animales en la provincia peor parada. Tampoco ha ofrecido, de momento, la distribución por especies o tipo de explotación. Solo en esa provincia, siguiendo la misma línea agregada aplicada por la Junta, hay 242.000 cabezas de ganado bovino, 160.000 ovejas y 69.000 cabras: un total de más de 471.000 animales.
El Gobierno regional sostiene que esta estadística demuestra lo lesivo que supone no poder cazar lobos al sur del Duero como dicta hasta ahora la normativa. En el norte cazaron 327 ejemplares en cuatro temporadas (de 2015 a 2018), algo más del 50% del cupo aprobado, según recoge las memorias técnicas del Plan de Gestión del Lobo. Por otro lado, la Justicia ha terminado por anular el modelo de gestión diseñado por esta comunidad y obligado a la Junta a pagar por 91 lobos cazados irregularmente entre 2016 y 2019.
Asturias no tiene actualizados los datos, aunque han añadido su cálculo de 2019 –2.977 reses– al recuento para completar el alegato de estas cuatro comunidades autónomas contra los planes de Transición Ecológica y la decisión de la Comisión Nacional de Biodiversidad. En 2019, la cabaña bovina asturianas era de 396.000 cabezas, 39.000 cabras y 59.000 ovejas.
Modificación legal de 2015
Con lobos abatidos, sin lobos abatidos, con cupos para los cazadores, con batidas a cargo de guardias... los modelos para matar ejemplares de lobos varían según la comunidad autónoma y esto también ha sido expuesto por Teresa Ribera en su reunión con los consejeros autonómicos. “La disparidad de modelos de gestión” que el proyecto para declarar la especie como de interés intentará limar. Esto, a juicio de los Gobiernos regionales, invade sus competencias.
En todo este asunto de la gestión del lobo y sus implicaciones con la ganadería el foco tiende a fijarse en la posibilidad de cazar lobos para que no depreden sobre la cabaña. Sin embargo, pasa desapercibido que en 2015, estando el Partido Popular en el Gobierno y con mayoría absoluta en el Congreso, se llevó a cabo una modificación de la ley de Biodiversidad por la que las administraciones no son responsables de los daños ocasionados por la fauna silvestre. La propia Junta de Castilla y León lo recuerda en sus memorias del Plan de Gestión del Lobo, aunque las comunidades autónomas pueden establecer “pagos compensatorios”. En 2019, la Unión Europea cambió su normativa para que los estados puedan, si lo establecen, compensar el 100% de los daños y de las medidas de prevención que conlleve la existencia del lobo. Estas partidas pueden sufragarse, además, a cuenta de los fondos europeos, si las solicitan las administraciones implicadas, en este caso, las comunidades autónomas.