El Gobierno pedirá a la Justicia que impida esquiar en Navacerrada después de que la Junta de Castilla y León haya amparado este lunes que la empresa privada que gestiona la estación continúe ocupando los terrenos públicos propiedad del Organismo Parques Nacionales en los que plantaron las pistas, a pesar de que la concesión de 25 años caducó en abril de este año.
La dueña del suelo, Parques Nacionales, decidió este año no ampliar el permiso que se otorgó en 1996, pero el Gobierno de Castilla y León –dirigido por el PP– ha dicho que es la autoridad competente para cerrar o no la estación. Su presidente, Alfonso Martínez Mañueco, afirma ahora que la estación abrirá el 1 de diciembre. El Ministerio de Transición Ecológica tendrá que presentar un recurso en un juzgado de Valladolid y pedirá como medida cautelar que se paralice el uso de la estación.
Mañueco se ha hecho escoltar por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que esa administración no tiene nada que decir sobre los terrenos o las instalaciones: las bajadas afectadas son el Telégrafo, el Escaparate y el Bosque que caen dentro de Castilla y León. Pero la decisión del presidente castellanoleonés confronta directamente con el Organismo Parques Nacionales que depende del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, del Gobierno de España. Un día después, el presidente del PP, Pablo Casado, ha seguido la línea al decir que “Navacerrada tiene que seguir abierto”. Y luego ha reflexionado: “Los deportes de invierno son fundamentales. En un momento en el que el turismo ha sufrido tanto, empezar a poner palos en las ruedas a las actividades en el entorno rural es algo muy grave”.
En el otro sentido, las organizaciones ​Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han lamentado han lamentado que, la maniobra de Castilla y León haya obligado a acudir a los tribunales al convertir un “procedimiento administrativo en un enfrentamiento político”. Estas entidades entienden que “se deben desmantelar las instalaciones, restaurar el espacio e incorporar al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”.
La estación de esquí de Navacerrada ha estado funcionando desde 1996 gracias a que Parques Nacionales concedió a una empresa pública llamada Deporte y Montaña S.A. “la ocupación de 7,6 hectáreas por un periodo de 25 años con destino a la instalación de infraestructura para la práctica de esquí alpino en el monte Pinar de Valsaín”. Es el número 2 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
La concesión caducó el 2 de abril de 2021. Y Parques Nacionales decidió que no consideraba ya adecuado que hubiera una estación de esquí en esos terrenos de alto valor ecológico, situados en la linde del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Concluyeron que contribuía a la degradación del espacio por la afluencia en vehículos privados y que la falta habitual de nieve obligaba al uso intensivo de los cañones para crearla y mantener ese negocio.
Así se lo comunicó a la Junta de Castilla y León, “para que tramitara el expediente administrativo de caducidad” y a la propia empresa. Para entonces, la sociedad ya no era pública. En 2007, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió privatizar la empresa. Tras una subasta desierta, en una segunda intentona, Inversiones Río SL se quedó el negocio por 328.000 euros. Heredó el alquiler de unos 1.500 euros anuales por las siete hectáreas. Inversiones Río –ahora Río Invest– estaba relacionada con el Grupo Sacyr mediante la sociedad Cavosa Obras y Proyectos. Río Invest es el administrador único de la sociedad Puerto de Navacerrada Estación de Esquí.
Parques Nacionales –la propietaria de los terrenos– optó de esta manera por “no convocar una concurrencia competitiva para otorgar una nueva concesión de uso privativo en esta zona”. Es decir, no adjudicar el terreno a una empresa en exclusiva. El acta que otorgó ese uso del suelo a la estación de esquí en 1996 incluía una cláusula que decía que, una vez se terminará la concesión, la empresa tenía que salir de allí, “sin que por todo ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase”. Lo que hace la Junta, al fin y al cabo, es no declarar la caducidad. Y oponerse a la decisión de la dueña del suelo.
“Nosotros consideramos que no hay ni razones políticas ni jurídicas para declarar el cierre”, ha declarado Alfonso Fernández Mañueco. Su Ejecutivo ya estaba intentando declarar la estación Bien de Interés Cultural para tratar de frenar el cierre.