La familia de Salvador Puig Antich recibe el acta que confirma la nulidad de su condena: “Luchamos por esto 50 años”

El Gobierno ha entregado esta mañana una declaración de reconocimiento y reparación a la familia del anarquista catalán Salvador Puig Antich, ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974 tras ser condenado a muerte en un juicio plagado de irregularidades. Las cuatro hermanas del joven, que apenas tenía 25 años, han recibido emocionadas de la mano del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, un documento en el que se reconoce a Puig Antich como víctima del franquismo y se deja por escrito que el tribunal que le condenó es ilegítimo y su condena fue nula.

“Hace 50 años que luchamos por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Para nosotras es muy importante”, ha dicho Immaculada Puig Antich, que ha añadido: “Estamos muy emocionadas, no tenemos palabras”. Merçona, Carme y Montse Puig Antich, junto a otros familiares del joven, aplaudían conmovidas.

La declaración de reconocimiento y reparación es una figura contenida en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 a la que tienen derecho las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En ella se admite que lo fueron y, de alguna manera, se oficializa que las condenas que pesaron sobre ellas no tienen validez debido a que la propia la ley anula todas ellas “por vicios de forma y fondo”.

Así, durante el acto se ha leído en alto la declaración recibida por la familia de Puig Antich, uno de los dos últimos asesinados por garrote vil del franquismo. El texto reconoce que se le otorga dicho reconocimiento “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura y en reconocimiento a su condición de víctima por haber sido condenado a la pena de muerte en la causa 106/73 seguida en el Consejo de Guerra celebrado el 8 de enero de 1974 en Barcelona y ejecutado por el régimen franquista el 2 de marzo de 1974”. Además, añade que la Ley de Memoria Democrática declara “la ilegitimidad de los tribunales” y la “nulidad de sus sentencias” por ser “contrarias a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias de un juicio justo”.

Puig Antich, asesinado en la Modelo de Barcelona, fue miembro destacado del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anarquista que cometía atracos a bancos para financiar sus acciones. El militante fue detenido el 25 de septiembre de 1973 después de haber participado en un atraco en una entidad de Bellver de Cerdanya, en Girona. En la detención un policía resultó muerto por diversos tiros de pistola, de los que se acusó a Puig Antich en un juicio que, según los abogados y familiares del ejecutado, estuvo cargado de irregularidades que cuestionan, todavía a día de hoy, las conclusiones a las que llegó el tribunal militar que decretó su pena de muerte.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha agradecido a la familia su presencia en un acto que ha definido “de reparación, justicia, no repetición y verdad” y ha insistido en que “la democracia no es completa si esto no se repara y no se le da la debida repercusión pública”: “El Consejo de Guerra dictó una sentencia injusta que, por tanto, se anula. Estos procesos estaban fuera del marco jurídico y de la mínima defensa del encausado”, ha añadido Torres.

“Salvador fue una víctima y sus familiares también, que lo perdieron muy joven. Sé que es un día agridulce porque llevan esperando 50 años por esto, demasiado tiempo, pero es un gesto que sé que van a apreciar porque supone colocar las cosas en su sitio. Desde el lugar en el que esté, él sabrá también que hoy, en cierta manera, se hace justicia”, ha cerrado entre aplausos.